Dos constituciones, dos sistemas jurídicos y un hombre que imaginaba el mundo tal como debiera ser
18 de octubre de 2017 | Periódico Revolución | revcom.us
El 3 de octubre, John Thompson, un negro de 55 años murió en Nueva Orleans. Thompson pasó 18 años en el penal estatal de Luisiana en Angola — una infame cámara de tortura. De esos años, 14 fueron en el pabellón de los condenados a muerte, y 7 veces fijaron fechas de ejecución, todo por crímenes de los que fue falsamente acusado en juicios en los que la fiscalía ocultó pruebas de su inocencia.
Una abogada y amiga de John Thompson dice que con frecuencia le preguntaba por qué no se castiga a la gente que le metió preso. Thompson repasaba la ley sobre secuestro y atentado de homicidio y demostraba que lo que le hicieron a él —lo que le hicieron conscientemente— concuerda con esos crímenes. La abogada dijo que Thompson “entendía cuando yo le decía que las cosas no funcionan así, pero yo estaba describiendo al mundo tal como es. Él estaba describiéndolo cómo debería ser”.
La Constitución de Estados Unidos: El mundo tal y como es… ahora
La experiencia de John Thompson concentra lo que mucha gente —especialmente los negros, latinos, indígenas y otros oprimidos— enfrenta ante el molino de carne que es el “sistema judicial” de Estados Unidos. Te arrebatan de la familia… te acusan de crímenes de los que no sabes nada… los fiscales mienten y destruyen pruebas… “testigos” falsos chantajeados por la policía y la fiscalía para que mientan desde el estrado… un sistema judicial que no hace nada para defender los supuestos derechos garantizados por la Constitución… defensores públicos impedidos de montar una verdadera defensa.
La Corte Suprema de Estados Unidos falló en 1963 que la fiscalía tiene la obligación de entregar a la defensa pruebas que podrían ser favorables a su caso. Las autoridades de Luisiana sistemáticamente suprimieron y destruyeron pruebas para mandar a Thompson al pabellón de la muerte.
La condena de Thompson fue revocada en 2002. Fue absuelto en un nuevo juicio en el 2003. El jurado le otorgó $14 millones — $1 millón por cada año en el pabellón de la muerte. El estado de Luisiana apeló el fallo.
En 2011, la Corte Suprema concordó que la fiscalía había violado el mandato de 1963. Pero también falló que “no se le podría responsabilizar a la fiscalía de distrito”. Thompson jamás recibió un centavo. Para Thompson nunca se trató del dinero — era un remedio de justicia. Aun cuando los tribunales del sistema reconocen que sus fiscales y policías rompen sus propias leyes, se niegan a siquiera fingir hacerle justicia a aquellos que han perseguido. La entera cadena mortifera de represión que ha engrillado a John Thompson y a millones más es reforzada y legitimada por el sistema legal, concentrada en la Constitución de Estados Unidos y defendido en todo nivel hasta la Corte Suprema.
Eso no se debe simplemente al hecho de que hay policías, fiscales, jueces y carcelarios que son racistas — aunque sí hay más que suficientes de ellos. En un sentido más fundamental, se debe a que la Constitución de Estados Unidos ofrece un marco que da la impresión de que ve a todos con igualdad y alega que provee “justicia para todos”, pero que en realidad tanto encubre como refuerza las profundas desigualdades y divisiones fundacionales del sistema económico, social y político capitalista. De hecho, el tipo de representación legal que uno reciba depende de la clase a la que uno pertenece — francamente, depende de si se tiene dinero para contratar un abogado.