Miles de personas marchan en Phoenix contra el terror anti-inmigrante

Coreando “No more Joe!” “¡Sí, se puede!” y cargando letreros con el mensaje “Nosotros somos seres humanos,” miles de manifestantes marcharon por cuatro millas, bajo un calor de 90 grados el pasado 28 de febrero en Phoenix, Arizona, para protestar por los crueles asaltos llevados a cabo por el alguacil Joe Arpaio contra los inmigrantes. El músico Zack de la Rocha fue parte de esa marcha. Hablando en la manifestación antes de la marcha describió la imagen del “estado de terror” que Arpaio supervisa contra los inmigrantes latinos en Arizona, como “las redadas en las casas y lugares de trabajos de janitor y jardineros” y “en paradas del transporte, detiene y deporta a madres, separándolas violentamente de sus niños que quedan abandonados”.

Unas semanas antes de la protesta, el 4 de febrero, Arpaio forzó a más de 200 prisioneros inmigrantes, vestidos con uniformes de rayas, esposados y encadenados de los pies, a marchar de la cárcel de Durango a su “campamento”, un campo de concentración improvisado a la intemperie bajo el ardiente sol de Arizona. Un comunicado de prensa de la oficina del alguacil dio detalles de la marcha forzada para asegurarse de contar con la cobertura de la prensa. Los prisioneros fueron descritos como criminales endurecidos “adeptos” al escape, aun cuando ninguno de ellos había sido condenado de ningún algún. Eran detenidos aguardando el proceso judicial, acusados de crímenes pero no condenados. Hablando de la cerca eléctrica que rodea la “Ciudad de Tiendas de Campana”, Arpaio declaró que “esta es una cerca que no escalaran por el riesgo de un fuerte choque eléctrico… literalmente”.

Esta marcha altamente publicitada de una cuadrilla encadenada apuntó a movilizar y azuzar sentimientos racistas, entre las fuerzas vigilantes fascistas como los Minutemen y más ampliamente en la sociedad también como crear un ambiente de terror generalizado entre los inmigrantes que tienen que temer cada vez que salen a la calle por la posibilidad de ser capturados en las paradas de transporte o en cualquier situación que se encuentran con la fuerza pública, enfrentan el riesgo de ser capturados, detenidos y deportados. Esta opresión estilo apartheid refuerza un clima de intimidación entre los que protestan por sus condiciones y presiona a la gente para que salga de Estados Unidos. Desde su elección en ese puesto en 1992, Arpaio se ha convertido en figura de unificación del odio anti-inmigrante. Ha institucionalizado la selección por perfil racial en una escala masiva, llevando a cabo patrullajes de “saturación” y redadas de “supresión del crimen” en los barrios latinos y usando infracciones menores (o inventadas) para detener a los conductores latinos. Cualquiera que supuestamente parezca “ilegal” está sujeto a detención, golpeado con insultos racistas y ordenado a mostrar una prueba de ciudadanía.

Arpaio ha llevado a cabo su ofensiva anti-inmigrante bajo un programa federal que le da poder y recursos a la policía local a actuar como agentes de inmigración. Este programa está autorizado bajo la sección 287(g) de la ley de inmigración firmada por el gobierno demócrata de Clinton en 1996. Una de las demandas de la protesta del 28 de febrero en Phoenix fue terminar con este programa 287(g) (para más información sobre Arpaio y la ley 287 (g), ver “La creciente pesadilla para los inmigrantes en Arizona,” Revolución #123, 16 marzo 2008, en revcom.us)

En 2007, ICE se “asoció” con el condado de Maricopa para hacer que de 100 de los detectives de Arpaio y oficiales de patrullas, y 60 oficiales de detención, agentes federales juramentados con amplios poderes para arrestar a inmigrantes bajo la ley federal. (“Sweeps and saturation patrols violate federal civil rights regulations”, East Valley Tribune, 11 julio 2008). Desde entonces, los oficiales de Arpaio han arrestado a más de 1.400 personas por “violaciones de inmigración” (“Immigrant Busts Faulted”, Wall Street Journal, 4 marzo 2009).

Recientemente, varios congresistas demócratas enviaron una carta al procuradora de la Nación, Eric Holder, y a la secretaria de Seguridad Interna Janet Napolitano pidiendo que hicieran una investigación de Arpaio. La carta decía, en parte: “Miembros de la comunidad latina, sean o no ciudadanos o nacidos afuera, sean inmigrantes legales o indocumentados, siéntanse bajo sitio”. Los términos de este llamado para una investigación, sin embargo, son que las autoridades hagan cumplir “justamente” las duras leyes anti inmigrantes.

Barack Obama nominó a Janet Napolitano como cabeza de Seguridad Interna. Ella era gobernadora de Arizona hasta finales del año pasado. Como gobernadora, presionó para traer el programa 287 (g) al estado de Arizona. Y firmó como ley el Acta de Empleo Justo y Legal, que requería a los empleadores chequear el estatus inmigratorio de cualquiera que se presente a un trabajo con la base de datos federal E-Verify. Esta ley afecta a unos 500.000 inmigrantes indocumentados o más que forman entre el 9 y 12 por ciento de la fuerza laboral de Arizona, haciendo aún más tenue su capacidad de sobrevivir y los términos bajo los cuales son superexplotados y oprimidos sean aún más extremos.

Además, Napolitano y los demócratas han pedido más “tropas en el terreno” para que se refuerce la seguridad militarizada en la frontera entre los Estados Unidos y México y ha declarado que los inmigrantes deben quedarse “bien con la ley”. Un manifestante en la protesta del 28 de febrero, un soldador de 45 años, le dijo a un grupo de activistas religiosos: “Yo voté por Obama por un cambio, pero con respecto a la política de inmigración no veo cambio para nada”.

En esta situación, la marcha del 28 de febrero en Phoenix cayó en el momento adecuado, y hay una urgente necesidad para que la gente salga a hacer una aún más grande resistencia contra la guerra injusta e inhumana del sistema contra los inmigrantes.

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