Órdenes y bases de datos anti pandilleras: En manos de Trump & Sessions, alimentarán horror tras horror
Fotos: AP
21 de enero de 2017 | Periódico Revolución | revcom.us
Imagínate que eres un muchacho o una muchacha y andas en patineta o bici, camino a la tienda en una comunidad del Sur Centro de Los Ángeles. Una patrulla va pasando, frena de repente y te baja a fuerzas. Las placas saltan fuera, te agarran, te cachean, te piden la ID. En un dos por tres, te ponen las esposas diciendo que tu nombre sale en la lista de “asociados” de una pandilla local — por lo que andar en patineta o bici es un delito. Es la primera vez que te des cuenta de que alguna chota te puso en la lista esa. Ahora te llevan a la cárcel, y te pueden encajar 6 meses y una multa de mil dólares.
O quizás andes en la escuela y que termine la última clase del día. Al caminar para la casa, te topas con un compañero de clase y se acompañan. Otra vez las placas te paran, y acusan a los dos de ser pandilleros — por lo tanto andar juntos en público es una violación de la orden anti pandillera. Los esposan y los llevan a la cárcel con los mismos cargos. ¡¿Qué chingaos?!
En octubre del año pasado, la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) del Sur de California presentó una queja en la corte federal contra el Municipio de Los Ángeles, demandando un paro inmediato a la ejecución de sus órdenes anti pandilleras. La queja judicial sacó a la luz la fea realidad de que obligan injustamente a 10.000 jóvenes —principalmente negros y latinos— a vivir bajo “condiciones semejantes a la libertad condicional sin ninguna audiencia”.
Esas órdenes anti pandilleras son ordenes de la corte civil tramitadas por el DPLA y el fiscal angelino, que singularizan a pandillas específicas y a sus presuntos miembros. Según las órdenes, se les prohíbe a las personas identificadas por la policía como miembros o “asociados” de una pandilla participar en sus comunidades en actividades de muchos tipos que de otra manera serían legales. Esas llamadas “actividades molestias” pueden incluir cosas como acompañar a miembros de tu propia familia si también los hayan identificado como supuestos pandilleros; tomar una cerveza en un restaurante público; usar cierto vestuario; usar un celular; o incluso andar en una bicicleta o una patineta. Muchas de las órdenes tienen un toque de queda que penaliza andar fuera en público después de las 10 de la noche.
Vivir bajo sitio
En comunidades donde están en vigor órdenes anti pandilleros, la policía con frecuencia para a jóvenes indiscriminadamente y los arresta diciéndoles que han violado la orden por una de esas o muchas otras actividades. Sólo así los jóvenes saben por primera vez que alguna chota apuntó su nombre en una lista de los que la policía ha identificado como pandilleros.
Uno de los demandantes en la queja de la ACLU dijo a una estación de radio angelina: “Básicamente me dieron el papel de la orden y dijeron, ‘Ahí está, léela’”. La orden dijo que se le prohibía andar en público con ciertos amigos o usar cierta ropa porque era un pandillero — al hacerlo, lo podrían encarcelar por seis meses. Dice que nunca ha estado en ninguna pandilla, pero tiene que tener cuidado. “Ya casi ni salgo mucho en público”.
Ahora hay 46 diferentes órdenes anti pandilleras en Los Ángeles. La chota las usa para hostigar a jóvenes negros, latinos y de otras nacionalidades oprimidas en enormes zonas de la ciudad. Esas órdenes anti pandilleras juegan un papel importante en todo un sistema de terror policial y control en comunidades pobres de negros, latinos y otras minorías, criminalizando la vida normal y obligando a la gente a vivir con temor, siempre con la posible necesidad de huir. El efecto ha sido devastador en las vidas de los jóvenes y otros que están en las miras. Muchos han perdidos empleos, oportunidades educacionales, e incluso vivienda. Es casi imposible que levanten la orden; puede tardar años, y la decisión final le toca al municipio.
Debido al “éxito” de las ordenes anti pandilleras a ojos de las autoridades, su uso se ha extendido a otros municipios, incluidos San Diego, San José, San Antonio y Chicago. En realidad, para las masas de jóvenes en comunidades negros y latinos, las órdenes anti pandilleras han creado zonas militarizadas, y han ensanchado el canal que lleva a la prisión y la encarcelación en masa.
Una orden anti pandillera llevó al asesinato el año pasado de Johnny Anderson a manos de los Sheriffs de Los Ángeles en Hawaiian Gardens en el Sur Centro de Los Ángeles. Aunque él no había estado en ninguna pandilla desde hace años y acaba de regresar a Hawaiian Gardens después de trabajar en Iowa, Johnny aún estaba nombrado en la orden anti pandillera. Johnny y su esposa estaban relajándose en el patio trasero de una casa desocupada cuando él vio pasar la patrulla de los sheriffs. Johnny, por vivir bajo esa orden estilo nazi, sabía que los sheriffs iban a dar vuelta. No quería ir a la cárcel, por lo que se levantó, se apartó caminando, y corrió al patio trasero al lado, donde un sheriff lo mató a balazos. No había hecho daño a nadie; pero en un instante le robaron la vida.
La situación para negros y latinos se empeorará bajo los Estados Unidos de “la ley y el orden” de Trump
Cuando un monopolio del poder político —y, de una manera concentrada, el monopolio de la fuerza armada “legítima”— está en manos de un grupo de la sociedad, y este grupo excluye a otras personas de tener ese monopolio de poder y fuerza, pues esto es una dictadura del grupo —o clase— en el poder, no importa si ese grupo en el poder permite que los que excluye del poder, y que domina en los hechos, participen en elecciones para escoger entre diferentes representantes de la clase dominante, como ocurre en Estados Unidos y varios otros países. El dominio político en Estados Unidos, no importa si hay una tiranía abierta e indisimulada o no, es y siempre ha sido una dictadura burguesa, una dictadura de la clase dominante capitalista (o antes de la derrota y abolición del sistema de esclavitud en Estados Unidos, por medio de la guerra de Secesión, existía una dictadura de las clases dominantes: los esclavistas y los capitalistas, o la burguesía).
Bob Avakian, Lo BAsico 1:23
Así son las condiciones en las que tienen que vivir millones de personas oprimidas en Estados Unidos hoy día. Ahora agréguele lo que Trump y su equipo de monstruos han prometido llevar a cabo. La convención que nominó a Trump presentó al ex alcalde rabioso de Nueva York, Rudy Giuliani, que insistía gritando en restaurar “la ley y el orden” y en que “la vida de los de azul (la policía) importa”. Esas consignas van de la mano con un tema importante de toda la campaña de Trump: el clamor por la imposición de un estado policial dando aún más rienda suelta a la policía en las zonas urbanas marginadas, extendiendo programas policiales de “parar-y-revisar” y “cero tolerancia” por todo el país, y silenciando hasta las críticas más leves de la policía. Trump aplauda al dictador filipino Duterte, que ha desencadenado a sus policías y escuadrones de vigilantes para asesinar a “sospechosos de ser narcos” en la calle, sin juicio tan siquiera — a más de 6.000 solamente desde el verano.
El nominado de Trump para fiscal general, Jeff Sessions de Alabama, es un racista de toda la vida e imbuido de la cultura de supremacía blanca. Cuando lo nominaron para una posición de juez federal en los años 80, Coretta Scott King, viuda del líder de derechos civiles Martin Luther King, escribió al Senado una carta mordaz: “El Sr. Sessions ha usado los poderes asombrosos de su mandato en un intento mezquino de intimidar y espantar a votantes negros de la tercera edad. Por esa conducta reprensible, no se le debe premiar con una magistratura federal… si lo confirmen, le otorgarán una antigüedad de por vida por hacer con un juicio federal lo que los sheriffs locales lograron hace veinte años con porras y picanas”.
Los Ángeles tiene 10.000 nombres, la mayoría de jóvenes, en su base de datos de pandillas, pero el estado de California en total tiene aproximadamente 150.000 en su base de datos CALGang. Ahora, al poner las bases de datos por todo el país en manos de estos fascistas —con los nombres de probablemente un millón o más de jóvenes y otros de las nacionalidades oprimidas— imagínense lo que se hará con semejantes listas. Las bases de datos de pandillas vienen siendo un registro de los “indeseables” que estarán en las miras de los fascistas: negros y latinos singularizados para redadas y más… zonas urbanas marginas bajo ley marcial de verdad… encarcelación en masas convertida en campos de internamiento. El desencadenar a la policía para que asesinen con aún más impunidad, aún más gratuita y descaradamente — con tal de publicitar el mensaje inequívoco de que no se tolerará la resistencia.
Hay una oportunidad ahora de parar a ese horror tras horror — de pararlo antes de que se inicie. Nada fácil, ninguna garantía, pero una posibilidad — una por la cual vale la pena luchar. Es muchísimo lo que está en juego, para cualquier persona que se inquiete por el destino de los negros y latinos y todos los oprimidos, así como la población y el mundo en general.
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