Trump y Pence siguen avanzando con la bestia inexorable fascista

El 20 de marzo, Trump emitió una “orden de emergencia” para cerrar la frontera entre Estados Unidos y México al “tránsito no esencial” — lo que abarca a los refugiados y otros inmigrantes¹. Desde ese entonces, sin audiencias judiciales han expulsado de Estados Unidos al menos 8.800 niños inmigrantes que llegaron sin compañía de un adulto. También han expulsado al menos 7.600 familiares y un total de unas 159.000 personas^{2, 3}. Esta información no era conocida por el público hasta hace poco, cuando salió a la luz en una declaración judicial el 11 de septiembre del Subjefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Raúl Ortiz⁴.

Algunos guatemaltecos se suben a un autobus, que los regresará a su tierra natal. Se informa de 100 casos positivos por la Covid-19. (Foto: AP)

La orden de Trump efectivamente evisceró los derechos de las personas que solicitaban asilo, sin ninguna posibilidad de apelación. El día que la orden salió a la luz, Chad Wolf, secretario interino de Seguridad Nacional, gruñó: “Esta noche, a medianoche, ejecutaremos la... orden devolviendo inmediatamente los individuos que lleguen sin documentación... sin demora”⁵. Trump afirmó que su orden iba a ayudar a detener la propagación del coronavirus. En realidad, las deportaciones en masa han contribuido a la propagación del virus en México, América Central y otros países. Un informe del Proyecto Marshall indica que entre finales de marzo y mediados de julio, 11 países habían confirmado que las personas deportadas desde Estados Unidos habían “regresado a casa con Covid-19”⁶. 

Al menos desde el mes de agosto, el régimen fascista ha utilizado a una Gestapo contratada⁷ (también conocida como “agencias de seguridad privada”) para vigilar a los niños detenidos fuera del sistema oficial de detención. Han enviado a cientos de niños no acompañados detenidos en la frontera —algunos de ellos de tan sólo un año de edad⁸— rápidamente a hoteles, donde los encierran brevemente y luego los envían a sus países de origen en vuelos de deportación. De esta manera, el régimen y sus ejecutores pueden evitar tener que enviar a los niños a los albergues administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, donde se supone que reciben cierta educación, servicios jurídicos y la oportunidad de que los acomodan con familiares que viven en Estados Unidos. Se celebró la audiencia de esta semana porque el régimen ha desafiado una orden de la corte para que deje de enviar a hoteles los niños sin supervisión.

Un sistema que aplasta la vida

En América Central, al igual que en muchas otras partes del mundo, paisajes agrícolas enteros han sido devastados por la importación de productos estadounidenses impuesta por tratados comerciales desiguales, la ruina de las tierras de cultivo causada por el aumento de las temperaturas, el agotamiento de las fuentes de agua y las enfermedades de los cultivos, todo lo que ha empeorado la intensificación del cambio climático causado por el funcionamiento del sistema capitalista-imperialista. Así que Estados Unidos —sentado en la cima de este sistema— persigue a la gente por tratar de escapar del infierno en vida que ha creado.

La mayoría de estos inmigrantes están huyendo de los infiernos de la violencia y la pobreza aplastante. Están entre los sobrevivientes de una travesía peligrosa de más de 3.2 mil km, a través de montañas, por desiertos, en el toldo de los trenes... quienes se arriesgan todo para huir de la violación, la persecución, el hambre y la amenaza de muerte que los acosaban en sus tierras natales.

Luego, una frontera militarizada acoge a todos ellos —entre ellos los niños— la que blande cercas de alambre de navaja, armamento de alta tecnología y escuadrones de golpeadores fuertemente armados de la Patrulla Fronteriza, así como fuerzas policiales y vigilantes justicieros locales. Y ahora se llevan a muchos de los niños que sobrevivieron y lograron entrar a Estados Unidos, los encierran en una habitación de hotel sin poder comunicarse con nadie afuera, y pronto los suben en un avión que se los lleva. ¿Qué les pasa, pues? Como informó el Texas Tribune⁹: “Envían a algunos de ellos a albergues gubernamentales superpoblados en países centroamericanos como Guatemala; otros están totalmente fuera del alcance de los proveedores de servicios jurídicos, que no han podido encontrarlos”.

¿Extensión indefinida... o un fin de este régimen fascista?

En mayo, el régimen fascista anunció una “extensión indefinida” de la orden de emergencia de Trump¹⁰. ¿Podemos tolerar esta “extensión indefinida” del abuso sádico contra los niños inmigrantes? No se puede permitir que se mantengan los despiadados ataques de este régimen a los niños y a otros solicitantes de asilo, y su anuncio de que tienen la intención de extenderla al futuro previsible.

1. Remarks by President Trump, Vice President Pence, and Members of the Coronavirus Task Force in Press Briefing, 20 de marzo de 2020.  [volver]

2. 8,800 migrant kids were kicked out of the US under coronavirus border restrictions, CNN, 11 de septiembre de 2020.  [volver]

3. Nearly 9,000 migrant children have been expelled under pandemic border policy, court documents say CBS News, 11 de septiembre de 2020.  [volver]

4. 8,800 unaccompanied children deported under Trump administration’s Covid rules, The Independent, 12 de septiembre de 2020.  [volver]

5. Remarks by President Trump, Vice President Pence, and Members of the Coronavirus Task Force in Press Briefing, 20 de marzo de 2020.  [volver]

6. How ICE Exported the Coronavirus, El Proyecto Marshall, 10 de julio de 2020.  [volver]

7. A Private Security Company Is Detaining Migrant Children at Hotels, New York Times, 16 de agosto de 2020.  [volver]

8. Ibid.  [volver]

9. ICE is making sure kids don’t have COVID-19, then expelling them to “prevent the spread” of COVID-19; Texas Tribune, 10 de agosto de 2020.  [volver]

10. Trump administration indefinitely extends US border restrictions, citing coronavirus, ABC News, 19 de mayo de 2020.  [volver]

En 2018, la constitución del estado de Florida fue enmendada para restaurar el derecho de votar de las personas condenadas por delitos graves¹¹. En respuesta, la legislatura estatal, controlada por los republicanos, y el gobernador pro-Trump, Ron DeSantis, adoptaron una nueva restricción — que requiere que las personas condenadas por delitos graves pagaran todas las multas y honorarios que debían pagar antes de que se les restituyera el derecho de votar, independientemente de su capacidad de pago. En mayo de 2020, un juez federal dictaminó que el requisito de que los ex presos pagaran las multas que debían —las que podían rebasar los medios económicos para muchos de ellos— para poder votar equivalía a un “pago para votar”, que es un impuesto electoral anti constitucional. Pero ahora, el viernes 11 de septiembre, la Corte de Apelaciones del XI Circuito de Atlanta revocó esa decisión de mayo.

Esta es una maniobra importante para privar del derecho de votar a cientos de miles de personas — especialmente en el caso de las personas que son no blancas, pobres y que muy probablemente voten en contra de Trump. Según un experto de la ACLU, más de 774.000 personas condenadas por delitos graves en Florida deben multas, honorarios y otras deudas financieras. Estos honorarios y multas varían mucho, pero van de cientos a miles de dólares — los que las personas que dejan las prisiones y no tienen trabajo podrían considerar imposibles de pagar. Y en Florida, los honorarios de la corte que no se pagan después de 90 días se remiten a los recaudadores privados de deudas, que pueden exigir un recargo de hasta el 40 por ciento. Y si las personas condenadas por delitos graves no pueden “pagar”, se les privará de su derecho de votar. El tribunal de apelaciones dijo que no se requiere que los estados ofrezcan un proceso para que las personas condenadas por delitos graves siquiera sepan si son elegibles para votar. Y Florida no tiene ninguna forma centralizada de hacerles saber cuánto deben en multas y honorarios.

Cinco de los seis jueces que votaron a favor del dictamen de la corte de apelaciones sobre el voto de ex presos de delitos graves en Florida fueron nombrados por Trump. Dos de ellos eran ex jueces de la Corte Suprema de Florida asignados a la corte de apelaciones por el gobernador DeSantis.

Un ex preso de delitos graves, ahora en libertad, consulta con la ACLU para poder llenar los documentos de empadronamiento para votar. (Foto: AP)

Esta maniobra en Florida está en consonancia con otros esfuerzos realizados en todo Estados Unidos por el régimen fascista de Trump y Pence para privar del derecho de votar a aquellos que probablemente no voten por Trump y para sentar las bases para declarar las elecciones “ilegítimas” si Trump no gana.

Esta misma semana, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que Texas podría seguir restringiendo el voto por correo en el caso de las personas menores de 65 años de edad. Y la Corte Suprema de Wisconsin dictaminó que hiciera una pausa respecto a las boletas de ausentes hasta que decidiera si el candidato presidencial del Partido Verde debería estar en la boleta.

Sólamente dos estados (Maine y Vermont) permiten que las personas condenadas por delitos graves voten incluso mientras cumplen sus condenas; otros 18 estados privan del derecho de votar a las personas condenadas por delitos graves mientras están en prisión, pero lo restauran una vez que salen¹².

11. Con la excepción de los individuos condenados de homicidio y ofensas sexuales.  [volver]

12. Where People Convicted of Felonies Can Vote in the U.S., ThoughtCo.com, 12 de septiembre de 2020.  [volver]

El 10 de septiembre, Jeanine Pirro del fascista “Noticiero” Fox le preguntó a Trump cuál sería su respuesta en la noche de los comicios si él ganara y aquellos que se le oponen “amenazaran con emprender disturbios”. La respuesta de Trump: “Los apagaremos muy rápidamente si hacen eso... Tenemos el derecho de hacerlo, tenemos el poder de hacerlo si ellos lo quisieran. Fíjese, se llama insurrección. Simplemente los despachamos y lo hacemos, muy fácil. Quiero decir, es muy fácil. Preferiría no hacerlo porque no hay razón para ello, pero si tuviéramos que hacerlo, lo haríamos y lo haríamos en minutos. Mineápolis, allá estaban teniendo problemas. Despachamos a la Guardia Nacional en media hora. Ese fue el fin del problema. Todo desapareció”.

Los elementos de la Guardia Nacional se forman en la calle mientras los manifestantes se congregan en protesta contra el asesinato de George Floyd, miércoles 3 de junio de 2020, cerca de la Casa Blanca, Washington, D.C. (Foto: AP)

Hablemos claro aquí: Trump amenaza con una violenta represión por parte de las fuerzas armadas del gobierno contra las protestas en contra de él. Esto va de la mano con la perspectiva muy real de violencia por parte de las fuerzas terrestres fascistas “no oficiales” — que actúan en nombre de Trump y las que él azuza, llevada a cabo por milicias armadas de tipo nazi, “Muchachos Orgullosos”, “Motociclistas por Trump”, teóricos de la conspiración QAnon y otros golpeadores fascistas, en caso de que él pierda las elecciones (si es que se celebran elecciones).

El 1º de junio, a órdenes del procurador general William Barr, las fuerzas federales desataron una brutalidad en contra de los manifestantes pacíficos en el Parque Lafayette, en frente de la Casa Blanca, para que Trump pudiera caminar a una iglesia cercana y posar para que se le tomaran una foto con una Biblia para sus seguidores fascistas cristianos. Y en Portland, los cerdos policías federales enviados por el régimen de Trump y Pence llevaron a cabo una despiadada racha de represión en contra de los manifestantes, con el secuestro de personas en las calles en furgonetas sin marcas. Estos son sólo pequeños avances de lo que el fascista en la Casa Blanca amenaza con hacer en todo Estados Unidos la noche de las elecciones.

Otro vistazo a lo que los fascistas quizá estén contemplando e incluso planeando salió de la boca del agente republicano de larga trayectoria y títere de Trump, Roger Stone. (En julio, Trump conmutó la condena de 40 meses de prisión de Stone, al que habían condenado por mentir al Congreso). En una llamada con Alex Jones —un teórico de conspiraciones trumpista— en su programa virtual Infowars, Stone dijo que Trump debiera considerar declarar “ley marcial” o invocar el Acta contra Insurrecciones si perdiera las elecciones de noviembre. Stone lanzó acusaciones no corroboradas de “fraude electoral” en Florida y Nevada, y dijo que en Nevada, donde se dice que los demócratas están ganando apoyo, los votos ni siquiera se deberían contar porque “ya están inundados de ilegales”. Y amenazó a los periodistas, en particular citó el sitio web Daily Beast: “Si el Daily Beast está involucrado en actividades sediciosas e ilegales comprobables, todo su personal puede ser detenido y su oficina puede ser cerrada. Quieren jugar a la guerra, esto es la guerra”.

En un tuit del 6 de septiembre, Trump amenazó a las escuelas que utilizan el “Proyecto 1619” del diario New York Times en su plan de estudios. La serie 1619, que el diario inició en 2019, arroja luz sobre hechos importantes acerca de Estados Unidos y sus raíces en la esclavitud. En el tuit, al citar otro tuit de otra persona que afirmaba que California había “implementado el proyecto de 1619 en las escuelas públicas”, Trump declaró: “El Departamento de Educación lo está investigando. Si es así, ¡no recibirán fondos!”

Esta no es la primera vez que los fascistas han lanzado amenazas contra el uso del Proyecto 1619 en las escuelas. Tom Cotton, senador republicano de Arkansas y entusiasta partidario de Trump, ha presentado una legislación que denominó “Acta para salvar la historia de Estados Unidos” la que “prohibiría el uso de fondos federales para enseñar el Proyecto 1619 en las escuelas o distritos escolares del kínder al año 12” y también los haría “inelegibles para las subvenciones federales de desarrollo profesional”.

Como informó la CNN, no está claro cuántas escuelas de hecho han adoptado el Proyecto 1619 en sus clases. Pero el mensaje del fascista en jefe Trump no se refiere tanto a ningún material de enseñanza en particular. La amenaza de Trump forma parte de toda la campaña del régimen, encabezada por la secretaria de Educación Betsy DeVos, para atacar a la educación pública y secular — con el objetivo final de sustituir a las escuelas públicas por escuelas que adoctrinen a los estudiantes en la creencia de que Estados Unidos ha sido, y debería ser siempre, un país cristiano fundamentalista blanco.

 “La Revista del New York Times: El Proyecto 1619, ‘Tenemos que contar la pura verdad’ — John Hope Franklin”