Revolución #181, 1 de noviembre de 2009
ICE hace auditoría de American Apparel
Empezó hace casi dos años cuando American Apparel —uno de los fabricantes de prendas de vestir más grandes en Estados Unidos— fue notificado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés — la Migra) que se iba a realizar un “informe de auditoría I-9”, una inspección gubernamental de los documentos que todos los trabajadores tienen que proporcionar a sus empleadores para verificar que están autorizados para trabajar en Estados Unidos. American Apparel entregó los documentos a los agentes de ICE quienes los peinaron en busca de documentos falsos o números de seguro social o de identificación de extranjero que no correspondan a los nombres que tiene la Administración de Seguro Social o el Departamento de Seguridad Nacional.
Un año y medio después, ICE le envió a American Apparel un aviso formal de que 1.600 de sus empleados no tenían los documentos necesarios para trabajar en el país y que ICE no podía verificar a 200 más. Se otorgó un plazo de gracia mientras que los abogados de la compañía negociaban con funcionarios de ICE y la corporación les diera a los trabajadores una oportunidad de entregar documentos aceptables. Pero a finales del mes pasado llegaron las malas noticias. American Apparel anunció que iba a despedir a 1.800 trabajadores, la cuarta parte de su fuerza de trabajo.
Impacto de las auditorías
Más de 300 compañías habían recibido notificaciones de auditorías al mismo tiempo que American Apparel, pero casi todas las noticias de los medios centraron en American Apparel. Dov Charney, fundador y ejecutivo en jefe de la compañía, es categórico en su posición en favor de cambiar la política de inmigración, promoviendo la campaña de su compañía “Legalizar a Los Ángeles” y desafiando la moral de quedarse callado mientras se persiga a un grupo de seres humanos. Charney también tiene triste fama por los comerciales de American Apparel que degradan aún más a las mujeres que la mayoría de los comerciales y por el ambiente de acoso sexual contra las empleadas, pero el gobierno no lo presionan por eso. La fábrica se cierra oficialmente cada 1o de mayo y los trabajadores marchan por miles en la protesta anual en el centro de Los Ángeles por los derechos para los inmigrantes. Como dice la página web de American Apparel: “¿Por qué apoyamos la reforma migratoria? Respuesta sencilla: La humanidad”. A muchos les parece probable que American Apparel fuera el blanco de una auditoría precisamente como resultado de la postura de Charney sobre la inmigración y su oposición abierta a la persecución gubernamental de los indocumentados.
Algunos dicen que American Apparel no es uno de esos “negocios sin escrúpulos” que sacan provecho de los inmigrantes y no se debía haberla singularizado, señalando que la compañía paga sueldos más altos de lo que reciben la mayoría de los trabajadores de la costura, da seguro de salud y hasta les ofrece a los trabajadores tiempo libre para clases de inglés en la fábrica. Y es cierto que Charney protestó contra los resultados de la auditoría I-9. Pero están en juego fuerzas más grandes: al igual que todos los negocios capitalistas, las ganancias y no “el tratamiento humanitario de los trabajadores” es lo fundamental para American Apparel. Al final, cuando ICE le planteó a Charney “una oferta que no podía rechazar” —la de despedir a los trabajadores o pagar multas de cientos de miles de dólares y posiblemente perder su negocio—, Charney accedió, y ahora 1.800 trabajadores no tienen trabajo.
Muchos de los trabajadores despedidos habían trabajado allí hasta diez años. El New York Times habló con Jesús, un originario de 30 años de Puebla, México, quien empezó como un operador de una máquina de coser hace diez años y luego llegó a tener un puesto en la oficina, como gerente de coordinación. “Aquí aprendí a pensar”, le dijo al Times. Dijo que varios fabricantes de costura establecidos le ofrecieron empleo pero retiraron las ofertas tras pedirle documentos. “Parece que tendré que ir a uno de esas empresas maquiladoras que me pagarán por debajo de la mesa”.
Multiplique eso por 1.800, luego agréguele el seguro de salud cancelado, escasa comida en la mesa hasta que se pueda encontrar otro trabajo y la amenaza de quedar sin techo. Y para colmo, para asegurar que el mensaje quede muy claro, el director de ICE, John Morton, dijo que el organismo no descarta la posibilidad de buscar y arrestar a los trabajadores en el país sin autorización.
Algunos sostienen que las auditorías I-9 son una forma “humanitaria” de reducir la cantidad de inmigrantes sin papeles en Estados Unidos. Pero los trabajadores despedidos y sus allegados reconocen el verdadero impacto. El monseñor Jarlath Cunnane, de la Iglesia Católica de San Tomás el Apóstol en el barrio angelino Pico-Union, donde viven muchos de los trabajadores de American Apparel, recalcó que el despido en masa en American Apparel “va a poner a todas estas familias bajo una enorme presión, ¿y quién va a rehacer estas vidas?” Agregó que sería “una locura creer que la gente aquí vaya a volver a sus países de origen estando casados y teniendo niños nacidos en Estados Unidos y en la escuela aquí”.
Desde el punto de vista de la administración de Obama, la clave es “eficaz”, no “humanitario”. La administración dice que hace hincapié en las auditorías I-9 porque pueden reducir con más eficacia el número de inmigrantes indocumentados en el país; si parece que eso funciona, podemos esperar muchos despidos más. Al mismo tiempo, la administración contempla reforzar todo su arsenal: donde considera que darán resultados redadas de parte de agentes armados de ICE en lugares de trabajo, esas redadas han continuado y continuarán. ICE sigue desplegando sus “equipos de operaciones contra fugitivos” los cuales persiguen y arrestan a personas que no se han presentado para el proceso de deportación y a la vez fichan a cualquier otra persona en la casa que tenga pinta de indocumentado. La administración de Obama continúa e incluso amplía el programa 287(g) lo cual adiestra y autoriza a los departamentos de policía municipales y a los departamentos de alguaciles para aplicar la ley migratoria, lo que resulta en el perfil racial, retenes a la orilla de las carreteras y rastrillajes en los barrios de inmigrantes. En resumen, el ICE bajo Obama no ha eliminado nada de lo que puso en marcha la administración de Bush; al contrario impulsa programas y políticas diferentes, con unos retoques nuevos.
El objetivo es “cambiar las prácticas de los empleadores norteamericanos como clase”
Durante años, unos sectores importantes de la clase dominante han sostenido que tienen que estar al centro de la lucha contra la “inmigración ilegal” las auditorías I-9 y otras formas para hacer los empleadores verifiquen si sus trabajadores tienen los requisitos para trabajar. Sostienen que presionar a los empleadores para que no empleen a inmigrantes sin papeles disminuirá el “impulso” económico que conduce a los inmigrantes a cruzar la frontera. La economía estadounidense depende muchísimo de la mano de obra barata de una enorme cantidad de trabajadores sin documentos — se calcula que hay 8 millones de ellos en la fuerza de trabajo de Estados Unidos. Al mismo tiempo, la presencia de hasta 12 millones o más de estos inmigrantes indocumentados en el país ejerce presiones que pueden tender a minar la fuerza y estabilidad de la sociedad, y en los corredores del poder existe un consenso general de que se tiene que hacer algo para impedir que esta población crezca aún más.
A pesar de que desde 2001 se ha duplicado el número de agentes de la Patrulla Fronteriza... a pesar de la construcción de 1080 km de muros fronterizos y la instalación de cámaras de video de control remoto, detectores de movimiento, torres de comunicación y otro equipo de vigilancia a lo largo de cientos de km más... a pesar de las redadas en las fábricas, retenes en las carreteras, asaltos de los “equipos de operaciones contra fugitivos” y otras redadas que han conducido a la deportación de cientos de miles de inmigrantes cada año, el gobierno no ha podido disminuir de manera fundamental el número de inmigrantes sin papeles que viven en el país.
El 70% de los inmigrantes indocumentados vienen de México y Centroamérica. No es de extrañar — la penetración de Estados Unidos en las economías de esos países ha expulsado de la tierra a una enorme cantidad de campesinos pobres hacia los cinturones de la miseria donde no hay trabajo. Además, millones de ellos han emprendido el peligroso viaje a El Norte con la esperanza de encontrar algo mejor. Las condiciones económicas en sus tierras natales están tan deprimidas que la posibilidad de trabajar siquiera uno o dos días al mes a $8 por hora en Estados Unidos es mejor que lo que pueden obtener muchos de ellos en esos países. Mientras haya trabajo para ellos en Estados Unidos, los inmigrantes sin documentos continuarán arriesgándose el futuro y a menudo la vida misma para cruzar la frontera.
Miles de niños viajan solos encima de los trenes de carga de Centroamérica y México a Estados Unidos. Mire el conmovedor documental de HBO ¿Cuál es el camino a mi casa? o lea La travesía de Enrique de Sonia Nazario. Los niños buscan a sus madres o padres que viajaron a Estados Unidos años atrás; creen que encontrarán trabajo para apoyar a la familia que dejaron, o simplemente andan soñando con una nueva vida. Cada año la Patrulla Fronteriza encuentra a miles de niños que viajan solos tratando de cruzar la frontera, y muchos perecen en el camino — cayendo de los trenes o muriendo al calor sofocante de los desiertos del suroeste de Estados Unidos.
La administración de Obama está ensayando las auditorías I-9 para averiguar si disminuirán la atracción de los trabajos. Después de tres meses del mandato de Obama, el ICE lanzó un memo interno, “Tema: Estrategia de aplicar la ley en los lugares de trabajo”, que dice:
Los esfuerzos para aplicar la ley centrados en empleadores deben atacar las causas fundamentales de la inmigración ilegal. Una estrategia eficaz tiene que cumplir todo lo siguiente: 1) castigar a los empleadores que emplean a sabiendas a trabajadores ilegales; 2) disuadir a los empleadores que están tentados a emplear a trabajadores ilegales; y 3) incentivar a todos los empleadores para que se valgan de las herramientas bien armadas para aplicar la ley” (“Immigration Agents to Turn Focus to Employers”, de Ginger Thompson, New York Times, 30 de abril de 2009).
En junio de 2009, el mismo mes en que insistió en que American Apparel despidiera a 1.800 trabajadores, el ICE anunció 652 nuevas auditorías I-9 y prometió más este año. John Morton, jefe del ICE, dijo: “Hoy toda clase de compañías se encuentran ante la posibilidad muy real de que el gobierno, con nuestros poderes civiles básicos, vaya a tocar la puerta”. El objetivo, dijo, es crear “una fuerza disuasoria verdaderamente nacional” contra la contratación de la mano de obra no autorizada lo que “cambiará las prácticas de los empleadores norteamericanos como clase”.
En resumen, la rigurosa aplicación de las leyes de inmigración del ICE en el lugar de trabajo no solamente obligará a los empleadores a cambiar a quiénes contraten sino que los propios empleadores se verán obligados a desempeñar el papel de policía de inmigración.
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