El decreto de consentimiento de Chicago: qué hace y qué no hace, y por qué es motivo de riñas

12 de septiembre de 2018 | Periódico Revolución | revcom.us

 

En el contexto de la gran erupción de lucha contra el asesinato policial de Michael Brown y luego Eric Garner, el Departamento de Justicia (DOJ, por las siglas en inglés) de Obama decidió a finales de 2015 hacer una investigación del Departamento de Policía de Chicago (CPD). En enero de 2017, el DOJ emitió un informe que describió el uso generalizado de la fuerza excesiva y letal, en particular en contra de personas negras y otros oprimidos; un patrón de encubrimientos; y la mentalidad abiertamente racista en el CPD. El informe descubrió, por ejemplo, “muchas circunstancias en que los relatos de oficiales sobre los incidentes de fuerza luego fueron desacreditados, en total o en parte, por evidencia en video. Teniendo en cuenta los numerosos incidentes de uso de la fuerza sin evidencia de video... el patrón de fuerza irrazonable probablemente sea aún más generalizado...”. El informe mostró que los policías y sus supervisores se referían habitualmente a la gente negra como “monos, animales, salvajes, y ‘pedazos de mierda’”.

La ciudad de Chicago acordó entrar en un decreto de consentimiento para permitir la supervisión federal de la policía y varias reformas propuestas que le pondrían algunas restricciones a la policía, como una mejor “supervisión” de los policías, más “transparencia” acerca del uso de la fuerza, etc. Está claro que este y otros decretos de consentimiento en otras ciudades no han resultado del repentino reconocimiento de parte de aquellos en el poder de que su policía ha venido asesinando y brutalizando a la gente y que esta injusticia tiene que detenerse. No, a los gobernantes les han obligado las luchas del pueblo que han sacado a la luz varias feas verdades sobre la naturaleza y el funcionamiento de este sistema capitalista-imperialista. Muchas personas de la clase media y gente blanca en general que normalmente hacen caso omiso de las terribles condiciones en que viven las masas del pueblo negro o incluso culpan a esas masas por tales condiciones, se encontraron obligadas a abrirse los ojos y empezar a ver que existe un enorme problema con la manera en que la policía trata a la gente negra, lo que cuestionó sus ilusiones de Estados Unidos como la tierra de “lo justo” y “la justicia”.

Los decretos de consentimiento de ninguna manera pusieron fin al terror policial en general ni disminuyeron sustancialmente la opresión de la gente negra, latina y otras personas de color. Pero otras fuerzas poderosas en la cima se opusieron a que el DOJ siquiera admitiera que existen unos policías “malos” y que hay que “reformar” los departamentos de policía. Estas fuerzas poderosas mantuvieron que tales acciones otorgaron legitimidad a las protestas y debilitaron a la policía. Y con la inauguración de Donald Trump y la instalación de su régimen fascista —justo una semana después de la publicación del informe del DOJ sobre Chicago— esas fuerzas ahora tienen las riendas del poder ejecutivo en el gobierno federal. El Procurador General Jeff Sessions afirmó que aun las modestas reformas promovidas por Obama “roban más vidas al esposar a la policía en lugar de a los delincuentes”, y su DOJ declaró que ya no harían cumplir ni entrarían en decretos de consentimiento que ordenaran la supervisión federal de departamentos de policía. (Como señala el artículo adjunto, Sessions vino a Chicago a hurtadillas para reiterar y subrayar esta posición reaccionaria).

Y el mismo Trump ha dejado en claro que su régimen está eliminando todas las restricciones contra la policía, pidiéndole “por favor, no sean tan amables” con las masas, a las que de hecho estos cerdos policías brutalizan y aterrorizan diariamente. Aprovechando la desgarradora violencia entre la gente de Chicago como justificación hipócrita y siniestra para una mayor represión, Trump declaró días después de su toma de posesión que si Chicago no “soluciona” el problema, “enviaré a los federales”. Lo que todo esto significa es que el lento genocidio que se ha infligido a los negros y latinos en este país no solo continúa sino que se intensifica, abiertamente incitado desde los niveles más altos del poder.

Mientras tanto, el DOJ bajo Trump dejó en claro que iba a abandonar los decretos de consentimiento en Chicago y en otros lugares. En respuesta, abogados de derechos civiles de las escuelas de derecho de la Universidad de Chicago y la Universidad Northwestern entablaron una demanda colectiva argumentando que sus clientes corren un alto riesgo de que la policía viole sus derechos constitucionales y solicitando la supervisión del Departamento de Policía de Chicago por un juez federal; en otras palabras, efectivamente pidieron un nuevo decreto de consentimiento. Esta demanda sacó a la luz mucho acerca del CPD y vale la pena leerla. (Aquí está un PDF, en inglés, de la demanda). La respaldaron editoriales en los dos periódicos principales de Chicago, así como el New York Times y otras fuerzas.

El alcalde Rahm Emanuel intentó conseguir que se desestimara la demanda, diciendo que un decreto de consentimiento era innecesario porque la ciudad por sí misma estaba implementando reformas. Pero mientras tanto, la fiscal general del estado de Illinois Lisa Madigan, una demócrata, había intervenido para presionar a favor de un decreto de consentimiento y reformas supervisadas por un juez federal en base del patrón de acciones policiales inconstitucionales reveladas en el informe del DOJ de Obama. En negociaciones con Madigan con relación al decreto, Emanuel trató de limitar el alcance de las reformas, como por ejemplo la de requerir que los policías reporten cada vez que saquen sus armas. Grupos de derechos civiles y de activistas, periodistas independientes y otros apoyan el decreto en varios grados.

Cuando el juicio de Van Dyke se abrió, Madigan y Emanuel anunciaron que habían llegado a un acuerdo sobre el decreto de consentimiento.

Pero incluso las reformas relativamente moderadas propuestas por el decreto de consentimiento —concesiones ganadas por la lucha del pueblo— son fuertemente condenadas y rechazadas por el Orden Fraternal de la Policía (FOP), el sindicato policial que cuenta con respaldo desde los niveles más altos. En mayo de este año, Trump tuiteó su apoyo abierto para el FOP y atacó a Emanuel: “Los Policías de Chicago tienen el pleno derecho a protestar legalmente contra el alcalde y una administración que no les deja hacer su trabajo. Los asesinatos van a un ritmo récord y el trabajo policial firme, lo que Chicago no permitirá, pondría las cosas en orden rápidamente... ¡los asesinatos deben parar!” Luego, como se nota en el artículo principal, Sessions fue a Chicago justo antes del juicio para reafirmar este apoyo y en efecto poner el peso del gobierno federal al lado de una absolución.

El FOP está impugnando el decreto de consentimiento en los tribunales. Pero incluso si no logran bloquear el decreto jurídicamente, tienen el poder efectivo de veto, porque bajo el acuerdo de negociación colectiva de la ciudad, ¡un número de disposiciones clave del decreto no pueden implementarse a menos que el FOP esté de acuerdo  en hacer cambios a las secciones relevantes de su contrato!

Lo que todas estas y tantas otras historias similares muestran más claramente es que las masas deben luchar ferozmente para obtener incluso las concesiones más limitadas, que luego estarán bajo ataque constante; que estas luchas pueden despertar a otros, sacar a la luz otros abusos del sistema y provocar a las personas a buscar las causas de esos abusos, y fortalecer su capacidad y organización para luchar; pero que para realizar el cambio más fundamental, para desarraigar las causas subyacentes de los abusos y ultrajes sin fin, se requiere un sistema completamente diferente — por medio de una revolución real.