Revolución #215, 31 de octubre de 2010
En la era de Obama, la criminalización de la oposición política a la agresión estadounidense:
Las redadas del FBI contra los activistas anti-guerra
A fines de septiembre, agentes del FBI llevaron a cabo redadas coordinadas en la madrugada contra la oficina del Comité Anti-Guerra en Minneapolis y siete casas en esa misma ciudad y Chicago. En algunas casas, desenfundaron sus revólveres. El blanco de las redadas: los participantes en el movimiento contra la guerra; los movimientos de solidaridad con Palestina y Colombia; y la Organización Socialista del Camino para la Libertad (OSCL). Allanaron la casa del director ejecutivo de un organismo de servicios sociales chicagoense, la Red de Acción Árabe-Americana. Los órdenes de allanamiento para las redadas afirmaban que la Fuerza Conjunta Contra el terrorismo (que abarca el FBI) buscaba evidencias en una investigación en marcha respecto al "apoyo material al terrorismo".
Como parte de la investigación, citaron a 14 activistas para comparecer ante un gran jurado federal en Chicago. Cada uno firmó una carta de sus abogados en que dicen que NO rendirían testimonio. El subprocurador federal responsable respondió diciéndoles a esos abogados que iba a retirar los citatorios pero no iba a comentar más. El gobierno no ha dado marcha atrás. Las autoridades tienen varias opciones para sus siguientes maniobras: más redadas; levantar cargos y hacer arrestos; emitir otra ronda de citatorios para rendir testimonio ante el gran jurado, pero con la oferta de una inmunidad limitada a algunas personas que trae aparejada del amenaza del encarcelamiento si siguen negándose a rendir testimonio. (Ver el recuadro "El gran jurado: La gran inquisición".)
Mientras tanto, aún más oponentes de la guerra siguen informando de hostigamiento del FBI en sus casas y lugares de trabajo.
Ni una sola persona fue arrestada, pero saquearon durante horas sus casas. El FBI confiscó computadores, teléfonos móviles, pasaportes, libretas de direcciones, cuentas de correo electrónico, correspondencia y documentos personales, fotografías, registros financieros e incluso pertenencias de sus hijos. A cualquiera que obligan a comparecer ante el gran jurado corre la posibilidad muy real del encarcelamiento por la duración del gran jurado (posiblemente meses o hasta años) sin siquiera una condena por un delito específico, lisa y llanamente por ejercer su derecho de no participar en la cacería política.
Por todo el país la gente de inmediato se movilizó en defensa de las personas bajo ataque.
Una década de represión da un salto serio
En la década desde los ataques del 11 de septiembre contra las torres gemelas y el Pentágono, el gobierno ha expandido dramáticamente el aparato represivo. La vigilancia penetra a hurtadillas en todo aspecto de la vida del pueblo. Durante la última década, el FBI ha interrogado a miles de hombres de origen árabe, vigilado mezquitas y cerrado instituciones caritativas. Policías requete-armados reprimieron a protestas contra la guerra de Irak y otras políticas del gobierno arrestando a cientos de manifestantes pacíficos de un solo golpe, incluyendo fuera de las convenciones nacionales de los republicanos y de los demócratas. En un momento, contra ocho organizadores de las protestas de 2008 contra la Convención Nacional Republicana levantaron cargos de múltiples delitos graves por organizar protestas "en apoyo al terrorismo". En una acción anti-globalización durante una cumbre de dirigentes del mundo en Pittsburgh en septiembre de 2009, levantaron contra un conocido activista cargos relacionados con el terrorismo por "twiterar" mensajes sobre las actividades de la policía. Mientras tanto, las autoridades fomentan tal mentalidad de tira mediante campañas publicitarias como "si ves algo, di algo", a la vez que arrestan, meten al bote y persiguen a aquellos que reportan o solamente videograban delitos cometidos por la policía u otros organismos del gobierno.
Pero la última ronda de redadas y citatorios del gran jurado representa un gran salto nuevo de la represión. Los ataques en Minneapolis y Chicago (no quedan sin respuesta) significan que se permite llevar a cabo contra aquellos que disienten del gobierno redadas, allanamientos y amenazas de encarcelamiento sin debido proceso legal sin ninguna razón salvo su asociación con alguien que el gobierno estadounidense ha puesto en la "lista negra internacional", y hasta en los casos en que esa asociación sea puramente política o educacional.
Los abogados de derechos civiles vienen advirtiendo desde la aprobación de la ley Patriota de 2001 que aquellos que critican al gobierno o mantienen lazos con movimiento internacionales de paz podrían ser objeto de investigaciones por terrorismo interno porque la definición de terrorismo es tan vaga y amplia que cubra desde la desobediencia civil no violenta tradicional en el país hasta proyectos humanitarios en otros países (Vea el recuadro "El fallo supremamente malo de la Suprema Corte".)
Bruce Nestor del Gremio Nacional de Abogados-Minneapolis, uno de los defensores de los activistas citados, dijo: "Esta fue la primera vez que las autoridades han tenido por objeto en sentido amplio a lo que se podría llamar ‘los activistas anti-guerra tradicionales’… No quiero restar peso a la represión contra los grupos musulmanes y árabe-americanos en Estados Unidos, pero esto representa un ataque directo contra activistas anti-guerra". Margaret Ratner Kunstler, en el programa radial Ley y desorden, trazó las consecuencias amplias: "…De hecho, representa un enorme cambio que tenemos en este país por lo que se refiere a la capacidad de la gente de oponerse activamente a esta política del gobierno".
Una violación de derechos fundamentales
Este ataque es una escandalosa violación de los derechos fundamentales que supuestamente garantiza la Constitución estadounidense. Analice la lista. ¿Libertad contra allanamientos y confiscaciones irrazonables (es decir, sin causa probable de que un delito haya sido cometido)? Al traste. No comprobaron tal causa probable antes de allanar las casas y llevarse cartón tras cartón de pertenencias. Un observador legal dijo que la orden eran una carta blanca tan amplia para el FBI que bien podría haberse dicho: "que se lleven todo". ¿Libertad de asociarse con otros para fines políticos? Al traste. La premisa básica de la investigación en general es que había una asociación no definida con unas organizaciones que el gobierno ha puesto en una lista. Confiscaron las listas de contactos y e-mail de los activistas en busca de potenciales "co-conspiradores". Además, llama la atención que las órdenes enumeran como evidencias a confiscarse todos los materiales relacionados a "reclutar, adoctrinar y facilitar que otros individuos en Estados Unidos ingresen a la OSCL…". ¿Libertad de palabra? Al traste. Los 14 activistas han señalado que el gobierno los ataca por artículos y testimonios que denuncian las políticas del gobierno estadounidense en diferentes partes del mundo. ¿Libertad de ser obligado a rendir testimonio en contra uno mismo? Al traste. Se puede usar el proceso de citatorios para el gran jurado para encanar a personas por largos plazos por negarse a rendir testimonio recurriendo al derecho de la V Enmienda a no autoinculparse después de que un juez haya otorgado una inmunidad muy limitada contra un proceso a fin de obligarlo a rendir testimonio en todo caso. (Ver "El gran jurado: La gran inquisición".)
Esa es la versión corta de los derechos que están violando y lo que representa.
He aquí una ironía: todo esto lo está haciendo el gobierno del "estudioso constitucional", el presidente Obama. Pero la ironía no se trata de que al presidente se le olvidara que una vez daba clases en la Universidad de Chicago, sino que mucha gente se dejó creer que el paquete en que él venía envuelto era fundamentalmente distinto al de Bush. Estas redadas demuestran la realidad del funcionamiento de este sistema, no importa quién lo gobierne en un momento determinado. Cuando los representantes políticos de este sistema imperialista lo estimen necesario usar los instrumentos de la dictadura (en este caso, la policía política, los tribunales y las prisiones), no dudarán en violar los preceptos democráticos asentados en su Constitución.
A lo largo de este caso, parece que el gobierno estadounidense esté dando un mensaje a la gente dentro (y fuera) de las fronteras de este país: "Fíjese, no sólo vamos a librar guerras constantes en el Medio Oriente y Asia central, imponiendo regímenes en la región y avalando las masacres y ocupaciones de Israel… no sólo cometeremos asesinatos y tortura contra aquellos que se nos entrepongan… no sólo espiraremos, hostigaremos y deportaremos a los inmigrantes de estas regiones que se oponen a nuestras políticas… sino que también aumentaremos las apuestas tan fuertemente pata cualquiera dentro de los propios Estados Unidos que se atreva a disentir y denunciar nuestros crímenes. Tenemos un imperio… y en nuestra defensa de él, nos podremos despiadados. Así que usted debería aceptar las cosas o la próxima vez, ¡alguien podría estar tocando su puerta!" (Busque más sobre cómo y por qué la llamada "guerra contra el terror" es en realidad una guerra por el imperio en "Forjar otro camino — Más sobre los 'dos sectores históricamente anticuados'", de Bob Avakian, Revolución #213, 10 de octubre de 2010.)
Es imprescindible rechazar ese mensaje.
Hay que responder a este ataque con mayor resistencia y darle marcha atrás
La pura verdad es lo siguiente: la clase dominante, y Obama, no dejan que los derechos supuestamente garantizados por ley impidan lo que ellos perciben como los intereses del imperialismo. Pero eso NO quiere decir el pueblo no debiera luchar por esos derechos. Al contrario. Lo que sí demuestra es que debemos luchar tanto más duramente y sin ilusiones contra esta represión, denunciando tanto la naturaleza cruel de las políticas que estas redadas hacen cumplir (y los intereses que mueven dichas políticas) como las maneras en que estas redadas son completamente ilegítimas: son una violación no sólo de los derechos fundamentales y de las creencias fundamentales de muchísimas personas en materia de lo que es justo sino de las propias leyes tales como se redactaron.
A esa luz, han surgido pasos iniciales muy positivos en respuesta a las redadas. El mismo día de las redadas y durante la semana posterior en unas 60 ciudades en todo el país, se montaron acciones de protesta de emergencia frente a oficinas del FBI y edificios del gobierno: de 400 a 500 personas en Minneapolis; en las calles de Chicago fuera de las oficinas del FBI. Se celebraron otras formas de protesta: de circular declaraciones en la red a iniciativas del clero y gente religiosa. El Consejo de Trabajadores de San Francisco aprobó una resolución condenatoria del ataque y cinco legisladores presentaron un proyecto de ley en la legislatura del estado de Minnesota que daría la alerta sobre las redadas del FBI y la investigación del gran jurado.
Es necesario y posible hacer mucho más. Estos ataques contra los activistas contra la guerra y de solidaridad internacional deberían dar la alarma para todos aquellos que se hayan opuesto a las políticas del gobierno estadounidense en diferentes partes del mundo, y éstos deberían apoyar el derecho de la gente a organizarse y defender en el frente político a las personas que caen bajo ataque por hacerlo. Cualquiera que apoye a los grupos e individuos en Estados Unidos que hacen trabajo humanitario en otros países (proyectos de socorro, trabajadores de derechos humanos, periodistas, programas de resolución de conflictos) también deberían tomar posición contra esta opresión, al igual que hizo mucha gente en el reciente caso de la Suprema Corte. (Ver "El fallo supremamente malo de la Suprema Corte".)
Además, los revolucionarios y los radicales no sólo deben sonar la alarma y unirse a esto sino demostrar cada vez más la manera en que los intereses que motivan tal represión son intereses imperialistas y la manera en que es ilegítimo el estado que debe servir y sí sirve esos intereses. Es únicamente de esta manera que habrá una oportunidad de no sólo para este ataque sino empezar a construir un movimiento que se oponga a un ambiente y sistema jurídico que a diario se vuelve más represivo.
Aquellos que desafían y alzan la voz contra lo que Estados Unidos hace en este país y en el mundo deberían conocer sus derechos. De esta manera, entre otras, el ataque del gobierno se le podría salir por la culata: si muchas más personas no se dejan embaucar por los agentes de la represión y ejercen sus derechos. (Ver "Que no se deje engatusar por los agentes de la represión — 'No diga nada'", Revolución #194, 7 de marzo de 2010.)
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