El Departamento del Censo de Trump pone a los inmigrantes en la mira del gobierno
21 de enero de 2018 | Periódico Revolución | revcom.us
El 12 de diciembre de 2017, el Departamento de “Justicia” (DOJ, por las siglas en inglés) envió sigilosamente un memorando al Buró del Censo de Estados Unidos para pedir formalmente que en el censo del año 2020 se incluya “una pregunta sobre la ciudadanía”.
Son siniestros los motivos que subyacen la árida terminología burocrática de la carta del DOJ. La información recopilada por el censo podría ser usada para acorralar a millones de personas, tanto documentadas como indocumentadas, si el régimen fascista de Trump y Pence se sintiera obligado a tomar ese camino.
Un detestable precedente histórico
La Constitución de Estados Unidos manda que se realice un censo nacional cada 10 años. Como dice su sitio web, el Buró del Censo está obligado a “contar a cada persona que está viviendo… en Estados Unidos de América”. Note: cada persona, no cada ciudadano. Luego usan la información obtenida por el censo para determinar la representación en el Congreso, que se determina según la población, así como para distribuir billones de dólares en fondos federales a los distritos locales durante la próxima década. La fecha límite para incluir preguntas en el censo es dos años de anticipación, y para el censo de 2020 la fecha límite es abril de 2018.
El Departamento de Comercio es legalmente responsable del censo. Es sumamente inusual que el DOJ —que supervisa el FBI y organismos policiales federales en general— pida que se consideren preguntas para el censo. La última vez que se hizo preguntas sobre la ciudadanía fue en el censo de 1950, pero sí existe un precedente ominoso. Cuando Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial contra Japón, recurrió a la información del censo para acorralar a unas 120.000 personas de ascendencia japonesa, a quienes luego mandó a campos de concentración. (Vea este artículo en la serie Crimen Yanqui de Revolución para más sobre la detención, o encarcelamiento, de los japoneses, tanto ciudadanos como residentes legales). El 62% de los encarcelados eran ciudadanos estadounidenses, casi todos eran residentes legales, y más o menos la mitad eran niños.
El gobierno yanqui mintió sobre esto por más de 60 años. En 2007, la revista Scientific American informó que “A pesar de haberlo negado por décadas, documentos del gobierno confirman que durante la Segunda Guerra Mundial el Buró del Censo le entregó al Servicio Secreto los nombres y direcciones de japonés-americanos”. Un profesor que escribió el informe citado por Scientific American dijo que el buró le entregó “microdatos” —direcciones, nombres, parientes, ciudadanía y condición migratoria— al FBI y a otros organismos del gobierno que llevaron a cabo los arrestos.
A partir de 1910, se suponía que la información personal recopilada por el Buró del Censo era confidencial. Pero en 1941 el Congreso revocó la ley sobre la confidencialidad del censo para permitir que se espiara intensamente a los japoneses. El presidente demócrata Franklin D. Roosevelt ordenó la detención de los japoneses, y la Suprema Corte lo confirmó en una decisión infame.
Con la información provista al DOJ, los fascistas del régimen de Trump y Pence, los jueces fascistas que ha metido en los tribunales federales y los republi-fascistas que dominan el Congreso podrían una vez más lanzar horripilantes ataques contra personas que consideran “extranjeros”. Pero que esta vez habría millones de personas cuya condición migratoria estaría en manos de gente como Trump, el Procurador Nacional supremacista blanco Jefferson Beauregard Sessions y el FBI, ya que el DOJ les habría dado las direcciones, nombres, documentos de empleo y escuela, familiares, información médica y otra información.
El DOJ ataca la “discriminación racial” — contra la gente blanca
El verano pasado, Steven King, un rabioso fascista cristiano de Iowa, propuso una ley en el Congreso para que el censo incluyera una pregunta “sobre si la persona es ciudadana, extranjera en el país legalmente, o extranjera en el país ilegalmente”. King y otros fascistas alegan que hay que “contar a los ciudadanos aparte de los no ciudadanos, a los estadounidenses legalmente presentes aparte de los extranjeros ilegales que están aquí para que Estados Unidos vea lo malo que está esta [la inmigración]”.
No está del todo claro cómo eso de incluir preguntas sobre la ciudadanía en el censo se ha convertido de una ley propuesta en una medida sigilosamente vil del régimen de Trump y Pence. Pero lo que sí se sabe es que unos meses después de la propuesta de King, el DOJ mandó la carta al Buró del Censo.
Con una arrogancia que incluso para los supremacistas blancos del régimen de Trump y Pence es desvergonzada, el DOJ citó la Ley del Derecho a Votar de 1965 —una de las principales leyes de la época de lucha por derechos civiles de los años 1950 y 1960— para justificar su intención de averiguar la condición migratoria de las personas. El principal propósito de esa ley era superar las leyes y medidas antiguas y profundamente arraigadas que impedían que los negros votaran, especialmente en el Sur.
La carta del DOJ dijo que la información sobre la ciudadanía “…es crítica para que el Departamento haga cumplir la Sección 2 de la Ley del Derecho a Votar y sus protecciones importantes en contra de la discriminación en el voto. Para hacer cumplir plenamente esos requisitos, el Departamento necesita un cálculo fiable de la población de edad de votar en lugares donde se alega o sospecha violaciones del derecho a votar”.
¿Quiénes son las personas que el DOJ ha determinado que necesitan protección en contra la “discriminación racial en el voto”? ¡En su gran mayoría y principalmente, gente blanca!
Esta porquería pone la realidad patas arriba. Estados Unidos tiene un largo historial de cruel opresión, persecución y explotación de inmigrantes, entre ellos a inmigrantes de México y Centro América. El régimen de Trump y Pence ha intensificado cualitativamente esta represión, y está preparando el camino para mayores atrocidades. Una medida como la que promueve el DOJ le pondría una diana en la espalda a todos los inmigrantes sin documentos especialmente, pero no solo a ellos sino a todos los inmigrantes. Muchas familias tienen miembros con diversas condiciones de inmigración. Uno de los objetivos de esta medida del DOJ seria obligar a los que están aquí legalmente a indicar si tienen familiares aquí que no están legales.
Los constantes ataques contra los inmigrantes son una piedra angular del fascismo del régimen de Trump y Pence. Se ha manifestado en formas flagrantes y abiertas como el muro fronterizo, el constante chorro de insultos racistas, y la eliminación del estatus protegido para cientos de miles de haitianos, salvadoreños y otros. También ha incluido medidas menos obvias y públicas para avanzar la agenda fascista de intensa represión. Desde todos los sectores de la población tiene que manifestarse la oposición masiva contra todos los crecientes ataques contra los inmigrantes, y hay que expulsar del poder al régimen fascista que está detrás de estos ataques.
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