Reveladas: Nuevas maniobras del régimen de Trump y Pence hacia un “estado policial distópico”
| revcom.us
20 de octubre de 2020: El New York Times publicó hoy “El estado policial distópico que la administración Trump quiere”, un artículo de opinión de Phillip Atiba Goff1. Ese título puede sonar a alarmista, pero es muy acertado.
Goff llama la atención sobre las recomendaciones altamente represivas de la Comisión Presidencial sobre el Orden Público y la Administración de la Justicia. Trump ordenó que el procurador general Barr estableciera esto en octubre de 2019. Sus miembros se componen totalmente de gente de los organismos del orden público — no hay grupos de derechos civiles o de libertades civiles, no hay expertos o abogados externos. Y la Comisión no celebró ninguna audiencia pública (como la ley federal requiere).
Así pues, se trata de una comisión de cerdos policías, dirigida y facultada por el régimen de Trump y Pence, que se reúne en secreto para determinar cómo “administrar la justicia” (es decir, intensificar la opresión de las masas y reprimir el disentimiento político desde cualquier sector social) en tiempos de protestas masivas contra el racismo sistémico y la brutalidad policial, y a medida que el régimen maniobra para robarse las elecciones y consolidar totalmente el fascismo
Esto es lo que se les ocurrió:
Hacer que los policías sean aún más invulnerables al castigo por la brutalidad y el asesinato.
Los policías ya casi tienen toda la cancha libre para matar y asesinar a voluntad, especialmente a los negros y latinos. Desde 2005, los policías han matado unos 1.000 civiles cada año, unos 14.000 en total. Unos 110 policías fueron acusados en estos casos, y sólo 42 fueron condenados por algo, y sólo cinco fueron condenados por asesinato. Pero eso sigue siendo demasiado para la Puerca Comisión Policiaca:
- Recomienda que se permita que los policías acusados de actos indebidos vean las imágenes de las cámaras corporales antes de dar su testimonio de lo sucedido, para que puedan fabricar sus mentiras en torno a lo que fue capturado en video.
- La Comisión quiere que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) mantenga la “inmunidad calificada” para la policía, un precedente de la Corte Suprema que protege a los policías contra demandas civiles por sus acciones. Goff dice que hacer esto convertiría al DOJ en “un despacho de defensa personal para los agentes de policía acusados de violar [el estado de derecho]”.
Aumentar la vigilancia del gobierno contra la gente
Estados Unidos ya tiene un masivo operativo de vigilancia, que lee y guarda los correos electrónicos y mensajes de texto de la gente, recaba y guarda todo tipo de datos personales. La Comisión quiere añadir al menos dos elementos principales a esto.
- Quiere proveer fondos para que los 18.000 organismos policiales en Estados Unidos compren software de reconocimiento facial. Esto les permitirá identificar y comenzar a compilar archivos (o añadir información a los archivos) sobre, por ejemplo, cualquiera que participe en una protesta contra la brutalidad policial, o en cualquier otra actividad pública que no es del agrado de la policía. Y es probable que esta información se comparta con el gobierno federal y se capture en una única base de datos nacional, lo que podría facilitar las redadas coordinadas a nivel nacional y rachas de represión contra la “izquierda radical” u otras personas que el régimen considera “enemigos”.
- La Comisión quiere que la policía tenga acceso a teléfonos celulares encriptados, lo que significa que potencialmente todo, desde sus registros financieros hasta las fotos de sus amigos podrían terminar en esa misma base de datos nacional, la que podría usarse en contra de activistas u otros de diversas formas.
Obligar a los fiscales locales a encerrar a más gente por tonterías
En los últimos pocos años, los votantes en algunas ciudades han elegido fiscales que se comprometieron a reformar el sistema. Aunque esto es fundamentalmente imposible bajo este sistema, algunos han tratado de hacer cosas como detener el procesamiento de delitos menores como la posesión de marihuana, y reducir o eliminar la fianza en efectivo que mantiene a casi medio millón de personas en la cárcel, a veces durante años, a la espera de un juicio. La Comisión quiere establecer comités estatales para “supervisar” a estos fiscales, para eliminar cualquier tipo de trabas en su maquinaria de encarcelación en masa
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El 1º de octubre de 2020, un juez de un tribunal federal de distrito prohibió que la Comisión publicara su informe hasta que cumpliera con las leyes federales de reuniones abiertas y de transparencia. Pero nadie debe dar un suspiro de alivio — la experiencia ha demostrado una y otra vez que los fallos judiciales desfavorables pueden frenar un poco al régimen, pero no son capaces de detenerlo. Y eso es aún más cierto ahora que están llenando cada vez más a los tribunales federales con jueces fascistas.
Si el régimen de Trump y Pence lograra permanecer en el poder, el régimen ciertamente seguiría adelante con estas y otras medidas represivas. Y además de las medidas “oficiales” inscritas en la ley y la política, está el desencadenamiento “no oficial” de la represión y el terror. Hay el impulso de los brutales “instintos” de los cerdos policías que para empezar, casi no tienen restricciones — como Trump dijo en una conferencia de policías: “No sean tan amables” con las personas bajo su custodia. Es conocido el apoyo de Trump al asesinato de dos manifestantes en Kenosha (¡algo que Trump llamó “defensa propia”!) y su abierta celebración de la ejecución extrajudicial de un activista antifascista por parte de agentes del orden federales y locales en Portland.
Todo esto es muy ominoso para el movimiento contra el asesinato policial y el racismo institucional, y para cualquiera que luche o incluso aspire a una sociedad más justa, humana y ecológicamente viable. Y subraya lo muchísimo que está en juego en la lucha por expulsar al régimen fascista de Trump y Pence en las próximas semanas y meses.
1. Goff es profesor de estudios afroamericanos y psicología en la Universidad de Yale, y director general del Centro de Equidad en la Ejecución de la Ley [volver]