Redadas de inmigración fascistas y farsa de juicios en Iowa

Entre el 19 y 22 de mayo, en un tribunal federal improvisado, en el recinto del National Cattle Congress (una feria de ganado), en Waterloo, Iowa, sentenciaron a más de 300 trabajadores inmigrantes a cinco meses de prisión y luego serán deportados. La redada ocurrió el lunes 12 de mayo, los agentes descendieron sobre la planta procesadora de carnes Agriprocessors, Inc., en Postville, con órdenes de detención para casi 700 trabajadores de los 968 que trabajaban ahí. Funcionarios dicen que en la redada participaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, que es parte del Departamento de Seguridad Interna), y más de una docena de otras dependencias federales, estatales y locales. Esta fue la mayor redada en un solo centro de trabajo en la historia de Estados Unidos.

Ese día, los agentes se llevaron a 389 trabajadores. Esto forma parte de la creciente ofensiva fascista contra los inmigrantes, que incluye: redadas en los centros de trabajo y las comunidades, la movilización de paramilitares derechistas, la aprobación en municipios y estados de leyes represivas contra los inmigrantes, la construcción de muros y la aceleración de operativos y medidas militares en la frontera. El 23 de mayo, el ICE anunció que sus agentes habían efectuado más de 900 arrestos en California durante un operativo de tres semanas para capturar a personas contra las que se habían girado ordenes de deportación. El año pasado, el ICE deportó a 275.000 inmigrantes.

Según el gobierno, los inmigrantes detenidos en Agriprocessors son “culpables” del uso fraudulento de números de seguro social y otros documentos. Estos trabajadores, casi todos de Guatemala, son parte de esos millones de personas de Centroamérica, México y otras partes del mundo que ya no podían alimentarse a sí mismos ni a sus familias en sus países donde el dominio y saqueo del imperialismo ha diezmado economías y sociedades enteras. Viajaron al norte, en muchos casos arriesgando la vida en desiertos en la frontera, a trabajar en la planta procesadora de carnes en el campo de Iowa, obligados a trabajar en condiciones peligrosas por un salario bajo. Para conseguir esos trabajaos, primero tuvieron que obtener identificaciones, a cómo dé lugar, y ahora, por eso, dicen que son “criminales”.

La enorme redada en Agriprocessors, que de golpe metió a la prisión al 10% de la población de Postville, ha devastado y aterrado a los inmigrantes y el pueblo (y ha estremecido a comunidades de inmigrantes en todo el país). Al día siguiente, la mitad de los 600 alumnos del sistema escolar se ausentaron, porque sus padres o estaban presos o escondidos. La administración de las escuelas dijo que la situación era “como un desastre natural, pero creado por seres humanos”. En la localidad, cientos de inmigrantes se refugiaron en una iglesia, y docenas de negocios tuvieron que cerrar. Un empresario le dijo al periódico de Inglaterra, Globe & Mail, “Este lunes nos violaron y nos saquearon. Todos los que vivimos aquí debemos estar indignados” (“Hardening the line on illegal workers”, 23 de mayo de 2008).

Criminalizan a trabajadores inmigrantes

Pero el tamaño de la redada no es la única cosa alarmante sobre lo que está sucediendo aquí. Anteriormente, si a un inmigrante lo detenían por no tener los “papeles apropiados”, por lo general se celebraba una audiencia en que lo acusaban de incumplir las leyes migratorias, que es un asunto civil. Pero ahora, con una maniobra sin precedente, el gobierno ha acusado a los cientos de trabajadores de delitos penales, simplemente por trabajar sin los documentos “apropiados”. Esta es una escalada peligrosa del gobierno para criminalizar a inmigrantes sin documentos, y de someterlos más a una vida de casta, más salvajemente explotados, siempre bajo la amenaza de ser arrestados y deportados. Juliet Stumpf, una profesora de derecho migratorio de la Escuela de Derecho Lewis & Clark, le dijo al New York Times: “A mi entender, la magnitud de estas acusaciones no tiene precedente. La manera de usar un proceso penal como parte de aplicar las leyes migratorias es lo que hace a esto fuera de lo ordinario, es una asombrosa intensificación de la penalización de leyes migratorias” (“270 Illegal Immigrant Workers Sent to Prison in Federal Push”, 24 de mayo de 2008).

Durante los cuatro días que duró el proceso en el recinto de la feria de ganado, a los inmigrantes los tuvieron en una especie de campo de concentración improvisado, con alambre de púas y guardias armados. A los inmigrantes, esposados y con grilletes, los hacían pasar en grupos por un tribunal improvisado donde tenían que declararse, luego pasaban a otra sala donde les dictaban la sentencia.

Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), y otros, la fiscalía federal obligó a los inmigrantes a aceptar acuerdos de culpabilidad con amenazas de que si no aceptaran declararse culpables de delitos “menores” y aceptaran el “acuerdo”, se les podría acusar de cargos más graves como robo agravado de identidad, por lo cual se les podría sentenciar a por lo menos dos años e imponerles fuertes multas.

Además, les negaron el derecho a tener un abogado y al proceso legal establecido, que supuestamente todo el que esté en este país tiene, sin importar su situación migratoria. En un comunicado del 21 de mayo, la ACLU describió el tipo de procedimiento injusto que se está llevando a cabo en Iowa: “Típicamente, un solo defensor representa a un grupo de 20 trabajadores, para quienes tiene que tomar decisiones sobre complejos asuntos de migración, determinar la responsabilidad penal y aconsejar a clientes que no hablan inglés. El abogado, que no se especializa en derecho migratorio, tiene que cumplir esta tarea bajo la presión de la fecha límite, impuesta arbitrariamente por la Procuraduría federal, de 7 días. En ese marco, cada abogado y cada cliente tendrán que tomar decisiones posiblemente irrevocables de declarase culpable e ir a la cárcel y así perder todo derecho migratorio, o cuestionar los cargos penales y correr el riesgo de ir a la prisión por hasta 2 años por el cargo de ‘robo agravado de identificación’ para poder trabajar.

“A los inmigrantes los someten a apresuradas audiencias en masa que solo duran unos minutos. En esas audiencias tienen que renunciar al derecho a una audiencia de migración a cambio de un mejor acuerdo de culpabilidad. Al parecer, como parte del acuerdo, a los trabajadores que tienen demandas legítimas para quedarse en el país legalmente, sean inmigrantes que tienen familiares que son ciudadanos o que han obtenido asilo legítimo o son perseguidos políticos, les han prohibido ejercer ese derecho”.

El 22 de mayo, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) le envió una carta al secretario del Departamento de Seguridad Interna, Michael Chertoff y al procurador general federal, Michael Mukasey, en que expresan su “grave preocupación” por “claramente hacer caso omiso del derecho a tener consejería significativa de un abogado y al proceso legal debido” para quienes fueron detenidos durante la redada de Agriprocessors. La AILA señaló lo que le parece un “punto muy saliente”: el 12 de mayo, el tribunal de distrito federal para el noreste de Iowa emitió un comunicado de prensa —el mismo día de la redada en Agriprocessors— en que anuncia el traslado temporal de funciones para jueces federales y del personal del tribunal a Waterloo “debido al proceso... de numerosos extranjeros ilegales...”. Como señala la AILA, se emitió el comunicado de prensa “antes de determinar que los arrestados y acusados eran ‘extranjeros ilegales’”.

Mejor dicho, el gobierno ha estado operando abiertamente en este caso bajo el indignante principio de que a los inmigrantes se les presume culpables de los cargos aun antes de que se haga un juicio.

La represión fascista — y la resistencia que se necesita

Agriprocessors, la mayor planta procesadora de carnes “kosher” en el país, se estableció en las afueras de Postville en 1987. Al principio, la mayoría de los trabajadores que contrataba eran de países del ex bloque soviético, de Europa del este. El Globe & Mail informó: “Stephen Bloom, el autor de Postville: A Clash of Cultures in Heartland America [Postville: Un choque de culturas en el corazón de América], dice que los esteeuropeos no trabajaron ni un solo día más de lo que era absolutamente necesario. En cuanto se establecieron, buscaron mejores trabajos que no eran tan peligrosos”.

En los años 1990, la fuerza de trabajo de la planta pasó a ser principalmente latina, primero vinieron los mexicanos y después los guatemaltecos. En 2006, el periódico Jewish Daily Forward denunció las condiciones de trabajo ahí: “Uno de esos trabajadores, una mujer que aceptó usar el seudónimo de Juana, llegó hace un año a este rincón rural de Iowa desde Guatemala. Desde entonces ha trabajado entre 10 y 12 horas en el turno de noche 6 días a la semana. La mano con que corta está hinchada y deformada, pero como no tiene seguro médico, no ha podido ir a hacerse un examen. Al comienzo, les pagan $6.25 la hora pero no aumenta a más de $7 la hora. Varios expertos de la industria dicen que ese es el salario más bajo que se paga en una planta procesadora de carnes en el país. Juana, y los otros trabajadores de Agriprocessors... no reciben casi nada de capacitación, lo cual es una anomalía para una industria en que las herramientas tienen el propósito de cortar y moler carne y huesos. En un mes el verano pasado, a dos jóvenes les tuvieron que hacer una amputación; y los trabajadores dicen que desde entonces ha habido otros casos. Los animales pasan a paso veloz colgados de ganchos de metal y los trabajadores dicen que les reprenden por no trabajar suficientemente rápido”.

Juana dijo: “Aquí podemos ver que hay mucha injusticia. Pero es un pueblo pequeño. Es la única fábrica aquí. No nos queda de otra” (“In Iowa Meat Plant, Kosher ‘Jungle’ Breeds Fear, Injury, Short Pay”, 26 de mayo de 2006).

Este tipo de superexplotación ha hecho a los inmigrantes sin documentos indispensables para los gobernantes capitalistas. Los necesitan para que la economía sea rentable, y porque el dinero que los trabajadores remiten a sus países ayuda a mantener cierta estabilidad en esos países que le conviene al imperialismo. Sin embargo, esto encierra una intensa contradicción para los gobernantes, que tienen la necesidad de reforzar el “pegamento aglutinador” de la sociedad para, desde el punto de vista de sus intereses, “mantenerlo todo unido”. A esta luz, el hecho de que en este país hay millones de personas que están viviendo “fuera de la ley” les presenta a los gobernantes un grave problema, y por eso han tomado medidas salvajes para aterrar y reprimir a los inmigrantes, y a todos aquellos que acuden a su socorro. Y la descarada violación de derechos fundamentales —como los juicios en masa contra los trabajadores de Agriprocessors— es parte de la acelerada represión y “normas” fascistas que se están imponiendo en el país.

Lo que está pasando con los inmigrantes en este país hoy es lo que pasó con los judíos y otros en la Alemania nazi. Hay que preguntar con urgencia: ¿Se permitirá que se sigan cometiendo estos horrores, con solo unas pocas protestas de personas de conciencia... o habrá una enorme protesta y resistencia resuelta en toda la sociedad para poner alto a estos crímenes?

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