Operación Streamline: La criminalización generalizada e injusta de inmigrantes
17 de marzo de 2014 | Periódico Revolución | revcom.us
De lunes a viernes, a la 1:30 de la tarde, un Tribunal Federal en Tucson, Arizona, se llena de grupos de hombres y mujeres encadenados de las manos y los pies. Los desfilan, en grupos de siete, ante un juez federal. Todos son de México o Centroamérica. A cada uno lo acusan de uno de dos delitos federales: entrada ilegal a Estados Unidos, un delito menor que lleva una sentencia que va de 30 días hasta 6 meses en una prisión federal, una cárcel del condado o una prisión privada; o reentrada ilegal, que lleva una posible condena de dos años de prisión, o hasta 20 años si la persona fue condenada anteriormente de un delito agravado.
Justicia imperialista y criminalización generalizada
Al concluir la tarde, el tribunal habrá oído, condenado y sentenciado a más o menos 70 personas. A cada una le habrá tocado unos 25 segundos para oír las acusaciones, hacer una declaración y recibir la condena. Uno de los jueces que maneja este proceso estilo línea de ensamble de “justicia” imperialista se jactó a un reportero, “mi record es de 30 minutos” (para procesar a todos). Continuó, “Lo que hacemos es constitucional, cumple con el debido proceso. Pueda que no se vea bien, pero satisface los requisitos de la ley”.
En media hora, más o menos, las vidas, esperanzas y sueños de 70 personas empobrecidas y desesperadas para buscar trabajo quedan aplastados dentro de los procedimientos constitucionales de un sistema capitalista imperialista fundamentado en la explotación salvaje de personas a través del mundo.
Todos los días ocurren semejantes escenas en El Paso, Del Río, Laredo, McAllen y Brownsville, Texas; Las Cruces, Nuevo México y Yuma, Arizona. Eso es la “Operación Streamline (Agilizar)”, un programa al cual lo inició la administración de George W. Bush y lo expandió enormemente la de Obama. Los inmigrantes agarrados por la Patrulla Fronteriza al batallar para cruzar desiertos, praderas, montañas y cañones en temperaturas extremas de calor o frío son encadenados de los pies, apiñados en autobuses y traídos inmediatamente al calabozo. Muchos ya habían viajado durante semanas desde el interior de México antes de ser cazados en el último tramo al brincar la frontera hasta El Norte. No les permiten bañarse o cambiar la ropa. Muchas veces no les dan de comer. Al día siguiente los llevan ante el juez para tener su día en la corte, o más bien, su medio minuto en la corte.
Sólo en 2011, condenaron a más o menos 62 mil inmigrantes como criminales bajo la Operación Streamline. La criminalización generalizada de inmigrantes es un componente clave de la política migratoria de un sistema criminal.
Según le contó Fabiana Ramos a un reportero, le habían dicho exactamente qué tenía que hacer y contestar en el tribunal de Tucson. Solamente debía responder cuando decían su nombre, contestar “sí” a cualquier pregunta y simplemente decir “culpable” cuando le leyeran la acusación. Dijo que los abogados que les aconsejaron a ella y los demás “simplemente te van a decir lo que tienes que decir, lo que a te conviene decir a ti. Que me convenía decir que yo sí era culpable, y que sí aceptaba el tiempo que me daban. Son como 10 minutos, al parecer”. Según estadísticas oficiales, el 97% de los arrestados se declaran culpables.
Cruel “imposición de consecuencias”
Michael J. Fisher, el jefe de la Patrulla Fronteriza estadounidense, le informó al congreso en octubre de 2011 que la Operación Streamline y otras medidas son parte del “enfoque totalidad-de-gobierno” de la administración de Obama en el asalto represivo contra su frontera suroccidental con México. En el contexto de lo que Fisher describió como “niveles históricos de personal, tecnología y recursos que el Departamento de Seguridad de la Patria ha desplegado en la frontera”, describió un “sistema de imposición de consecuencias” para castigar dura y rápidamente a los inmigrantes arrestados en la frontera.
La Operación Streamline es un componente clave de este proyecto: es la aplicación específica de “tolerancia cero” con los detenidos en la frontera. Requiere el proceso penal contra la mayoría de los inmigrantes detenidos en los distritos donde rige esta Operación, en contraste con la antigua política de procesarlos en el juzgado de lo civil y permitir a muchos abandonar el país voluntariamente. Como escribió el New York Times, “Operación Streamline es "el núcleo de un programa federal en vigor en tres estados fronterizos, que hace uso del proceso y encarcelamiento como un freno de primera línea contra las personas que tratan de cruzar la frontera ilegalmente. Es parte de una estrategia más amplia de intensificar las consecuencias para las personas que violan las leyes migratorias”. En otras palabras, primero Bush y ahora Obama han criminalizado la inmigración a un nivel sin precedente.
Streamline es una de nueve medidas federales entrelazadas, a las cuales las inició o las fortaleció la administración de Obama, que pretenden “establecer prioridades claras… de aumentar la seguridad fronteriza”, según Fisher. Incluyen tales medidas como el “Programa de Salida y Traslado de Extranjeros” que lleva a los deportados hasta una cruce de frontera muy lejos de donde los arrestaron, y el “Procedimiento de Repatriación al Interior de México”, que manda a mexicanos hasta el interior del país en vez de los estados fronterizos, sin importar su estado de origen.
En los últimos años se han disparado las condenas por delitos graves federales “relacionados con la inmigración”. Un informe oficial en 2011 reportó que el número de personas arrestadas por las autoridades federales por cargos migratorios de hecho disminuyó en la década anterior, sin embargo el número de personas procesadas se triplicó. Ya para el septiembre del año pasado, el número de procesos contra inmigrantes en tribunales federales alcanzó un máximo histórico de casi 100.000 personas, o sea, un aumento de 367 por ciento en 10 años.
Conflicto agudo, potencial revolucionario
Un debate intenso y enconado sobre una nueva ley migratoria ha convulsionado a Washington durante el año pasado. Como escribió Revolución en ese entonces, este proyecto de ley “no tiene nada que ver con reformar la situación de opresión en beneficio de la gente. Al contrario, es una parte integral de una mayor aceleración de la militarización brutal de la frontera entre Estados Unidos y México, y la instauración de una inscripción y de ataques altamente represivos contra millones de inmigrantes en Estados Unidos, con el fin de controlar y explotar con mayor eficiencia a un sector de la población que la clase dominante de este sistema capitalista imperialista necesita pero que también teme, todo bajo el pretexto de facilitarles un ‘camino a la ciudadanía’” (“Nuevo proyecto de ley migratoria: Un salto ominoso de la represión y la resistencia que se necesita”).
Tanto los demócratas como los republicanos concuerdan en la necesidad de intensificar y expandir el control y la represión de inmigrantes. Siguen discrepando, muchas veces tajantemente, en cómo lograr eso. En este momento no queda claro cómo resolverán esos desacuerdos este año, si es que logren hacerlo, y Revolución publicará un análisis más detallado de ese proceso.
Pero es importante notar ciertos temas ahora. Uno es que el proyecto de ley general sobre inmigración que se aprobó en el Senado en 2013 contenía, entre otras medidas altamente represivas, la triplicación de fondos para la Operación Streamline. Pero los republicanos atacaron incluso ese proyecto, acusando a Obama y los demócratas de ser “muy blandos” y en particular por no erogar suficiente recursos para convertir a la frontera, ya militarizada, en una zona de muerte aún más despiadada.
Otro tema es que tanto su necesidad de forjar una nueva política migratoria/fronteriza, y su dificultad de llegar a un tipo de acuerdo entre los gobernantes para lograr ese fin, son expresiones de la profundidad y volatilidad de las contradicciones en torno a la inmigración y la relación entre Estados Unidos y México, las que confrontan este sistema de explotación y opresión. Los inmigrantes en Estados Unidos forman un sector extremadamente explotado; continuar esa explotación es esencial para el funcionamiento de un sistema que se basa en las ganancias arrancadas al trabajo de millones de personas. La dominación yanqui de México y los países centroamericanos es un eje de su imperio global. Evitar y restringir levantamientos en potencia en esos países, que tendrían repercusiones inmediatas, directas e impredecibles dentro de Estados Unidos, es de gran importancia estratégica para los imperialistas.
Al final, y de mayor importancia para los que están forjando un movimiento para la revolución, los millones de inmigrantes, con papeles o sin papeles, son una tremenda fuente potencial de fuerza revolucionaria en Estados Unidos. Es necesario que la resistencia a la Operación Streamline que empieza a propagarse en Arizona y otros lugares, y la resistencia a todos los ataques contra inmigrantes, se construya cada vez más como una parte de forjar el movimiento para la revolución, con la orientación de “luchar contra el poder, y transformar el pueblo, para la revolución”.
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