Compañeras entre rejas

En las cárceles para mujeres de California

Obrero Revolucionario #911, 15 de junio, 1997

"Cuando estaba en la cárcel, pensaba: `Es posible que mi hija y yo salgamos vivas, pero también es posible que no'. No nací rica. La vida me ha dado duro, pero cuando murió mi hija, dije basta. No me ha devuelto a mi hija, pero alguien tiene que plantarse".

Presa de California que ha entablado
una demanda por las pésimas condiciones carcelarias

"Muchas tememos protestar, pero lo que está sucediendo aquí es algo que la sociedad debe saber. Muchos no quieren saber que aquí nos violan y nos dejan morir".

Presa de la Cárcel de Mujeres
de California Central

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Actualmente, California tiene casi 10.000 mujeres en cuatro instituciones penales, más que cualquier otro estado. En Chowchilla, una zona rural en el centro del estado, están la Cárcel de Mujeres de California Central (CCWF, por sus iniciales en inglés), la institución penal de mujeres más grande del mundo, inaugurada en 1990, y la Prisión Estatal del Valle para Mujeres (VSPW)*. Entre las dos, hay más de 6300 presas. La Prisión Estatal en Frontera, con cupo para 1011 presas, tiene más de 2500. VSPW tiene una Unidad de Seguridad (SHU), donde tienen a las presas en sus celdas 23 horas al día. El hostigamiento y acoso sexuales en todas esas cárceles son constantes. Nada de esto es excepcional; así son las demás cárceles de mujeres del país.

Desde la década pasada la cantidad de presas se ha cuadruplicado. En 1980 había 25.000 presas en el país; hoy hay 116.000.

El incremento se debe principalmente a las nuevas sentencias obligatorias por droga. En California, casi el 38% de las presas han sido sentenciadas por delitos de droga. En Nueva York, entre 1982 y 1989, la cantidad de mujeres sentenciadas por crímenes violentos disminuyó y la cantidad de sentenciadas por droga aumentó 20 veces.

En California, el 76% de las presas han sido sentenciadas por delitos de droga, hurto menor u otros delitos no violentos. La cantidad de mujeres sentenciadas por crímenes violentos ha disminuido desde 1980. Una de cada cuatro presas ha sido sentenciada por posesión de droga o hurto menor con antecedentes. Son los delitos más comunes.

Otro factor que ha llevado a muchas mujeres a la prisión es el empeoramiento de la situación económica. El 80% de las presas de California son madres que tienen por lo menos dos hijos que dependen de ellas. Un artículo de octubre de 1996 de la revista Scientific American que investigó la situación de madres solteras que reciben welfare, señala que esa ayuda determina, en muchos casos, si la familia tiene techo o acaba en la calle. También señaló que no alcanza para comprar los artículos de primera necesidad. Y ahora que están cortando y eliminando el welfare, muchas más mujeres acabarán en la calle o tendrán que recurrir al crimen para sobrevivir.

Una presa le dijo al Centro Nacional de Justicia Juvenil y Criminal: "Cuando hablo con mis hijos, me dicen: `Por favor, no robes, podemos aguantar'. Pero nunca han tenido que aguantar, porque he robado para darles lo que necesitan: He abierto paquetes de pañales para sacar uno".

Muchas mujeres están presas por matar a esposos o compañeros violentos. Se calcula que en California 600 mujeres están presas por matar en defensa propia. El promedio de años de cárcel para las mujeres que han matado a su esposo es el doble que para los hombres que han matado a su esposa.

Otro factor importante es el racismo. En California, el 70% de las presas son negras o latinas. Las negras tienen el doble de probabilidad es de ser sentenciadas por matar a un esposo violento que las blancas; y en promedio, reciben sentencias más largas por el mismo delito.

SERVICIOS DE SALUD
EN LAS PRISIONES: SENTENCIA DE MUERTE

"Están matando a mujeres que no han sido sentenciadas a muerte".

Presa cuya amiga murió
de un ataque al corazón por negligencia
médica y porque la obligaron a trabajar
afuera en una temperatura de 112 grados

  • Jane B., una madre de 36 años de edad, estaba en una prisión estatal por falsificar cheques por un total de $1000. Padecía de una enfermedad intestina grave y, a pesar de solicitar ayuda en varias ocasiones, no le dieron el tratamiento adecuado. Poco a poco se murió por no comer. Tenía dos niñas.
  • Mary H., una señora de 40 años sentenciada a tres años por tener droga, padecía de una enfermedad del corazón y le dieron mínimo tratamiento. El día que murió de un ataque al corazón rumbo al hospital había solicitado dos veces que un médico la atendiera.
  • Angela H., de 20 años de edad, estaba presa por tener y vender marihuana cuando estaba en libertad condicional. Tenía cinco meses encinta cuando entró a la cárcel. Poco después empezó a sangrar, y le dieron cólicos y fuertes dolores. Por tres semanas solicitó atención médica y específicamente que la examinara un ginecólogo, pero como en la institución no lo hay, la examinó otro médico, un ortopédico. Este, sin hacerle un examen físico ni exámenes de laboratorio, diagnosticó que tenía una infección vaginal y le recetó Flagyl, una droga que provoca parto. Al día siguiente, Angela dio a luz camino a un hospital. El bebé vivió unas dos horas.
  • Casos citados en el informe de Ellen Barry "Women Prisoners and Health Care: Locked Up and Locked Out"

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    En California, muchas presas han muerto sin necesidad debido a los pésimos servicios de salud en las prisiones. Si bien todos los presos, hombres y mujeres, reciben pésimos servicios de salud, el sistema penal descuida más a las mujeres.

    Se calcula que el 10% de las presas de California están embarazadas. Ellen Barry, la Directora de Servicios Judiciales para Madres Presas, ha escrito: "A pesar de que llevo muchos años trabajando con presas, antes de iniciar una demanda en nombre de las presas no estaba preparada para la total negligencia a que someten a las presas encinta".

    En Connecticut, una presa ha demandado a las autoridades por la falta de servicios médicos para mujeres embarazadas. A una de las mujeres de ese caso la hicieron dar a luz con las piernas encadenadas, y eso provocó la muerte de sus gemelos.

    Se descuida por completo la nutrición de las embarazadas. Informan haber recibido leche agria, comida con cucarachas, moho, etc. Una presa embarazada dijo, sarcásticamente, que cuando trabajaba en la granja de la prisión cosechando ejotes, ponía uno en la canasta y se tragaba otro, y que era el único vegetal fresco de la semana.

    En 1994, un estudio realizado por el Departamento de Servicios de Salud, concluyó que el 3,2% de las presas tenían VIH, pero los servicios de salud para las presas que tienen SIDA o VIH son totalmente inadecuados:

  • A principios de la década, la Junta Estatal de Salud inspeccionó la enfermería del Instituto de California para Mujeres y concluyó que era inadecuada y deficiente: cantidad de médicos y enfermeros, farmacia, alimentación, cuidado de pacientes, normas y procedimientos médicos. También detectó insaludibrad y almacenamiento peligroso de desechos infecciosos.
  • Por regla general, las presas del CCWF tienen que esperar de dos a tres semanas para ver un médico, y eso si logran convencer a un guardia de que autorice la consulta.
  • A las presas de CCWF no les hacen exámenes del SIDA a menos que tengan síntomas.
  • Aunque por lo menos 100 presas de Chowchilla tienen VIH/SIDA, no cuentan con un médico especializado.
  • A las presas que tienen VIH o SIDA no las examinan con regularidad.
  • En la Prisión Estatal del Valle, a las que tienen SIDA u otras enfermedades graves las encierran en una unidad especial.
  • A las presas que tienen VIH no las dejan trabajar ni recibir visitas conyugales.
  • A las que se enflaquecen por el SIDA no les dan alimentación adecuada ni suplementos, lo cual aumenta el riesgo de desnutrición y muerte.
  • El informe de Ellen Barry documenta que a pesar de que, judicialmente, las presas tienen derechos reproductivos, no les permiten abortar. Los carceleros opuestos al aborto pisotean ese derecho de las presas y les impiden abortar o les dicen que solo pueden hacerlo si ellas mismas pagan la operación y el tiempo de los guardias que tendrían que llevarlas a una clínica fuera de la institución.

    Pero a otras, especialmente mujeres embarazadas por violaciones de guardias o empleados, las hacen abortar. También se sabe de histerectomías y ligación de tubos sin autorización.

    A las presas les niegan servicios médicos elementales. Guardias con un mínimo de conocimientos médicos tienen el derecho de examinar a las presas que solicitan atención médica y con frecuencia no las dejan ver a un médico. Muchas no logran conseguir medicinas para epilepsia, diabetes, cáncer, anemia de célula falciforme y otras enfermedades, porque no les permiten ver a un médico. En Chowchilla, tienen que esperar varios meses para ver a un ginecólogo. A las alcohólicas y drogadictas no les dan tratamiento. Ignoran del todo las necesidades de las presas incapacitadas.

    En 1995, 24 presas, muchas con enfermedades mortales, demandaron al gobernador de California, Pete Wilson, y al Departamento de Correcciones, por negarles sistemáticamente servicios médicos necesarios. Entre las demandantes había enfermas de cáncer, del corazón, anemia de célula falciforme, SIDA, tuberculosis y otras enfermedades. Se espera que esa demanda, conocida como Shumate vs. Wilson, se vea este año.

    La principal demandante, Charisse Shumate, padece de anemia de célula falciforme, una enfermedad que afecta a los negros, y ha estado en CCWF desde 1989. Debido a que no la atiende un especialista en su enfermedad, cada mes sufre una crisis y tienen que llevarla de emergencia al Centro Médico Comunitario Merced.

    MADRES EN LA PRISION

    "Yo no soy la única que sufre, los niños también sufren. Mis hijos y mi familia entera también están sentenciados conmigo".

    Presa entrevistada por el Centro Nacional
    de Justicia Juvenil y Criminal

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    El 80% de las presas de California son madres y tienen por lo menos dos hijos que dependen de ellas. A nivel nacional, 1,5 millones de niños están separados de un padre que está preso. Ahora, como consecuencia de la ley "tres strikes", se calcula que la cantidad de niños cuyo principal padre está preso aumentará de seis a diez veces en una década.

    El sistema hace muy difícil que los niños visiten a sus padres en la prisión. En California, la mayoría de las prisiones están lejos de las ciudades. Una queda a cinco horas de Los Angeles, la ciudad más cercana. Más del 60% de los niños viven a más de 140 kilómetros de donde están presas sus madres.

    El Departamento de Correcciones de California está contemplando limitar drásticamente las visitas de niños. Por ejemplo, quiere que los hijos visiten a sus padres sin supervisión. Como están las cosas, muchas veces los adultos que acompañan a los niños no pueden entrar a la cárcel y los niños son registrados solos. Muchas presas cuyos hijos están en casas de crianza no pueden satisfacer los "requisitos de reunificación familiares" para que las visiten sus hijos.

    VIOLENCIA SEXUAL

    "Sentí temor inmediatamente, sabía que algo estaba mal y no quería mirar. El [agente G] jaló la cobija. Yo me senté y agarré la cobija. El otro guardia atrancó la puerta con el tacho de basura. Me quitó la cobija.... Me arrancó la camisa. Me atacó sexualmente. El [agente H], antes de irse, le gritó al [agente G] que se calmara. Yo estaba gritando, chillando y llorando. Martha, que estaba en el cuarto de frente, al otro lado del corredor, golpeaba la ventana. Me bañé. Me sentía sucia".

    Cita del informe de Human Rights Watch
    "Muy común: Violencia sexual de mujeres
    en las prisiones estatales de Estados Unidos"

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    En diciembre del año pasado, Human Rights Watch, una organización internacional pro derechos humanos, publicó un informe de 347 páginas sobre violencia sexual contra mujeres en las prisiones estatales. Se basa en entrevistas con más de 60 presas y ex presas, y recoge información de prisiones de California, el Distrito de Columbia, Georgia, Nueva York, Illinois y Michigan. El informe señala que la violencia sexual es muy común y tolerada por el sistema; los guardias tienen el derecho de violar y abusar de las presas, y casi nunca son castigados.

    En California, la mayoría de los guardias de las cárceles de mujeres son hombres. En la Prisión Estatal del Valle, el 73% de los guardias son hombres y el porcentaje es mayor en CCWF.

    La violencia sexual de las presas tiene muchas formas: violación salvaje; relaciones sexuales con amenazas de quitarles cosas y derechos; manoseos; ataques verbales y negarles toda intimidad.

  • En 1990, el Orange County Register publicó una serie de artículos sobre violaciones, corrupción, malos servicios médicos y revanchismo en la cárcel de mujeres de Frontera. El periódico informó que Harold Anderson, hijo de la ex alcaide Kathleen Anderson, obligó a por lo menos 10 presas a tener relaciones sexuales. Unos guardias admitieron haberlo sorprendido en por lo menos tres ocasiones en "situaciones comprometedoras". Los guardias hostigaron a una guardia que denunció a Anderson. Pero las autoridades dijeron que el comportamiento de Anderson era un "problema de personal" y que no era necesario entablar una acción judicial contra él.
  • En septiembre de 1996, el San Francisco Chronicle informó que tres mujeres habían entablado una demanda contra autoridades y guardias de prisiones federales por haberlas violado, golpeado y vendido como esclavas sexuales a presos en el penal federal de Dublin, en el condado de Alameda.
  • Rose S., una presa de California que entrevistó Human Rights Watch, contó que un guardia siempre la hostigaba verbalmente y que un día cuando entró a su trabajo le estaba esperando, cerró la puerta con llave y la violó. También dijo que más tarde se enteró de que un año antes el mismo guardia había violado a otra presa.
  • Un abogado de Servicios Legales para Presos con Niños le dijo a Human Rights Watch que varias presas de CCWF han sido atacadas sexualmente por un médico, y que un enfermero abusó de una presa incapacitada.
  • En 1995, el Proyecto de Justicia post Condena de la Universidad del Sur de California entabló una demanda contra el capellán de la cárcel por ataques sexuales. Las presas denunciaron los ataques en 1994, pero las autoridades no hicieron caso sino hasta 1996. Mientras tanto, atacó a por lo menos una presa más.
  • El informe de Human Rights Watch documenta la práctica de los guardias y carceleros de otorgar ciertos privilegios, como llamadas telefónicas, champú, toallas sanitarias, etc., a cambio de acostarse con ellos. Los guardias también aprovechan la drogadicción de las presas para obligarlas a tener relaciones sexuales.

    Las presas no tienen intimidad; los guardias las observan en todo momento. En California, no se permite que los guardias masculinos registren las partes privadas de las presas, pero están presentes cuando las registran. En CCWF, no permiten que las presas tapen las ventanas mientras se visten. Los guardias se meten en los dormitorios cuando se están vistiendo o bañando, con el pretexto de hacer registros, y observan a las presas cuando se bañan y hacen sus necesidades.

    Las presas de la unidad especial de VSPW casi no tienen intimidad. Si una presa necesita ir al baño cuando está en el patio, tiene que usar un retrete directamente debajo de una torre en la que por lo general está un guardia, al mismo que le tiene que pedir papel higiénico. Los guardias pueden observar claramente las duchas, y siempre están presentes durante exámenes médicos, incluso de ginecología.

    NEGACION Y DESQUITE

    Las presas pueden poner quejas pero, por lo general, las echan a la basura. Una presa le dijo a Human Rights Watch: "Los guardias simplemente las despedazan y las echan a la basura.... O dicen: `Anda, pon la queja, yo sé que terminará en nada'. La mayoría de las quejas las echan a la basura antes de que uno salga de la oficina. No lo toman en serio".

    En California, hay que hablar con la persona a la que se va a acusar antes de entablar una queja de violencia sexual. El propósito es amedrentar a las presas con temor de que el guardia se desquite. Incluso cuando les dan una audiencia para explicar sus acusaciones, el sistema les cree a los guardias pero no a ellas. Una presa que tenía una queja muy bien documentada le dijo a Human Rights Watch que la investigadora empezó la audiencia diciendo que no creería ninguna acusación de mala conducta sexual y agregó: "¿Sabes cuántas muchachas dicen que las han abusado sexualmente? ¿Qué es lo que quieres, salir antes de tiempo?".

    Una presa le dijo a Human Rights Watch que después de que entabló una queja contra un guardia fue acosada constantemente por los empleados de la prisión, incluso después de que la trasladaron a otro penal. En la nueva cárcel, dos guardias la sacaron de la celda, la esposaron y se la llevaron a su oficina, donde la asediaron con preguntas de por qué había acusado a uno de sus colegas.

    En el caso de Dublin, trasladaron a tres presas a una unidad de seguridad para hombres cuando sus abogados empezaron a investigar las acusaciones de que los guardias estaban vendiendo presas a presos como esclavas sexuales, a pesar de que está prohibido mezclar hombres y mujeres. Una noche, los guardias metieron tres presos en la celda de una presa. Tenían esposas y la esposaron para violarla una y otra vez. La amenazaron con más violencia si seguía quejándose. La acusaron de soplona y le dijeron que no dijera nada. Ella le dijo al San Francisco Chronicle: "Si no me hubieran esposado, me hubieran tenido que matar".

    A las presas que entablan quejas contra guardias las aíslan y no tienen derecho a usar el teléfono ni consultar con abogados. Solo las dejan salir de la celda un ratito al día, y la comida es incomible. Las presas aisladas contaron que en las celdas había ratas y bichos, y que la comida llegaba fría y con mierda de pájaros.

    Una presa contó del temor que tenía de reportar a un guardia que la manoseó en el baño: "Mi amiga quería que lo reportara: pero yo tenía miedo, temía que me meterían en el calabozo. Nos echan al calabozo por cualquier cosa".

    Para colmo, la Ley de Reforma de Litigación de Presos (PLRA), firmada por el presidente Clinton en abril de 1996, hace más difícil que individuos y organizaciones pongan demandas. Entre otras cosas, anula las órdenes judiciales de mejorar las cárceles a los dos años, aunque no se hayan cumplido; limita drásticamente lo que la corte le paga a un abogado defensor de presos, la principal fuente de su ingreso; y limita la autoridad de las cortes federales de designar individuos para supervisar las reformas carcelarias.

    Fuentes:

    1. All to Familiar: Sexual Abuse of Women in U.S. Prisons. Human Rights Watch Women's Rights Project. Diciembre 1996.

    2. Criminal Injustice: Confronting the Prison Crisis. Editado por Elihu Rosenblatt. South End Press, 1996.

    3. Death Behind Bars. Nina Siegal. San Francisco Bay Guardian. Febrero 5, 1997.

    4. Women in California Prisons: Hidden Victims of the War on Drugs. Barbara Bloom, Meda Lind, Barbara Owen. Center for Juvenile and Criminal Justice Report. Mayo 1994.

    5. Women Prisoners and Health Care: Locked Up and Locked Out. Ellen Barry.

    6. In Man-Made Medicine: Women's Health, Public Policy and Reform. Duke University Press, 1996.

    7. Women in Prison: Bureau of Justice Statistics Special Report. Tracy Snell. Marzo 1994.

    8. Report from Valley State Prison for Woman SHU. Sharon Sadler. California Prison Focus. Invierno 1997.

    Footnote:
    * Según el California Prison Focus y el Center for Juvenile and Criminal Justice.


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