Feroz conflicto dentro de la Suprema Corte sobre matrimonios del mismo género
15 de julio de 2015 | Periódico Revolución | revcom.us
El 26 de junio, con 5 votos a favor y 4 en contra, la Suprema Corte de Estados Unidos decidió que “…parejas del mismo género pueden ejercer el derecho fundamental de casarse en todos los estados. Por consecuente la Corte también tiene que fallar —y sí falla ahora— que no hay razón jurídica para que un estado rehúse reconocer un matrimonio del mismo género legalmente realizado en otro estado por el hecho de ser del mismo género”.
Esta decisión de gran envergadura entró en vigor inmediatamente. Fue celebrada en los desfiles del orgullo gay por todo el país. En los estados donde los matrimonios del mismo género no eran legales, hicieron colas en las oficinas de registro civil para casarse. Como dijimos la semana pasada en Revolución “El derecho a casarse es un derecho básico. La negación de este derecho ha en esencia privado, durante cientos de años en este país, a las personas LGBT de su humanidad. Este ha sido una injusticia y ultraje histórico y horrible. Hace mucho tiempo que se había necesitado este fallo, ¡y es algo parar celebrarse!”.
Este es un cambio significativo con respecto a la jurisprudencia estadounidense. Hace menos de 20 años, en 1996, el presidente Bill Clinton, un demócrata, decretó la infame Ley de Defensa de Matrimonio. Esa odiosa ley falló que “la palabra ‘matrimonio’ solo significa una unión legal entre un hombre y una mujer como esposo y esposa, y que la palabra ‘esposo’ o ‘esposa’ solo se refiere a la persona de género contrario que es un esposo o una esposa”. También dictó que ninguna entidad gubernamental podía ser obligada a “dar efecto a ningún acto público… respetando una relación entre personas del mismo género tratado como matrimonio bajo las leyes de (otra entidad gubernamental)”.
La Suprema Corte: Una institución de la clase dominante
Con frecuencia se le presenta a la Suprema Corte como un órgano separado de catedráticos en derecho, cuyas decisiones son puramente basadas en interpretaciones de la ley, tal como está asentado en la Constitución estadounidense. Supuestamente es impermeable a la presión política y no tiene que considerar los acontecimientos en una sociedad que está cambiando constantemente. Nada podría ser más lejos de la verdad. Por ejemplo, la Suprema Corte defendió la constitucionalidad de la esclavitud durante generaciones. Y después, también por generaciones, defendió la discriminación abierta —el Jim Crow original— cuando falló que “iguales pero por aparte” era legal. Los cambios sobre cómo la Suprema Corte interpreta la Constitución son impulsados en buena medida por factores políticos.
La Suprema Corte es un órgano de la clase dominante estadounidense que, como dice Bob Avakian (BA), ofrece interpretaciones de la ley que “…reflejan y sirven de manera fundamental a las relaciones sociales prevalecientes (y, cabe repetir, las relaciones de producción sobre todo) y los intereses y necesidades de la clase dominante, una interpretación que puede cambiar según cambian las formas particulares en que aquellas relaciones e intereses se expresan y son entendidos por varios representantes de la clase dominante — sin embargo, siempre quedan dentro del marco básico de este sistema de explotación y su dinámica subyacente”.
En este caso, entre los magistrados surgieron divisiones muy agudas, muy groseras sobre cómo servir “de manera fundamental a las relaciones sociales prevalecientes” de explotación y opresión que caracterizan a Estados Unidos.
La conexión entre estas agudas discrepancias hostiles en la Corte y el mayor conflicto dentro de la clase dominante y en la sociedad está más allá del ámbito de este artículo — para mayor análisis vea La guerra civil que se perfila y la repolarización para la revolución en la época actual de Bob Avakian, así como partes de Predicando desde un púlpito de huesos, Necesitamos la moral pero no la moral tradicional, también de Bob Avakian.
Las diferentes posiciones entre los magistrados reflejan fisuras en la sociedad estadounidense y desacuerdo entre las autoridades sobre cómo reforzar y perpetuar este sistema. Eso se ve un sus argumentos.
La lógica de la mayoría
La decisión de la mayoría de la Suprema Corte sobre matrimonios del mismo género, la que fue redactada por Anthony Kennedy, toma mucho material de fallos anteriores de la Suprema Corte y de otros tribunales federales y estatales, y también hace muchas referencias a la evolución histórica de la institución del matrimonio. Cita ideas sobre el matrimonio y su relación a la sociedad de varios teóricos políticos del mundo antiguo hasta tiempos modernos.
Kennedy escribió: “Las leyes de matrimonio impuestas por los demandantes [los estados que prohíben matrimonio del mismo género] son en esencia desiguales: a las parejas del mismo género se les niega todos los beneficios que se les otorga a las parejas de género opuesto y no se les permite ejercer un derecho fundamental”.
Pero el meollo de la decisión, y la angustia de los magistrados que fallaron a favor del matrimonio del mismo género, se centró en una inquietud que expresaron de esta manera: “los casos ante esta Corte y las tradiciones de esta Nación dejan en claro que el matrimonio es una piedra angular del orden social de esta Nación”.
El matrimonio es una institución social que ha cambiado y desarrollado repetidamente a medida que ha cambiado la sociedad de la que es parte. De hecho, el desarrollo y cambio en las formas que ha tomado el matrimonio fue algo que señalaron los magistrados que votaron a favor del matrimonio del mismo género — y negado por los cuatro que se opusieron. Por ejemplo, en su disentimiento Samuel Alito dijo que “por milenios el matrimonio estaba inextricablemente ligado a lo que solo parejas del género opuesto pueden hacer: procrear”.
La verdad es que desde que se hizo institución social en las primeras etapas de las sociedades clasistas —divididas entre amos y esclavos, terratenientes y campesinos, y hoy entre los dueños de las enormes fuerzas productivas de la sociedad y quienes estos explotan— el matrimonio ha sido una institución que garantiza una transmisión ordenada de la propiedad de un hombre a sus herederos y la conservación ordenada de órdenes sociales opresivos que consagran que individuos sean dueños de esclavos, mujeres y bienes. Las formas del matrimonio han evolucionado para promover y fortalecer sistemas de opresión que han evolucionado (por ejemplo, la biblia permite que el hombre tenga docenas de esposas).
Los cinco magistrados que votaron a favor de extender el matrimonio del mismo género señalaron eso, indicando que dos prácticas que en Occidente, incluyendo en Estados Unidos, se consideraban indispensables para la institución del matrimonio —matrimonios concertados y couverture— ya no existen. (Couverture es una doctrina jurídica en la que una mujer casada no tiene ninguna existencia legal independiente de su esposo. Los vestigios de couverture perdurarán en Estados Unidos hasta que Luisiana anuló la ley “Head and Master” [Jefe y Amo] en 1979, y en 1980 la Suprema Corte falló que el couverture es ilegal).
Lo que querían recalcar los magistrados es que la eliminación de esas costumbres que habían estado estrechamente asociadas a la institución del matrimonio fortaleció y no socavó ni a la institución del matrimonio ni a la sociedad capitalista en la que estaba situada. Señalaron los cambios significativos en esta sociedad en las últimas décadas con respecto a personas LGBT, así como en sus múltiples instituciones docentes, políticas, militares, judiciales y demás.
Contraataque fascista contra la Corte y más allá
Los otros magistrados, encabezados por el fascista Antonin Scalia quien describió el fallo como un “Putch judicial” (un golpe judicial), insistieron frenéticamente en sus opiniones de disentimiento que hay que cohesionar al país imponiendo férreamente el “matrimonio tradicional” — el dominio masculino, el patriarcado, la subordinación de la mujer, primero al padre, luego al esposo, y siempre, siempre que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer.
Su indignación y disentimiento se basan en dos temas. Uno es que la Corte estaba legislando la ley en vez de interpretar la Constitución. El presidente de la Corte Suprema John Roberts redactó que “la Corte no es una legislatura. No debería ser de nuestra incumbencia el decidir si el matrimonio entre personas del mismo género es una buena idea o no. Bajo la Constitución, los magistrados tienen el poder de decir qué es la ley, y no lo que debería de ser”.
Como ya se mencionó, los magistrados de la mayoría se refirieron a leyes de matrimonio que al evolucionar la sociedad fueron declaradas anti-constitucionales, y también el precedente judicial Loving vs. Virginia de 1967 (¡tan tarde!) cuando la Suprema Corte falló que las leyes que prohibían matrimonios entre negros y blancos eran anticonstitucionales.
El argumento más importante de los —digamos las cosas como son— fascistas de la Corte fue que al terminar una forma de persecución y discriminación en la ley le estaba arrebatando los derechos religiosos a quienes se oponen a matrimonios gay por razones religiosas.
El presidente de la Corte Roberts escribió que el fallo “plantea importantes problemas sobre la libertad de religión. Muchas personas buenas y decentes se oponen a matrimonios del mismo género por ser dogma de su fe, y en realidad —a diferencia del derecho imaginado por la mayoría— su libertad de ejercer su religión está deletreada en la Constitución”.
Alito escribió: “al imponerle al resto del país sus propias ideas, la mayoría facilita la marginalización de los muchos americanos que tienen ideas tradicionales”.
Mejor dicho, el fallo podría infringir en el derecho de unos a discriminar y, además, que los que discriminan a personas LGBT podrían sentirse marginados.
A lo largo de la furiosa protesta de Alito (y de sus colegas fascistas) se escucha un timbre teocrático apenas oculto — de que la moral y las leyes de la biblia deberían superar a la Constitución o leyes. Hasta se quejó de que en la Corte hay demasiadas personas de la Ciudad de Nueva York, y que sus fallos son de legitimidad dudosa ya que “No hay ni un solo cristiano evangélico (un grupo que comprende un cuarto de los americanos)” en la Corte — como si el papel de la Suprema Corte es de basar sus fallos en creencias religiosas fundamentales en vez de la ley. Y en medio de la ira de sus ataques contra la mayoría e invocaciones de formulaciones como eso de que con este fallo la Suprema Corte “da un paso más a ser recordada de nuestra impotencia”, Alito le está tirando carne cruda a sectores de la sociedad que están instigando y movilizando para defender los reaccionarios “valores tradicionales” de todo tipo.
En su opinión de disentimiento Clarence Thomas alegó: “En nuestra sociedad, el matrimonio no es puramente una institución gubernamental; también es una institución religiosa.… Parece que el conflicto entre los dos es inevitable, especialmente a medida que individuos e iglesias hacen frente a demandas de participar en matrimonios entre parejas del mismo género y de respaldarlos”.
Y sigan la lógica de la lógica. Las personas deben de tener el derecho de practicar su religión — eso está garantizado por la Constitución para la Nueva República Socialista en América del Norte (Proyecto de texto). Pero eso no es lo mismo que decir que ninguna ley puede proteger a la persona si hacerlo ofende las creencias de fundamentalistas religiosos. Eso querría decir que la ley común no podría impedir que los padres maten a sus hijos que les maldijeren. (Éxodo 21). O que la sociedad no puede prohibir que se mate a personas LGTB porque para los fundamentalistas cristianos y judíos que se basan en la letra de la biblia como la palabra literal e inalterable de “dios” se podría pensar que “Si alguno se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación; ciertamente han de morir”. (Levítico 20:13)
La lógica de estos disentimientos es de mal agüero, y el impacto desencadenó una racha de protestas desafiantes de parte de, entre otros, casi todos los principales candidatos republicanos a la presidencia, y funcionarios estatales y locales, especialmente en el Sur.
El senador de Texas Ted Cruz dijo que el fallo sobre matrimonios del mismo género “socava la legitimidad fundamental de la Suprema Corte de Estados Unidos”. Él y otro candidato republicano importante a la presidencia, el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, piden una enmienda a la Constitución que les permitiría a los estados definir lo que es un matrimonio. El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió un memorándum que denuncia “la coacción religiosa”, citando de la Ley de Restauración de la Libertad de Religión de Texas, y dijo que no se debería tomar ningunas medidas contra cualquier funcionario “que haga algo o se rehúse hacer algo debido a razones esencialmente motivadas por sinceras creencias religiosas”. El procurador general, Ken Paxton, dio instrucciones para que los funcionarios no cumplan con el fallo —por lo menos por ahora— y lo justificó con lógica abiertamente teocrática: “ninguna corte, ninguna ley, ninguna regla y ningunas palabras cambiarán la simple verdad de que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer”.
Algunos de esos funcionarios locales se han retrocedido y ahora emiten licencias de matrimonio a parejas del mismo género, pero incluso ese derecho está, por ahora, colgando de un hilo.
Una victoria histórica, una batalla todavía por terminar
Ante cambios sísmicos en la sociedad y en las actitudes, y décadas de valientes protestas desde la Rebelión de Stonewall hasta ACT UP y más allá, la mayoría de la Suprema Corte tomó la decisión de legalizar matrimonios del mismo género considerando que eso contribuiría a la cohesión social de la nación imperialista cuando buena parte del tejido social se está deshilachando.
Así y todo, como señalamos la semana pasada en Revolución: “[E]s todavía el caso en 2015 que sólo un puñado de estados tienen leyes contra la discriminación, leyes que protegen los derechos de la gente gay, transgénero u otras personas de géneros que no se ajustan. Todavía es perfectamente legal en vastas regiones de esta llamada nación de ‘los derechos iguales’ despedir a una persona de su trabajo, expulsar a una persona de una tienda, desalojar a alguien de su casa o apartamento, o negar a una persona el derecho a ser el tutor legal de sus propios hijos, simplemente porque no se ajusta a los rígidos roles de género que este sistema patriarcal dicta”.
Tanto las fuerzas de la clase dominante representadas por el fallo de la mayoría del Suprema Corte, como las representadas por los fascistas de la Corte, parten de lo que es mejor para re-cohesionar a una sociedad construida sobre el genocidio y la esclavitud, y en la que está omnipresente todo tipo de opresión. Ambas facciones quieren reforzar, y no romper, las cadenas de la tradición. Pero la revolución sí abre el camino para dejar atrás los milenios de tradiciones opresivas heredadas, como los cimientos patriarcales del matrimonio, y la revolución ofrece una manera de organizar la sociedad a favor de la gran mayoría, y en últimas de la humanidad entera.
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