¡Al servicio de un golpe de estado fascista en marcha, se presenta para el servicio!
Tres preguntas sencillas de la audiencia de confirmación de Amy Coney Barrett — Tres respuestas aterradoras
| revcom.us
Las audiencias del Comité Judicial del Senado sobre el nombramiento de Amy Coney Barrett para la Corte Suprema han terminado y la mayoría republi-fascista está avanzando arrolladoramente hacia su confirmación. Barrett tenía una máscara de “aplomo” y “racionalidad” que, con el objetivo de imponer un futuro fascista cristiano, no puede ocultar su anhelo de retroceder varios siglos, borrando los derechos y libertades que los oprimidos han ganado mediante dura y a menudo sangrienta lucha.
Como estas audiencias pusieron aún más en claro, confirmarla para la Corte —al darle a la derecha dura una sólida mayoría— será extremadamente peligroso . Al mayoritear a martillazos su nombramiento para la Corte Suprema antes de las elecciones, se propone amarrar el impulso de Trump para permanecer en el poder, sin importar qué, y acelerar el programa fascista cristiano... a décadas por venir .
Durante las audiencias, Barrett rehuía repetidamente a responder a las preguntas en relación a sus opiniones legales acerca de cuestiones importantes de la ley existente. Ocultó sus puntos de vista fascistas cristianos sobre asuntos claves y puntos de la ley detrás de una “tradición” que se ha convertido en una norma en estas audiencias de confirmación: que los nombrados para la Corte Suprema no den opiniones jurisprudenciales antes de los casos reales presentados ante la corte. Pero lo que es revelador y alarmante en este caso es que:
- ella se negó a afirmar sencilla y llanamente la ley existente — NO la aplicación o la interpretación de la ley como puede aplicarse a casos específicos;
- la ley que ya está directamente en la Constitución o en el código estatutario federal (leyes federales aprobadas por el Congreso); y
- la ley que puede aplicarse a cuestiones clave donde Donald Trump promueve la violación de estas leyes existentes de manera descarada y rutinaria en su objetivo de permanecer en el poder, en sus amenazas y actos para robarse las elecciones, en lo que Rechazar el Fascismo ha llamado un golpe de estado en marcha.
Empecemos con tres preguntas sencillas por parte de los senadores demócratas... y las aterradoras respuestas de Barrett.
La primera pregunta: La senadora Amy Klobuchar preguntó: “Según la ley federal, ¿es ilegal intimidar a los votantes en las urnas?”
La respuesta de Barrett: “No puedo caracterizar los hechos de una situación hipotética, y no puedo aplicar la ley a un conjunto hipotético de hechos. Sólo puedo decidir los casos en la medida en que se me presenten litigados por las partes en un registro completo después de examinar a fondo los precedentes, hablar con los colegas, redactar una opinión y por lo tanto no puedo responder a preguntas como esa”.
¡EQUIVOCADA! Esta es una combinación engañosa de doble discurso jurídico, falsa neutralidad e ignorancia fingida.
Imagine que se le pregunte a un juez, “¿es ilegal violar a niños?” y que se responda, “¡no puedo caracterizar los hechos de una situación hipotética!”
Klobuchar no le preguntaba a Barrett de una “situación hipotética”, le preguntaba sobre las leyes existentes sobre la intimidación a los votantes. Y es imposible que una profesora de derecho y una jueza federal no sepa lo que saben los demás: la intimidación de los votantes es ilegal, punto. Según el título 18 del Código de los Estados Unidos § 594, quien “intimide, amenace, coaccione o intente intimidar, amenazar o coaccionar a cualquier otra persona con el fin de interferir en el derecho de dicha persona a votar... será multado bajo este título o encarcelado no más de un año, o ambos”.
En este momento, los republi-fascistas están reclutando lo que llaman un “ejército” de 50.000 “observadores electorales, con especial atención a los ex militares y ex policías”1. Así que Klobuchar le preguntó a Barrett: “¿Cree que una persona razonable se sentiría intimidada por la presencia de grupos civiles armados en las urnas?”
La respuesta de Barrett: “En realidad, ello no es algo que sea apropiado que yo comente”.
¿No lo es? ¿Así que una futura magistrada de la Corte Suprema no puede tomar una posición sobre si la presencia de milicianos con rifles armados en los centros comiciales que “observan” a los votantes sería intimidante para cualquiera, especialmente para la gente de color? Quizás ella debería haberle preguntado si incendiar cruces por el Ku Klux Klan era intimidante.
Una vez más, Barrett está evadiendo responder a lo que debería ser una obviedad para cualquiera, y mucho menos para una jueza federal y una profesora de derecho. En efecto, Barrett está dando una luz verde a la intimidación de los votantes.
La segunda pregunta: El senador Cory Booker preguntó: “¿Usted cree que todo presidente debe comprometerse, inequívoca y decididamente, a la transferencia pacífica del poder?”
La respuesta de Barrett: “Bueno, Senador, eso me parece que me están jalando un poco hacia la pregunta de si el presidente ha dicho que no dejaría el cargo pacíficamente, y por lo tanto en la medida en que eso es una controversia política en este momento, como jueza, quiero quedarme fuera de ella y no quiero expresar un punto de vista”.
¡EQUIVOCADA! La XX Enmienda de la Constitución dice: “Los períodos del Presidente y el Vicepresidente terminarán al mediodía del veinte de enero … y en ese momento principiarán los períodos de sus sucesores [elegidos]”.
Y adivinen qué: no existe ninguna subcláusula o enmienda subsiguiente que diga “a menos que el presidente en ejercicio no esté de acuerdo, y en tal caso podrá usar tropas federales y milicias armadas para permanecer en el cargo y aplastar a cualquiera que proteste”, lo que es lo que Trump amenaza con hacer. La negativa de Barrett a comprometerse a defender la “transferencia pacífica del poder” equivale a mantener la puerta abierta para que Trump y Pence haga exactamente eso.
La tercera pregunta: La senadora Dianne Feinstein preguntó: “¿La Constitución le da al presidente de los Estados Unidos la autoridad para retrasar unilateralmente unas elecciones generales bajo cualquier circunstancia? ¿Lo hace la ley federal?”
La respuesta de Barrett: “Bueno, Senadora, si esa pregunta se me presentara, yo necesitaría conocer los argumentos de los litigantes y leer los dictámenes y consultar con los secretarios de mis cortes y hablar con mis colegas y pasar por el proceso de redacción de opiniones” para poder abordar los asuntos “con una mente abierta”.
¡EQUIVOCADA! Una vez más, la Constitución —la ley más alta de Estados Unidos, la que Barrett afirma que defiende— estipula con mucha claridad: el Artículo II, Sección 1, Cláusula 4 dice: “El Congreso podrá determinar el Momento de elección [sic] de los Electores y el Día en que darán sus Votos; qué día será el mismo en todos los Estados Unidos”. Y el Congreso lo hizo — en 1845, una ley federal fijó la fecha como el primer martes después del primer lunes de noviembre. Sólo el Congreso puede cambiar esto.
Retrasar o cancelar las elecciones es una de las formas en que Trump ha tanteado para evitar perder las elecciones. Eso sería flagrantemente ilegal y equivaldría a un golpe de estado fascista. La negativa de Barrett a reconocerlo es ominosa.
1. Un solo componente de una campaña multifacética para robarse las elecciones. [volver]
Las audiencias en torno a Amy Coney Barrett: Sunsara Taylor en el terreno en Washington, D.C., por El Show RNL, vídeo en inglés