De la Organización Comunista Revolucionaria, México:

Ante los crímenes del Estado:
¡Ni perdón, ni olvido, sino resistencia y revolución!

24 de septiembre de 2018 | Periódico Revolución | revcom.us

 

El siguiente volante de la Organización Comunista Revolucionaria, México, salió originalmente en aurora-roja.blogspot.com.

A 50 años de la masacre de Tlatelolco [2 de octubre de 1968], a 4 años de Ayotzinapa y Tlatlaya, a 2 años de Nochixtlán, estos y tantos otros crímenes del Estado quedan en la más completa impunidad. Y las fuerzas armadas y policías de este Estado criminal siguen matando, desapareciendo y torturando a miles de personas. En un foro de “escucha” en Ciudad Juárez, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador insistió que para lograr la “pacificación y la reconciliación”, las víctimas tendrían que conceder “el perdón”. Las víctimas y sus familiares comenzaron a gritar con toda razón “¡Ni perdón ni olvido!” y “¡Sin justicia no hay perdón!” “Perdonar” crímenes de lesa humanidad solo contribuiría a perpetuar la monstruosa guerra contra el pueblo por parte del Estado, coludido en todos sus niveles con el crimen organizado, que ha resultado en más de 200 mil asesinatos en los últimos 12 años. La única esperanza de justicia es la resistencia decidida del pueblo para desenmascarar y denunciar estos crímenes, y la única salida definitiva a tantos horrores es una revolución que tumbe este Estado criminal y el podrido sistema inhumano actual, responsable de tanta miseria y sufrimiento innecesario.

Ayotzinapa: fue el Estado, y siguen mintiendo para encubrirlo

Las evidencias recopiladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no dejan lugar a dudas de que el gobierno federal, así como el estatal y municipal, participaron directamente en el operativo conjunto que resultó en el asesinato de 6 personas y la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa y que luego actuaron para encubrir este crimen terrible. Militares y policías de los tres niveles de gobierno vigilaban a través del sistema C-4 a los normalistas desde que salieron de la Normal. Las policías y las FFAA (así como los narcos) participaron en el operativo coordinado para impedir que los normalistas salieran de Iguala en el estado de Guerrero, y el ejército tomó el control del C-4 en las horas críticas y suprimió los videos de estos crímenes.

Luego la Procuraduría General de la República (PGR) y su Agencia de Investigación Criminal (AIC) armaron un montaje para encubrir este crimen de Estado, con la supuesta “verdad histórica” de que a los 43 los había incinerado un grupo del crimen organizado en el basurero de Cocula la misma noche del 26 de septiembre de 2014. Esta mentira ha sido rechazada por virtualmente toda investigación independiente, incluidas las del mismo GIEI, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), de Amnistía Internacional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. El gobierno fabricó su mentira torturando a personas detenidas ilegalmente. El reciente informe del Alto Comisionado de la ONU confirma que, en los 34 casos que investigó, los detenidos fueron torturados.

Un video y otra evidencia también indican que sembraron, bajo el mando de Tomás Zerón de la AIC, un pedazo de hueso del desaparecido Alex Mora Venancio en una bolsa de basura en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, para ser “descubierto” el día siguiente por buzos de la Marina. Además, sembraron 42 casquillos en el basurero de Cocula. Si el gobierno federal sembró el hueso de Alex, obviamente estuvo directamente involucrado en estos crímenes. Las autoridades al más alto nivel del gobierno saben donde están los desaparecidos, y solo tratan de encubrir el papel de sus propios asesinos uniformados.

Y lo siguen encubriendo: 10 entidades del gobierno federal han presentado por lo menos 222 recursos judiciales para impedir la creación de una “Comisión de la Verdad” y el ex presidente Enrique Peña Nieto sale en anuncios del gobierno para defender la misma mentira “de que los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial”. Nadie del nuevo gobierno federal entrante ha salido a denunciarlo por lo que es: un criminal cínico y mentiroso. Alejandro Encinas (futuro subsecretario de derechos humanos de Gobernación) promete impulsar una investigación verdadera a partir del 1° de diciembre, pero López Obrador ya ha prometido seleccionar las nuevas cabezas de las FFAA de entre los mismos generales y almirantes criminales actuales. Así que, ¿qué hará su gobierno frente a la oposición de las FFAA, policía y PGR a ser investigadas?

Es por la resistencia tenaz de los familiares, los normalistas y miles de personas más en el país y el mundo que el Estado hasta ahora no ha podido enterrar toda la verdad y cerrar el caso. De que salga toda la verdad y haya posibilidad de algo de justicia, dependerá de la resistencia resuelta de la gente, independiente del Estado, que desenmascare sin cortapisas sus crímenes y sus mentiras.

El 2 de octubre NO SE OLVIDA, y sigue en pie el mismo Estado asesino

Aunque ha habido algunos cambios de forma, el Estado actual sigue siendo en esencia el mismo que masacró a más de cien estudiantes y otros el 2 de octubre de 1968, cuando el ejército abrió fuego contra un mitin pacífico bajo órdenes del presidente Gustavo Díaz Ordaz y su secretario de Gobernación, Luís Echeverría, con el respaldo y consejos del imperialismo estadounidense. Aunque el primer gobierno de “alternancia” de partidos y supuesta “transición democrática” de Vicente Fox prometió investigar y esclarecer “los crímenes del pasado” con una fiscalía especial, esta fiscalía finalmente fue disuelta y ninguno de los verdugos responsables de las masacres de Tlatelolco, del “Halconazo” del 10 de junio de 1971 [masacre de estudiantes por soldados de élite del ejército], ni la guerra sucia del gobierno en los años siguientes fue juzgado ni castigado.

El movimiento estudiantil de 1968 estalló en un tiempo de revueltas y revoluciones que convulsionaron el mundo y alentaron las esperanzas de millones de la posibilidad de tumbar al actual sistema capitalista y lograr una sociedad socialista mucho mejor. Ese movimiento combatió heroicamente a los granaderos, exigió libertad para los presos políticos, se burló del “régimen de la Revolución Mexicana” y desnudó el carácter reaccionario de las fuerzas represivas del Estado, que fue y sigue siendo una máquina opresiva para someter toda oposición popular que amenaza o siquiera estorba el “buen funcionamiento” del sistema imperante.

¡Alto a la Guerra Contra el Pueblo!

Este papel represivo reaccionario del Estado se disfraza en buena parte ahora con la supuesta “guerra contra el crimen organizado” declarada hace 12 años por el en ese entonces presidente Felipe Calderón con el patrocinio del gobierno de Estados Unidos, que en realidad es una guerra contra el pueblo. Aceleró la militarización del país, aumentó el azote del crimen organizado y llevó a una enorme escalada de violencia generalizada contra el pueblo —asesinatos, feminicidios, desapariciones, tortura y el encarcelamiento injusto de miles de personas inocentes— a manos de las fuerzas del Estado y también de grupos criminales, que actúan en contubernio a la vez que compiten y chocan entre sí. Es una forma de contrainsurgencia preventiva, que intenta impedir que surja una insurgencia popular. En el mandato de Enrique Peña Nieto se ha recrudecido toda esta violencia reaccionaria contra los movimientos sociales y también contra la población en general. Solo en julio de 2018, la cifra oficial (que minimiza la cantidad real) fue de 2 mil 599 asesinatos —la más alta de que se tiene registro. En los primeros siete meses de 2018, van 16 mil 339 personas asesinadas. También los asesinatos de mujeres calificados como feminicidios marcaron un récord de 78 mujeres en julio, cifra oficial que omite muchos asesinatos misóginos que no se registran como feminicidios. El Mapa del Feminicidio, por ejemplo, reportó más de 230 feminicidios por mes en 2017.

Un blanco prioritario en esta guerra son los inmigrantes, principalmente centroamericanos, con el Estado mexicano actuando como perro guardián de EU. Huyen de la violencia criminal y patriarcal y de la miseria, producto de la destrucción del campo y medio ambiente, así como la superexplotación por parte de empresas imperialistas. El gobierno mexicano y los sicarios se coluden para secuestrar, deportar, desaparecer o asesinarlos. El crimen de los 72 inmigrantes ejecutados enterrados en San Fernando, Tamaulipas sacó a la luz esta matanza, pero queda en total impunidad. El Movimiento Migrante Mesoamericano dice haber documentado entre 70 y 80 mil centroamericanos desaparecidos en el sexenio de Calderón, el 30% mujeres y niñas, muchas vendidas a redes de trata. Desde 2014, el Estado mexicano, bajo la batuta de EU, ha intensificado esta persecución, deportando más centroamericanos que EU y también recogiendo sus datos biométricos para EU. Actualmente, el régimen fascista de Trump y Pence busca imponer que México sea un “tercer país seguro”, acorralando acá a los migrantes que buscan asilo en EU.

El Ejército y la Marina desaparecen o asesinan a los detenidos

Las “ejecuciones extrajudiciales” ya son el pan de cada día. Todavía queda impune el crimen de Tlatlaya en 2014, donde efectivos del ejército mataron a 22 personas, ejecutando a la mayoría después de que se había rendido, obedeciendo órdenes escritas de “salir en la oscuridad para abatir delincuentes”. Luego la policía detuvo y torturó a los testigos.

Desde enero de 2018, la Marina ha desatado un reino de terror en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Hasta mayo, habían desaparecido a 36 personas, nueve de las cuales ya aparecieron muertas con huellas de tortura. A pesar de videos, fotografías, testigos y hasta varios casos en que familiares siguieron a los marinos secuestradores hasta sus bases, los mandos siguen negándolo todo, igual como lo hicieron en marzo cuando un helicóptero de la Marina asesinó a dos niñas y su madre, hecho que después fue comprobado por los peritajes.

El problema es el sistema, la solución es la revolución

¿Por qué en estos y muchos casos más las fuerzas del Estado matan, desaparecen, torturan y reprimen a la gente? No se debe simplemente a oficiales corruptos, la falta de “instrucción en derechos humanos” o a que “no están haciendo su trabajo”. La verdad es que al reprimir a la gente, el Estadosí está haciendo su trabajo: su trabajo es defender un sistema basado en la explotación y opresión de la gran mayoría por un puñado de grandes capitalistas mexicanos y extranjeros. No hay manera de mantener este sistema de grandes injusticias y desigualdades sin sembrar terror entre los de abajo y reprimir los brotes de protesta y rebelión, y ello es precisamente el papel fundamental del Estado actual. La elección de López Obrador ha despertado esperanzas en muchos de que pudiera por lo menos aminorar los horrores crecientes que estamos viviendo, pero la realidad es que va a estar al frente del mismo Estado criminal, representando y defendiendo el mismo sistema desalmado.

La única salida para el pueblo es la más decidida resistencia independiente que denuncie el Estado criminal, y contribuya a preparar una revolución guiada por el Nuevo Comunismo para tumbar el actual sistema mayormente capitalista subordinado al imperialismo que es la raíz de tanta miseria e injusticia, y crear una nueva sociedad socialista. Si quieres contribuir a otro futuro posible y mucho mejor, comparte este volante y contáctanos.

Aurora Roja, voz de la Organización Comunista Revolucionaria, México

aurora-roja.blogspot.com

1° de septiembre de 2018

El 27 de agosto de 1968, unos tanques blindados se enfrentaron a los estudiantes en la Ciudad de México, los cuales montaron una protesta en el zócalo, una de las mayores protestas contra el gobierno en la historia de México. (Foto: Wikipedia Commons)

Protesta de familiares y otros por las personas desaparecidas por la Marina en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México.