El encubrimiento de los asesinatos oficiales ilegales
17 de febrero de 2013 | Periódico Revolución | revcom.us
El poder más extremista que cualquier dirigente político pueda ejercer es el poder de seleccionar a sus propios ciudadanos para ejecutarlos sin ningún cargo ni debido proceso legal, lejos de todo campo de batalla. La administración de Obama no sólo ha afirmado ese preciso poder en teoría sino que lo ha ejercido en la práctica. En septiembre de 2011, mató al ciudadano estadounidense Anwar Awlaki mediante un ataque de avión no tripulado en Yemen junto con el ciudadano estadounidense Samir Khan, y dos semanas después, en circunstancias todavía sin explicación, mató al hijo estadounidense de Awlaki, Abdulrahman, de 16 años de edad, en otro ataque de avión no tripulado en Yemen.
El columnista Glenn Greenwald,
The Guardian, 5 de febrero de 2013
En estos tres asesinatos oficiales de ciudadanos estadounidenses, no hubo cargos, evidencia, juicio, derecho a una defensa ni derecho de refutar la prueba en su contra. De hecho, lo hicieron todo en secreto: de la inclusión de sus nombres en la lista de personas para matar al acto de matarlos.
Un Libro Blanco para destripar el debido proceso legal
El 4 de febrero, el noticiero de la NBC divulgó un “Libro Blanco” del Departamento de Justicia que, según se informa, resume y embellece la justificación jurídica de la administración de Obama por tales asesinatos. El encubrimiento se intitula: “La legalidad de una operación letal apuntada contra un ciudadano estadounidense que es un alto dirigente operativo de Al Qaeda o una fuerza afiliada”.
Pero se le debería intitular: “Destripando la Constitución con el propósito de justificar el que el presidente asesine a cualquiera en cualquier parte por cualquier razón sin el debido proceso legal”.
En marzo de 2012, el procurador general estadounidense Eric Holder dio un discurso para defender y justificar la “lista de personas para matar” de la administración de Obama, que es una lista de individuos que han seleccionado para el asesinato por avión no tripulado lisa y llanamente por decreto presidencial. El quid del discurso de Holder fue su afirmación de que “—el debido proceso legal y el proceso judicial no son una y la misma cosa”.
Pero sin una revisión judicial, el debido proceso legal no tiene sentido. La V Enmienda de la Carta de Derechos a la Constitución estadounidense dice: “…a persona alguna… se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal” y la VI Enmienda dice que “…el acusado gozará del derecho de… ser informado sobre la naturaleza y causa de la acusación; que se le caree con los testigos en su contra; que se obligue a comparecer a los testigos en su favor y de contar con la ayuda de Accesoria Legal para su defensa”. Esos supuestos derechos son los elementos esenciales de lo que se llama “el debido proceso legal”.
En el sentido más fundamental, el derecho al debido proceso legal siempre ha sido una farsa: en los 200+ años de la existencia de Estados Unidos, un sinnúmero de individuos, sobre todo de las nacionalidades oprimidas, han estado metidos a las prisiones bajo acusaciones falsas y con la menor evidencia: la policía, como juez, jurado y verdugo, ha matado a un sinnúmero de individuos. Para colmo, el debido proceso legal nunca se ha aplicado a las personas masacradas por las fuerzas armadas estadounidenses en Vietnam, El Salvador, Haití y los muchos otros países objeto de sus invasiones.
Pero el rechazo de parte de la administración de Obama al debido proceso legal (en la forma de decir que no implica una revisión judicial) es una dramática escalada en la que los gobernantes estadounidenses se adjudican como su “derecho” de matar a cualquiera que se les oponga sin ninguna restricción.
¿Cómo es “el debido proceso legal” que Holder y Obama dicen que todavía existe? Leon Panetta, el saliente secretario de Defensa de Obama, lo resume así: “Obviamente el presidente de los Estados Unidos revisa estos casos, revisa la justificación jurídica y en conclusión dice, sí o no”. Ahí está el “debido proceso legal”.
Una “amenaza inminente” es lo que disponga el presidente
Una justificación central del Libro Blanco es que el presidente tiene que actuar sin revisión judicial a fin de lidiar con lo que supuestamente sea una “amenaza inminente” específica contra Estados Unidos debido de un “alto dirigente operativo” de Al Qaeda o una “fuerza afiliada” (subrayado agregado).
El Libro Blanco define una “amenaza inminente” así: “En primer lugar, la condición de que un dirigente operativo represente una amenaza ‘inminente’ de un ataque violento contra los Estados Unidos no requiere que los Estados Unidos tenga claras evidencia de que ocurrirá en el futuro cercano un ataque específico contra unos individuos o intereses de Estados Unidos”.
O sea, ¡una “amenaza inminente” no tiene que ser ni inminente ni tampoco una amenaza!
Poco después del asesinato de Anwar al-Awlaki, Obama lo justificó en declaraciones ante los medios informativos (pero desde luego no en el proceso, que nunca se sostuvo). ¿Cómo? En parte, al decir: “[al-Awlaki] repetidamente pidió que unos individuos en los Estados Unidos y por el mundo mataran a hombres, mujeres y niños inocentes a fin de promover una agenda mortífera”.
No hubo ninguna acusación de que la víctima de este asesinato hubiera cometido un delito, de que fuera un “alto dirigente operativo” de Al Qaeda, de que matara a alguien o ordenara el asesinato de alguien. Para colmo, mediante declaraciones semejantes (a los que los medios informativos de la clase dominante les hicieron eco y repitieron sin fin), condicionan a la población de modo que acepte tales afirmaciones del presidente para legitimar el asesinato de ciudadanos estadounidenses.
En una palabra, una “amenaza inminente” que supuestamente justifica el asesinato ilegal, ilegítimo e inconstitucional sin proceso a ciudadanos estadounidenses es lo que disponga el presidente.
La ominosa elección de “fuerzas afiliadas”
En vista de la definición tan falsa (y engañosa) de una “amenaza inminente” en este Libro Blanco, es muy ominoso que el mismo insiste en que se lleven a cabo tales asesinatos no solo contra al Qaeda sino contra cualquiera que el gobierno estime que sea una “fuerza afiliada”.
Para repetir, si el gobierno puede seleccionar a cualquier ciudadano estadounidense para asesinato al decir que su actividad, sea cual fuere, constituye una “amenaza inminente”, pues imagínese quién pudiera considerarse una “fuerza afiliada” de “los terroristas”.
Si ellos le pueden hacer eso a un ciudadano estadounidense…
Por sus propias razones, algunas fuerzas en la clase dominante estadounidense y en el Congreso han manifestado inquietudes acerca de este Libro Blanco y la “lista de personas para matar” del presidente. Al parecer, los términos principales del “debate” son: seguir asesinado a cualquiera en cualquier lugar pero con un barniz de algo parecido a una revisión judicial.
Pero ninguna de esas inquietudes ni siquiera dice que parte de los intereses de la humanidad. Al contrario, parten de la premisa de que cualquier crimen está bien siempre y cuando la víctima no sea un ciudadano estadounidense.
He aquí lo que en realidad está en juego en la realidad de que están seleccionando abiertamente a unos ciudadanos estadounidenses para el asesinato ilegal sin juicio: si el gobierno estadounidense puede hacerle esto a unos ciudadanos estadounidenses, o sea, los individuos que estas políticas supuestamente “protegen”, eso allana el camino para crímenes mucho mayores contra los pueblos del mundo.
Desde esa perspectiva, es necesario denunciar y protestar contra el encubrimiento en el Libro Blanco.
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