La ley de inmigración de Alabama entra en vigor

Una nueva ley cuyo objetivo es expulsar a los inmigrantes de Alabama u obligarlos a esconderse de las autoridades estatales y municipales entró en vigor a principios de octubre, en parte ratificada por las decisiones de dos cortes federales. Sus efectos dramáticos y horrendos empezaron inmediatamente:

González es un taxista. Inmediatamente después de que la ley entrara en vigor, empezó a recibir llamadas de familias hispanas. "La gente empezó a preguntarme por los precios. ¿Cuánto costaría ir a Indiana? ¿Cuánto a Nueva York? ¿O Atlanta, Texas, Ohio o Carolina del Norte?" Una noche cerca de las 2 a.m., una mujer lo despertó para pedirle que la recogiera a ella y a su familia inmediatamente y los condujera a Carolina del Norte. En el apartamento donde los recogió encontró a la madre y padre, tres niños y una pequeña cantidad de bolsas. "Por favor que se apure, que estamos muy asustados", dijo la mujer. "La policía siguió a mi esposo al volver del trabajo y por eso nos estamos yendo". Tomó ocho horas llegar a Carolina del Norte. Los niños durmieron durante el viaje; el padre sentado en silencio; la madre lloró por todo el camino.

Cien familias al día visitan la Coalición de Interés Hispano de Alabama. Muchos son padres que han venido para obtener papeles legales que le da la tutela de sus hijos a un familiar o amigo cercano en caso de que sean detenidos y deportados. En muchos casos, aunque los padres sean indocumentados, los hijos son ciudadanos de Estados Unidos.

Hay un anuncio afuera de la oficina de la compañía del servicio público de agua en Allgood, Alabama: "Atención a todos los usuarios de agua, para estar en conformidad con las nuevas leyes concernientes a la inmigración, deben tener una licencia de conducir de Alabama o podrían perder el servicio de agua".

Isobel casi no salió de su apartamento en las afueras de Birmingham, Alabama, desde el 28 de septiembre cuando la corte del distrito ratificó la ley. Ella está encerrada, privada de la luz natural y de casi todo contacto con el mundo exterior. Hay cajas de agua embotellada, arroz, fríjol y tortillas almacenados contra la pared de la sala — lo suficiente para que le duren a su familia por varias semanas. Las cortinas están corridas y las luces encendidas, aunque sea temprano en la tarde. Ella sale del apartamento solamente una vez a la semana, para comprar las cajas de lo necesario del Wal-Mart local. Un día después de que la ley fuera ratificada, Isobel vio a tres patrullas de la policía recorriendo el complejo residencial, en el que viven mayormente hispanos. Corrió la voz de que la policía les estaba pidiendo a los hombres en la calle que entraran a sus casas o que los arrestarían. Desde ese entonces ella casi ni se pone un pie en la calle. Ella ya no conduce el coche. Bajo la nueva ley, la policía tiene que revisar los documentos de inmigración de cualquier "sospechoso" que pare por cualquier infracción común de tránsito — una luz trasera que le falte, quizás, o parquear en un lugar equivocado. "Si ellos me ven, pensarán que soy sospechosa y me detendrán indefinidamente", dice Isobel.

(Estas historias son de "The grim reality of life under Alabama’s brutal immigration law", Ed Pilkington, Guardian UK, 14 de octubre de 2011).

Un día la ley entra en vigor y uno deja de ser una persona. Ningún contrato que firme tendrá vigencia en la corte, así que ¿cómo puede rentar una vivienda? Cualquier contacto con la policía o autoridad del gobierno requiere prueba de estar aquí legalmente, y si no uno tiene documentos, eso puede causar la detención inmediata e indefinida. Temeroso y asustado, usted toma a su familia y lo que pueda llevar y rápidamente se muda fuera del estado, saliendo a media noche, para ser menos notado. "Tenemos que mudarnos. Tenemos que dejar todo. No podemos llevar nada porque me da miedo que nos paren y pregunten ¿por qué se están mudando?" ("Latino Students Withdraw From Alabama Schools After Immigration Law Goes Into Effect", Olivia Katrandjian, ABC News, 1º de octubre de 2011). Otras familias son separadas cuando los padres toman a sus hijos y se mudan a México o Centroamérica mientras dejan a sus hijos mayores que tienen ciudadanía estadounidense, creyendo que sus hijos tendrán una mejor vida aquí.

Esta es Alabama en el 2011. Se parece a los primeros días de la Alemania nazi.

La ley de Alabama, HB 56, llamada el "Alabama Taxpayer and Citizen Protection Act", es parte de una campaña de represión fría, despiadada e incesante contra inmigrantes que dio un salto con la ley SB 1070 en Arizona en el 2010, ha cobrado impulso con leyes similares en Utah, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y ahora ha llegado un abismo sádico en Alabama.

Aunque las cortes dictaminaron en contra de unas pocas disposiciones muy crueles de la ley, su médula se mantiene intacta. Anteriormente este año, la Corte Federal de Distrito en Alabama y la XI Corte de Circuito de Apelaciones aprobaron la mayoría de las disposiciones de la ley aprobada en Alabama.

El proyecto de ley fue ratificado con firma el 9 de junio de 2011 y entró en vigor el 1º de septiembre. Líderes religiosos, organizaciones de derechos civiles y el gobierno federal la impugnaron ante la Corte Federal de Distrito. La jueza Sharon Lovelace Blackburn detuvo la aplicación de la ley por un mes, hasta el 28 de septiembre, para tener tiempo para emitir una resolución. El 28 de septiembre, dictaminó en contra de varias disposiciones de la ley — las que establecen que es delito que los inmigrantes indocumentados pidan trabajo; que es delito albergar, ayudar o transportar a inmigrantes indocumentados; y que impidieron que los inmigrantes indocumentados estudien en universidades públicas.

Se permitió que entraran en vigor las demás disposiciones, incluyendo las que requieren que las escuelas determinen el estatus migratorio de los "niños sospechosos" y que requieren que la fuerza pública chequee el estatus migratorio de todas las personas que para y de mantener personas en la cárcel hasta que determine su estatus migratorio, aunque estuviera claro que iba a haber una apelación.

El gobierno federal apeló la resolución de la XI Corte de Circuito de Apelaciones el 12 de octubre, y el 14 la Corte de Circuito emitió su resolución que prohibía la implementación de otras dos disposiciones de la ley: las que requieren que las escuelas públicas determinen el estatus migratorio de sus estudiantes y la que convierte en delito no haberse inscrito como un extranjero con el gobierno. Pero la ley tal como queda requiere que la policía y otras fuerzas del orden chequeen el estatus migratorio de todos los individuos que "sospechen razonablemente" de ser indocumentados. Si la policía arresta a una persona por conducir sin licencia, puede detenerla hasta que determine su estatus migratorio; si encuentra que no tiene documentos, la entregará a las autoridades de inmigración. La ley prohíbe que las cortes de Alabama hagan valer contratos con alguien sin documentos —un préstamo, un contrato de venta, un contrato de trabajo, un contrato de arrendamiento— ninguno de estos tendrá validez para las cortes de Alabama si uno es indocumentado. La ley estipula que sea delito toda "transacción de negocios" en que participe un indocumentado con el estado de Alabama o una subdivisión del estado. Esta es la disposición de la ley que permite que la compañía del servicio público de agua pida ver la licencia de conducir como prueba de que la persona está aquí legalmente antes de que le conecten el agua.

El Instituto de Reforma de la Ley de Inmigración (IRLI) juega el papel de ayudar a entidades —desde el Congreso, a los estados, a los individuos— a redactar leyes anti-inmigrantes, fascistas y racistas y facilitar su paso por las cortes. Ayudó a redactar la ley de Alabama y la define como un modelo. La ley incluye medidas extremas para expulsar a los latinos de Alabama — los defensores lo llaman la "auto-deportación". A sabiendas de los problemas que tuvo la ley SB 1070 de Arizona en la corte federal, la ley de Alabama la redactaron cuidadosamente con lenguaje explícito que avala las leyes federales de inmigración y plantea que no permitirá que ningún funcionario estatal viole esas leyes federales, para estar mejor blindada contra las impugnaciones de las cortes. "Si persiste la tendencia de los últimos cinco años, el modelo de Alabama será una piedra de toque para otros estados en las sesiones legislativas del 2012 y también servirá como una pauta influyente para una reforma nacional de parte del Congreso", dijo Trista Chaney, una abogada de IRLI que ha trabajado extensamente sobre la legislación anti-inmigrante que está apareciendo en estados por todo del país. "Por eso llaman a los estados laboratorios de democracia ciudadana", agregó Chaney. ("Alabama Passes the Most Advanced State Immigration Law in U.S. History", irli.org.)

Las fuerzas fascistas anti-inmigrante están reforzando esta limpieza étnica de estado a estado, algunas veces de pueblo a pueblo, aprobando leyes y ordenanzas que hacen que sea imposible para los inmigrantes trabajar, rentar casas, conseguir una licencia de conducir, hablar su idioma, enviar sus hijos a la escuela, obtener cuidado médico. En el primer trimestre del 2011, 30 estados sometieron proyectos de ley relacionados al modelo de la SB 1070 de Arizona. Al mismo tiempo esas fuerzas fascistas han trabajado para crear una atmósfera venenosa que satanizara a los inmigrantes, tachándolos como traficantes de drogas, traficantes de armas, miembros de narco-pandillas, y chivos expiatorios por las penurias económicas que enfrentan hoy una gran parte de la sociedad estadounidense.

Consecuencias intencionadas

Esta ley también ha suscitado trastornos y tensión entre otros sectores de la población. Los agricultores de Alabama acostumbraban contratar a inmigrantes que, por no tener documentos, estaban dispuestos a hacer el trabajo agotador de pizcar tomates y otros cultivos por sueldos terriblemente injustos. Pero ahora escasea esa mano de obra barata. Lana Boatwright, que cultiva tomates, dijo que ella y su marido han empleado a los mismos equipos durante más de una década en la pizca, pero solamente ocho de los 48 trabajadores que necesitaban llegaron después de que entró en vigor la ley. "Mi marido y yo los llevamos a la tienda por la noche y hacemos sus compras porque tienen miedo de ser arrestados". Chad Smith, que también cultiva tomates, dijo que normalmente su familia tendría a 12 camiones trabajando en los campos, pero sólo tenían los trabajadores para tres. Calculó que la familia podría perder hasta $150.000 esta temporada debido a la falta de trabajadores. ("Immigration law author tells farmers: No changes", David Martin, Associated Press, 4 de octubre de 2011.) Los agricultores están perdiendo sus negocios y algunos hablan de no sembrar nada la próxima temporada sin estar seguros de que habrá mano de obra para la pizca. Trastornos semejantes están sucediendo en otras industrias que dependen de la mano de obra inmigrante.

Los comentaristas se están refiriendo a esas pérdidas económicas como consecuencias no intencionadas de esta ley. Pero la gente que redactó y presionó por la aprobación de HB 56 sabía muy bien que iba a ocasionar esos trastornos. Kris Kobach, el secretario de Estado de Kansas, ex abogado del IRLI y autor entre bastidores de HB 56 de Alabama, SB 1070 de Arizona y otros proyectos de ley anti-inmigrante a través de Estados Unidos, dice que la ley está funcionando tal como fue planeada: "Estamos desplazando a los trabajadores ilegales. Eso puede causar dolor a corto plazo para algunos, pero los mercados se adaptarán…. Tal vez tengan una temporada con algunas pérdidas y tal vez tengan que aumentar los sueldos. Pero hay unas 200.000 personas desempleadas en Alabama y como resultado de esta ley, muchas encontrarán trabajo". En respuesta a esa idea de contratar a los desempleados, el agricultor tomatero Jamie Boatwright dijo: "Desde que entró en vigor esta ley, un total de 11 norteamericanos me pidieron trabajo. Un total de uno de ellos regresó al día siguiente… esa persona pizca cuatro cajones de tomates, salió del campo y dijo ‘al carajo esto’". Otros partidarios de la ley proponen que se utilice la mano de obra de los presos en lugar de los inmigrantes sin papeles.

Los proponentes de esta ley fascista reconocen que están creando penurias económicas en sectores de la gente que es parte de su base. Al mismo tiempo que ofrecen "soluciones" como los desempleados y los presos como una nueva sub-clase de trabajadores, tienen un objetivo más estratégico y están decididos a superar todo obstáculo. Un sector de la clase dominante que espera volver al contrato social de la supremacía masculina y supremacía blanca que sirve de aglutinador para conservar la unidad de Estados Unidos esta azuzando y financiando a esos acérrimos racistas. Les enfurece que personas de otras partes del mundo estén convirtiendo a Estados Unidos en una sociedad multicultural y multilingüe; consideran que eso denigra y constituye una peligrosa fuerza centrífuga que está deshaciendo a Estados Unidos. En su opinión, si es necesario establecer un régimen fascista para reestablecer los valores tradicionales y devolverle a Estados Unidos su grandeza anterior, pues que así sea.

¿Que respuesta ofrecen la administración de Obama y los demócratas — los llamados aliados de los latinos? Según Maria Hinojosa, periodista de Frontline, en el documental de octubre de 2011 "Lost in Detention" [Perdidos en detención], Obama ha presidido la deportación de más inmigrantes que cualquier presidente en la historia; pronto habrá un millón de deportaciones. Obama prometió que su programa "Comunidades Seguras" se centrara en deportar a "los delincuentes extranjeros" que han cometido serios delitos violentos. Pero el único "delito" cometido por la abrumadora mayoría de las 226.000 deportados bajo Comunidades Seguras en 2011 es venir a Estados Unidos en busca de la supervivencia para sí mismos y sus familias. ¿Por qué? Bob Avakian lo explica de manera muy sucinta: "Porque [los imperialistas estadounidenses] han cagado al mundo aún peor que lo han cagado a este país. En el proceso de adquirir su riqueza y poder, ellos lo han hecho imposible para mucha gente poder vivir en sus propios países". Las leyes migratorias estadounidenses que "los inmigrantes ilegales" están violando son totalmente injustas e ilegítimas.

Durante la batalla contra el SB 1070, Revolución describió la peligrosa trayectoria imperante.

"Obama y los demócratas también quieren el ‘orden’ sobre todo, pero más que nada no quieren convocar a la calle a la gente horrorizada por lo que está pasando, a ponerse en pie y oponerse a estos fascistas. Acomodarse y conciliarse repetidamente con el fascismo durante muchas décadas ha causado daños incalculables. Por demasiado tiempo ha animado e influenciado a la gente progresista a acomodarse con una dinámica en que, como ha señalado Bob Avakian, ‘la atrocidad de ayer llega a ser la ‘posición acomodaticia’ de hoy y los límites de lo que se puede imaginar mañana’, y ha contribuido a la desorientación de las personas progresistas ante este creciente movimiento fascista. Si se mantuviera en ese camino, el futuro constituiría solamente observar mientras las cosas se empeoran aún más, mientras continuamente encierran a las masas de inmigrantes en una posición más superexplotada y sin salida". ("Alto a los ataques fascistas del sistema contra los inmigrantes", Revolución #208, 25 de julio de 2010)

La explotación salvaje e implacable de millones de inmigrantes, con y sin papeles, es esencial para el funcionamiento del sistema de capitalismo-imperialismo en Estados Unidos y para su posición dominante en el mundo y la manera que esta inmigración ha beneficiado a Estados Unidos así como a México y los países centroamericanos. El dinero que los inmigrantes remiten a sus familias alivia el tremendo sufrimiento económico, pero la llamada promesa de una vida mejor en Estados Unidos se convierte en una "salida" de condiciones insoportables para millones de personas. Pero esta situación plantea problemas intratables para la clase dominante estadounidense. Los 11 millones de inmigrantes indocumentados en este país son una fuente potencial de instabilidad y "deslealtad". Todos los sectores de la clase dominante reconocen esta contradicción y aceptan que es preciso controlar a este sector de la población, pero tienen divergencias sobre cómo hacerlo específicamente. Ni las leyes fascistas ni los cientos de miles de deportaciones de Obama ofrecen una "mejor" opción para los inmigrantes.

¡Se necesita más resistencia!

En Alabama algunas masas que esta ley tiene en la mira se han negado a acatar esta orden de auto-deportación. El 3 de octubre, una semana después de que esta ley entró en vigor, cinco madres —todas ciudadanas estadounidenses blancas— se manifestaron contra HB 56 frente al tribunal federal de distrito en Birmingham. Sus cónyuges, los padres de sus hijos, no tienen papeles y las autoridades podrían arrebatarlos a sus familias en cualquier momento. ("HB56: American Kids Pay The Price", Maribel Hastings, Huffington Post, 6 de octubre de 2011.)

El 12 de octubre, cientos de personas en el noreste de Alabama no fueron al trabajo, la escuela y las tiendas para protestar contra la ley y demostrar el papel crítico que los trabajadores latinos jueguen en la economía. El boicot, convocado por emisoras radiales y de televisión en español, estaba más fuerte en la parte del estado donde está concentrada la industria avícola. Al menos seis plantas avícolas se cerraron o disminuyeron sus operaciones. La planta avícola Wayne Farms, la que normalmente emplea a 850 personas, estaba parada, y muchos negocios con clientes latinos no abrieron ese día. ("Alabama Latinos Protest New Law on Immigration", Jay Reeves, Associated Press, 12 de diciembre de 2011.)

El 16 de octubre en el pueblito de Athens en el norte de Alabama, tuvo lugar una marcha valiente de 200 personas para protestar contra la ley. Tamitha Villarreal y su novio, Armando, un inmigrante ilegal de México, decidieron quedarse y luchar para anular HB 56 en lugar de irse tal como hicieron muchos amigos de Armando. En su página de Facebook, Tamitha convocó a una marcha de protesta. A la hora señalada más de 200 personas —inmigrantes de México, Colombia y Guatemala con o sin papeles— se congregaron en el estacionamiento de un supermercado que estaba parado porque tantos clientes inmigrantes se habían ido. La gente llegó con pancartas hechas a mano y, según las noticias, "Fire in their bellies", es decir mucha indignación y furia. Marcharon por las calles de Athens durante tres horas, despejando el silencio dominical con gritos de "¡Basta ya HB 56!" ("Hispanic Limestone County Residents Protest Against Alabama’s New Immigration Law", Steve Doyle, Huntsville Times, 16 de octubre de 2011.)

Líderes religiosos, organizaciones de derechos humanos, maestros y estudiantes de la Universidad de Alabama-Birmingham y de otros planteles los han apoyado en las protestas contra HB 56 y siguen denunciando la ley. Scott Douglas III, un reverendo negro y director ejecutivo de los Greater Birmingham Ministries, publicó este reto a la juventud: "Si ustedes perdieron los años 60, ¿saben qué?, ya es su momento. Ahora pueden hacer el mismo tipo de contribución que hicieron los jóvenes en los años 60: tomar la delantera al decirle ‘no’ a este sistema que permite que las personas sean objeto de un trato peor que para los animales y que les priva de derechos humanos básicos. Todo ello en aras de infundirle miedo a la gente".

A todos los que anhelen un mundo diferente y mejor — sean inmigrantes o personas nacidas en Estados Unidos, con o sin papeles, jóvenes o mayores: lo que urge en una escala mucho más amplia que ahora es una resuelta resistencia en contra de estas leyes fascistas y el auge de detenciones y deportaciones, con el objetivo de crear un mundo en que todo ser humano recibe un trato de respeto y dignidad.

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