Del Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar
México: Crecen protestas tras el secuestro de 43 estudiantes
13 de octubre de 2014 | Periódico Revolución | revcom.us
Demonstrators chant slogans during a march to protest the disappearance of 43 students from the Isidro Burgos rural teachers college in Chilpancingo, Mexico, October 8. AP photo.
6 de octubre de 2014. Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar. Crecen las protestas en el pueblito de Ayotzinapa y en el circundante estado de Guerrero en el suroeste de México tras un ataque policial contra normalistas que dejó seis muertos en el lugar y 43 desaparecidos, algunos de los que podrían estar entre los 28 cuerpos carbonizados descubiertos el 5 de octubre cerca de la ciudad de Iguala. Se convocó a paros en todo México para el 8 de octubre para exigir que el gobierno entregue a los desparecidos. A pesar del hecho de que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, mandó fuerzas nacionales de seguridad, un miembro del grupo recién formado de padres de familia de los desaparecidos de Ayotzinapa declaró: “No hay ninguna razón por confiar en el gobierno si el mismo gobierno los secuestró”.
La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, con 500 estudiantes, se conoce desde hace décadas, igual a otras normales rurales, como semillero de oposición al gobierno y al estatus quo en México. El 26 de septiembre cerca de 150 jóvenes de Ayotzinapa fueron a la ciudad de Iguala para propagar sus demandas estudiantiles y recaudar fondos para viajar a la Ciudad de México para una manifestación en conmemoración de la infame masacre en la Plaza de Tlatelolco en 1968 cuando fuerzas oficiales acribillaron a cientos de estudiantes y otros manifestantes en la capital.
Los normalistas abandonaron Iguala esa noche de regreso a Ayotzinapa. Los tres autobuses en que viajaban fueron baleados por la policía al salir de la terminal. Unos kilómetros más adelante la policía y otras fuerzas volvieron a atacar los autobuses, les cortaron el paso, los acribillaron con rifles de asalto y obligaron a los estudiantes a bajar. Mataron a tres en el lugar, aunque los informes han sido contradictorios. Otros 43 desaparecieron. Dicen testigos que hombres agarraron a los compañeros normalistas, los obligaron a subir a camionetas y se los llevaron en la oscuridad.
Muchos jóvenes lograron huir. Cuando algunos regresaron al lugar unas horas más tarde con periodistas locales, hombres en furgonetas particulares los volvieron a tirar balazos.
En otro incidente esa noche, enmascarados balacearon un camión que llevaba un equipo juvenil de futbol, aparentemente confundiéndolos con los normalistas, y mataron a dos personas a bordo y a una mujer en un taxi que iba de paso.
Las autoridades locales pretextaron que los normalistas habían “secuestrado” los autobuses y que la policía simplemente trató de parar los vehículos robados. (Un sobreviviente dijo más tarde que los conductores habían acordado en darles un aventón a casa.) Dijeron que los desaparecidos andan escondidos para que no los arresten. Les tocó a los estudiantes y sus familiares recabar una lista de los desaparecidos.
La “investigación” oficial del incidente fue tan tibia que familiares se pusieron a buscar posibles testigos. Tomaron una estación radial local para pedir que se presentara toda persona con información.
El 3 de octubre estudiantes y familiares hicieron una marcha de antorchas en la capital estatal de Chilpancingo para exigir la presentación con vida de los compañeros. Al día siguiente, cientos protestaron en frente de la residencia del gobernador, y pelearon con la policía cuando les dijeron que no les iban a permitir ir a posibles fosas para identificar a los cadáveres. El 5 de octubre, cuando las autoridades confirmaron que habían encontrado fosas comunes, cerca de 2.000 estudiantes y familiares bloquearon una carretera importante en Chilpancingo con una enorme bandera que dijo: “Vivos se los llevaron, y vivos los queremos”. También bloquearon calles en Acapulco, la ciudad más grande de la región.
Las autoridades estatales anunciaron que descubrieron por lo menos 28 cadáveres quemados, enterrados en los cerros en las afueras de Iguala. Le dijeron a un periodista que aparentemente a los víctimas los llevaron en camioneta hasta terminar el camino de terracería, de ahí los obligaron a subir al cerro y los mataron a balazos, y quemaron y echaron los cadáveres a varias fosas. Pero se les dijo a otros periodistas que las seis fosas comunes pueden ser el resultado de incidentes anteriores no relacionados, entre cárteles de narcotraficantes. Personas del gobierno han dicho que la identificación de los cadáveres puede tardar semanas o hasta meses. Un equipo forense ha llegado de Argentina, especialistas en identificar cadáveres de los miles de desaparecidos de la represión política ahí en las décadas de los setenta y ochenta, aunque hasta la fecha las fuerzas armadas mexicanas han mantenido control exclusivo de las fosas.
Hasta la fecha 37 familiares han entregado muestras de ADN, lo que ha tenido el efecto de socavar las declaraciones oficiales que implican que quizás nunca se conozcan las identidades de los muertos y otros hechos. En un país donde abundan las matanzas no resueltas, con 13.000 personas en la lista oficial de desaparecidos, no ha sido difícil que las autoridades siembren confusión.
Las autoridades estatales le echaron la culpa al gobierno municipal, diciendo que muchos policías eran integrantes del cártel Guerreros Unidos, así que “no eran policías de verdad”. Han arrestado a más de 30 policías y presuntos sicarios de los carteles. Los normalistas le han dicho a la prensa que, al contrario, los funcionarios y policías locales recurrieron a los sicarios para reprimir un desafío político.
El gobierno ha mandado policías federales, otras fuerzas de seguridad y el ejército para tomar el control en Iguala, cuyo alcalde y jefe de policía se escabulleron cuando se dictaminó una orden de detención en su contra. En vez de confiar en esta presencia federal, muchas personas se acuerdan de la masacre de 21 jóvenes por el ejército en junio del año en curso en Tlatlaya, en el estado de México, que colinda con el estado de Guerrero. Al descubrirse aquella matanza, el secretario de Defensa, encargado de las fuerzas armadas, dijo que los soldados se defendían de un ataque de sicarios, pero más tarde las evidencias indicaron que los jóvenes, de una zona muy pobre, se habían rendido al ejército, que éste los ejecutó sumariamente.
Una columna de opinión del diario nacional La Jornada calificó la matanza y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa de “crimen de Estado” —“la represión gubernamental… ha puesto también a su servicio la violencia del crimen organizado”.
En cuanto a tanta bulla de parte de los gobiernos estatales y federales que pretenden responsabilizar a los funcionarios municipales y policías corruptos solamente, muchos hechos les desmienten, entre ellos la historia de otro ataque contra normalistas de Ayotzinapa en diciembre de 2011. Un artículo de ese entonces de Aurora Roja, la publicación y página web de la Organización Comunista Revolucionaria de México (OCR), en ese entonces explicó la responsabilidad del gobernador, Ángel Aguirre Rivero, un representante del Partido de la Revolución Democrática que aún reina en Guerrero, y el gobierno federal.
En aquel incidente, cientos de estudiantes habían reunido con una organización campesina y una organización indígena mixteca para bloquear una carretera; exigían que el gobernador Ángel Aguirre cumpliera con sus demandas de suavizar los requisitos para entrar, mejorar el equipo y la comida, y aumentar el número de plazas para los egresados. Las fuerzas de seguridad mataron a dos con tiros a la cabeza, e hirieron a otros. Secuestraron a un estudiante y lo obligaron a tirar un AK-47 para fabricar pruebas de que estudiantes armados habían atacado a la policía. El gobernador denunció a los manifestantes de “seudo estudiantes” y sus demandas de inaceptables. Muchas personas creen que Aguirre estaba detrás del ataque de 2011. Aún en funciones, ahora le echa la culpa de este crimen reciente a la policía y el acalde de Iguala.
El artículo en Aurora Roja desmiente el argumento del gobernador de que no se necesita más normales porque no se necesitan más maestros. “Muchas comunidades rurales, sobre todo indígenas, no tienen maestros de primaria… Lo que el gobierno llama ‘el comportamiento demográfico’ que supuestamente justifica cerrar escuelas por la migración de la gente, en realidad es el resultado de la embestida del gran capital por expulsar del campo a los campesinos, apoderarse del agua, los bosques, el oro y la tierra, despojando a las comunidades indígenas y forzándolas a emigrar o morir de hambre o ante las balas de los militares y paramilitares.
“‘No más maestros’ es la posición de todos los niveles de gobierno, no porque ya no hay niños que los necesiten, sino porque educar a esos niños ya no es de interés en el nuevo esquema educativo diseñado por instituciones imperialistas como la OCDE (Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico) y el Banco Mundial… un ataque general contra la educación pública que crea mayor desigualdad…”.
“El gobierno quiere eliminar estas escuelas [normales] porque chocan con los intereses del sistema… y por otra parte por querer sofocar el activismo social en estas escuelas que… han llamado ‘semilleros de guerrillas”’. Varios líderes importantes de la guerrilla en los años setenta salieron de Ayotzinapa y otras normales rurales semejantes, y el gobierno actual ha chocado frecuentemente con grupos organizados de maestros.
En pocas palabras, ahora y durante años, los estudiantes de Ayotzinapa y normales similares han sido una gran piedra política en el zapato del gobernador guerrerense y el gobierno federal.
La OCR se ha reunido con otros para lanzar una “Red Nacional de Resistencia — Alto a la Guerra Contra el Pueblo” y organizar una “Semana Nacional de Resistencia” del 20 al 26 de octubre. El llamado para las protestas de esa semana denuncia los masacres cometidos “por las guardias armadas de este sistema capitalista, cuyos jefes políticos y militares están coludidos con los jefes del narco” en una guerra que se propaga entre diferentes sectores del estado y capitalistas así como sus respectivos aliados narcotraficantes, y más que todo contra el pueblo. Una guerra al servicio de un sistema explotador e ilegítimo, armado y metido en el puño de los gobernantes yanquis, cuyos autoridades y fuerzas armadas son integradas e incrustadas en las estructuras criminales oficiales y extraoficiales. (Ver aurora-roja.blogspot.com)
El Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar es un servicio de Un Mundo Que Ganar, una publicación política y teórica inspirada por la formación del Movimiento Revolucionario Internacionalista, el centro embrionario de los partidos y organizaciones marxista-leninista-maoístas.
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