Porter Ranch:
Los cargos criminales contra la compañía de gas ni apenas comienzan a responder al delito
24 de febrero de 2016 | Periódico Revolución | revcom.us
23 de enero. Más de 150 personas, casi todos de Porter Ranch, llegaron para escuchar y protestar por lo que ya sabían que iba a ser una cachetada y un rechazo de su demanda número uno: que se clausuren en totalidad los campos de almacenamiento de Aliso Canyon. Foto: AP
El martes, 2 de febrero, hubo una gran cantidad de publicidad en los medios de comunicación, ya que los fiscales del Condado de Los Ángeles y del estado de California prácticamente se tropezaron sobre sí mismos para anunciar de súbito que presentarían cargos contra la compañía de gas, Southern California Gas Company (SOCAL), más de tres meses después del inicio del peor desastre de gas natural en la historia de Estados Unidos. El escape masivo de un pozo de gas que reventó en sus instalaciones de almacenamiento de Aliso Canyon cerca de la comunidad de Porter Ranch en el Valle de San Fernando de Los Ángeles ha emitido más de 80.000 toneladas métricas de metano a la atmósfera desde su inicio hasta el 8 de febrero. Y los cálculos más optimistas son que la empresa no será capaz de tapar el pozo hasta fines de febrero.
Más de la mitad de los 30.000 residentes de la comunidad de clase media de Porter Ranch han sido obligados a trasladarse después de experimentar dolores de cabeza, hemorragias nasales, vómitos y dificultades de respirar; y dos escuelas han tenido que cerrarse. Este escape también es un desastre climático masivo porque el metano, el componente principal del gas natural, es un gas de efecto invernadero muy potente que causa el calentamiento global. (Véase el artículo anterior en revcom.us, “El desastre del gas de Porter Ranch y las mentiras venenosas del sistema”).
La demanda número uno de la gente de Porter Ranch y los que apoyan su lucha ha sido “A cerrarlo. Todo. Ahora”. El comunicado de prensa del fiscal del distrito sobre los cargos contra SOCAL ha dejado en claro que no tienen ninguna intención de satisfacer esa demanda: “Como fiscales, vamos a hacer todo lo posible para ayudar a garantizar que la instalación de Aliso Canyon cumpla con los reglamentos”.
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Ya sea intencional o no, debido al momento elegido para anunciar los cargos contra SOCAL, eclipsaron el anuncio de otra acción legal: la primera demanda por muerte a causa de negligencia relacionada con el desastre de gas presentada en nombre de la familia de Zelda Rothman de 79 años de edad, residente de Porter Ranch por muchos años. La demanda acusa a SOCAL de agravar su salud ya frágil debido al cáncer del pulmón, dando lugar a su muerte prematura. La demanda dice que el aire contaminado la obligó a usar un tanque de oxígeno 24 horas al día lo que debilitó su salud y apresuró su muerte. Su hijo le dijo al diario LA Daily News que presentó la demanda porque su madre le dijo que estaba segura de que sería uno de las primeras bajas entre muchas como resultado del escape de gas.
El abogado de la familia de Zelda Rothman dijo en un comunicado: “La decisión de Southern California Gas Company para operar su intrínsecamente peligrosa empresa de almacenamiento de gas al lado de 30.000 residentes de Porter Ranch sin tomar todas las medidas razonables necesarias para evitar escapes catastróficos de gas es inadmisible”.
¿Cuáles Reglamentos?
Resulta escandaloso que pudieran haber evitado esta catástrofe facilmente. En 1979, SOCAL quitó y no reemplazó una válvula de seguridad rota que habría detenido el escape. Pero lo que impulsa SOCAL son las leyes mayores del capitalismo, por lo que para ellos la prioridad número uno era el retraso que le habría causado este pozo, uno entre los 115 pozos en esta instalación, mientras que buscaban una válvula de repuesto, y no era parte de sus cálculos el peligro para la gente de los alrededores ni para el medio ambiente mundial.
Además, en consonancia con el funcionamiento de este sistema capitalista, la instalación de almacenamiento de gas natural más grande en el oeste de Estados Unidos, la que tiene 60 años y es conocida por sus numerosos pozos oxidados con escapes, ha operado de modo libre sin ningún tipo serio de supervisión, inspecciones o control regulares de la instalación o del medio ambiente en su alrededor por parte de ningún organismo gubernamental de cualquier nivel.
De hecho, según un informe de Reuters: “en 2014, SOCAL le advirtió a los reguladores estatales de servicios públicos que ocurrirían ‘grandes fallas’ si no hubiera un aumento en la tarifa para pagar las inspecciones cabales de 229 pozos de almacenamiento. Veintiséis de sus pozos estaban de ‘alto riesgo’ y debían ser abandonados, a pesar de que cumplían con las regulaciones estatales”. En otras palabras, mucho antes de la catástrofe, SOCAL sabía que los pozos eran peligrosos y que podría suceder un desastre grande.
Y esto no es sólo un problema con SOCAL. De hecho, no hay prácticamente ninguna supervisión de 400 instalaciones similares de almacenamiento subterráneo de gas en 30 de los 50 estados de Estados Unidos. ¿Cómo es posible? El punto de vista del gobierno ha sido que la autorregulación por las empresas de servicios públicos mismas es suficiente. Un portavoz de la División de Petróleo, Gas y Recursos Geotérmicos de California dijo: “Independientemente de los reglamentos, está en el interés del operador que no tenga escapes, porque eso significa que pierden su producto”.
Crimen… y “castigo”
¿Cuáles son los cargos concretos contra SOCAL? Jackie Lacey, fiscal del condado de Los Ángeles —notorio por no haber encontrado ni un único caso de asesinato policial digno de ser procesado en el condado— le presentó tres cargos menores por “no informar inmediatamente a las autoridades apropiadas sobre el escape de gas en su planta de Aliso Canyon” y otro cargo menor por la descarga de contaminantes al aire. En cuanto al primer cargo, muchos habitantes de Porter Ranch han dicho que sus síntomas comenzaron a ocurrir durante el verano, meses antes del anuncio oficial de la compañía de que hubo un escape masivo de gas. Pero los fiscales del condado parecen haber aceptado la afirmación de SOCAL de que el escape había comenzado el 23 de octubre y sólo les “acusa” de haber esperado tres días (¡!) para notificar a las autoridades estatales.
Si determinan que SOCAL es culpable, tendría que pagar $ 25.000 por día durante tres días por supuestamente no informar, o sea, $ 75.000; y $ 1,000 por cada día que continúe el escape de gas, lo que según las predicciones actuales equivaldría a otro $ 125.000 más o menos: un total de $ 200.000, una cantidad insignificante para SOCAL. La demanda alega que SOCAL violó las leyes de salud y seguridad del estado al no controlar rápidamente el escape, que sigue fuera de control. Aún no se ha hecho pública la responsabilidad económica en la demanda.
Y de esta manera las necesidades del sistema capitalista han desestimado, y siguen desestimando, las profundas preocupaciones de las personas cuyas vidas se han convertido en un infierno por los escapes de gas y que viven bajo la sombra de desastres potenciales aún mayores.
Como Bob Avakian señala:
Este sistema y aquellos que gobiernan no son capaces de llevar a cabo desarrollo económico que cumpla con las necesidades de la gente ahora, balanceado con las necesidades de generaciones futuras y de proteger el medio ambiente. No les importa nada de la exquisita diversidad en el medio ambiente y en la tierra, y los tesoros que tienen, a menos que puedan convertir esto en ganancias para sí mismos.... Ellos no son capaces de ser quienes cuidan este planeta.
—Lo BAsico 1:29
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