Revolución #281, 23 de septiembre de 2012


Una total exoneración de los torturadores de la CIA:
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El 30 de agosto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que no procesará a nadie en dos casos que había investigado, en que los presos murieron tras ser torturados por la CIA durante el régimen de George W. Bush.

Una razón por la que algunas personas apoyaron la candidatura presidencial de Obama en 2008 era que este prometió poner fin a la práctica y llevar ante la justicia a los responsables de uno de los crímenes más espantosos y peligrosos del régimen de Bush: la tortura en prisiones secretas, en muchos casos por la mera sospecha de que una personas fuera miembro de al-Qaeda o de otros grupos opuestos a Estados Unidos. Esa tortura era una violación ultrajante del derecho internacional, pero el régimen de Bush la justificaba y la legitimaba abiertamente. De hecho, existen pruebas de que han muerto más de 100 personas en la detención estadounidense, no a consecuencia de la “rendición” (la entrega de los presos a países, como el Egipto de Mubarak, con el objetivo de torturarlos, asesinarlos y desaparecerlos para siempre), sino que murieron precisamente a manos de torturadores de la CIA.

Cuando Obama se postuló para la presidencia en 2008, dijo que si fuera elegido, iba a pedir que el secretario de Justicia “repasara inmediatamente” cualquier evidencia de criminalidad en los programas de tortura, porque “nadie está por encima de la ley”. Pero más tarde, aun antes de la toma de posesión, Obama dejó en claro que se oponía a esas investigaciones, alegando una llamada “creencia en que necesitamos mirar hacia adelante en vez de hacia atrás”. Anunció la plena inmunidad para todo funcionario que habría cometido actos de tortura declarados legales por John Yoo y otros abogados del Departamento de Justicia.

Después de eso, en agosto de 2009, el secretario de Justicia Eric Holder dijo que iba a investigar la posibilidad de formular cargos en más de 100 incidentes de “abusos severos”. En junio de 2011, anunció que solo iba a proceder en dos de esos 100 casos.

Uno fue el caso de Gul Rahman, que murió congelado en el “Salt Pit”, una prisión secreta de la CIA en Afganistán, tras ser desnudado, golpeado y encadenado a una muralla de cemento a temperaturas bajo cero. El otro fue Manadel al-Jamadi, cuyo cadáver congelado envuelto en plástico lo ha visto todo el mundo en las fotos de las víctimas de tortura de la prisión de Abu Ghraib en Irak, bajo el control de la CIA. La autopsia no pudo determinar si murió debido al “trauma causado por una fuerza contundente” (la golpiza) o debido a la asfixia, pues, después de fracturarle seis costillas, le pusieron grilletes y lo colgaron cabeza abajo con una capucha en la cabeza, una posición que no le permitió respirar.

(A propósito, Romney dice que “no cree que el submarino constituya tortura”, no considera que “sea prudente... describir exactamente qué técnicas utilizaremos para los interrogatorios”, defiende la detención indefinida de las personas sin enjuiciarlas y se opone al cierre de la mazmorra de tortura estadounidense en Guantánamo.)

Ahora, NADIE del gobierno estadounidense tendrá que rendir cuentas por la tortura que se hacía sistemáticamente en todo el mundo por casi diez años bajo el régimen de Bush. Como señala Glenn Greenwald en el Guardian de Gran Bretaña (31 de agosto de 2012):

“Así queda el asunto, a pesar de las conclusiones del general Antonio Taguba, que investigó el régimen de la tortura y dijo: ‘ya no queda ninguna duda sobre la cuestión de si la administración actual cometió crímenes de guerra o no’ y ‘el único interrogante que queda por resolver es si los que ordenaron el uso de la tortura tendrán que rendir cuentas’. Incluso se hace eso a pesar de la siguiente observación extraordinaria del general Barry McCaffrey: ‘Torturamos a las personas sin piedad. Probablemente asesinamos a decenas de ellas en el curso de [esa tortura], tanto las fuerzas armadas como la CIA’”.

Por otra parte, el Departamento de Justicia SÍ está formulando cargo criminales contra John C. Kiriakou, un ex agente de la CIA que habló públicamente de aplicar el submarino; lo acusa de revelar a los periodistas la identidad de otros oficiales que tomaron parte en los interrogatorios. Además el Departamento de Justicia de Obama ha lanzado una despiadada campaña judicial contra Bradley Manning, un soldado del ejército estadounidense de 24 años de edad, que espera un consejo de guerra por supuestamente filtrar cientos de miles de documentos clasificados, publicados más tarde por el sitio web WikiLeaks. Manning ha estado en prisión por casi dos años y durante mucho de ese tiempo ha estado en condiciones carcelarias que constituyen la tortura.

Así que Obama y su Departamento de “Justicia” estadounidense han dado por terminado el asunto de la tortura cometida por la CIA, lo que significa que no se castigará a NADIE por la horrible tortura de que gobierno estadounidense es directamente responsable. Pero cuando se trata de sacar a la luz los crímenes de lesa humanidad por parte del gobierno estadounidense, ahí el gobierno de Obama es enérgico en usar toda su autoridad para castigar, encarcelar y hasta torturar.

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