La dura realidad de los recortes al welfare
Obrero Revolucionario #1078, 13 de noviembre, 2000, en rwor.org
Laura Morales, de 34 años, estaba muy mal; sufría terribles jaquecas. Vivía en la ciudad de Nueva York y recibía welfare, y por eso tuvo que participar en el programa de trabajo (WEP). Trabajaba en la cocina de un albergue; el calor le agravaba el dolor, pero a mucha gente le quitaban el welfare y la expulsaban del programa por llegar tarde o faltar al trabajo sin excusa médica. Laura mantenía a sus tres hijos y le daba mucho miedo; simplemente no podía faltar al trabajo. Por muy mal que se sintiera, iba todos los días porque dependía del cheque mensual de $489... hasta un día de agosto, cuando una compañera la encontró muerta en el trabajo, sentada en una silla.
Todo mundo se indignó y hubo protestas. El alcalde, Rudolph Giuliani, dijo que el gobierno no tuvo la culpa de que Laura Morales no fuera al médico, pero su hermana, Luz Cruz, le dijo a Newsday: "Les vale; para ellos es una persona menos que recibe ayuda pública".
Imponen recortes federales a nivel local
Se supone que el welfare es un sistema de beneficencia pública que protege mínimamente a los desamparados, pero se ha convertido en una forma de exprimirles ganancias. La "reforma al welfare" obliga a los pobres a trabajar por salarios de miseria en situaciones pésimas y, si no pueden trabajar, quedan sin nada.
Un hecho poco conocido es que la mayoría de las personas que reciben ayuda pública son niños. Durante décadas, el programa federal de Ayuda a Familias con Niños mantenía a millones de madres solteras y sus hijos. La "reforma al welfare" cortó la ayuda a los niños, lo que obligó a las madres a aceptar cualquier trabajo, por mal pagado que sea. Ya antes de los recortes, el welfare a duras penas permitía sobrevivir; en 1994, el 5.5% de la población del país (unos 14 millones de personas) recibía Ayuda a Familias con Niños y el ingreso promedio de una familia de tres personas era $4392 al año, o sea, $366 al mes.
En 1996, promulgaron "La Ley de la Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo", que eliminó la garantía de ayuda para los niños pobres. Les quitaron el welfare a las madres tras dos años y establecieron un límite máximo de cinco años para toda la vida. Recortaron $56 billones al presupuesto del welfare y los destinaron a pagar las deudas a capitalistas financieros, y cambiaron el nombre del programa a "Ayuda Provisional a Familias Necesitadas".
De 1996 a 1999, la cantidad de personas que recibe welfare disminuyó en un 50% (de 12,2 millones a 6,6 millones). De costa a costa las han expulsado sistemáticamente del programa y las han hundido en mayor pobreza. El estado de Wisconsin ha marcado la pauta: a mediados de los años 80, 98.000 personas recibían ayuda; hoy apenas 7000 la reciben en ese estado.
Los recortes
Junto con los recortes, lanzaron una enorme campaña propagandística de "inculcar la mentalidad trabajadora en vez de la mentalidad de dependencia", pasando por alto el hecho de que la mayoría de las madres que reciben welfare han trabajado. Antes de los recortes de 1996, la gran mayoría encontraba empleo, pero no podía mantener a la familia con el salario mínimo. Les tocaba regresar al welfare debido a la dura realidad de las capas inferiores de la clase trabajadora, donde hoy se gana $2 por hora menos que hace 20 años y el salario no alcanza para mantener a la familia ni mucho menos para pagar guarderías. Obligar a esas madres a trabajar por salarios de miseria no las "ayuda a salir de la trampa del welfare"; al contrario, las hunde en la más extrema pobreza, y las arroja a la economía subterránea.
A estas alturas las consecuencias de los recortes de 1996 están bastante claras. El Instituto Urbano informó que del 33% al 50% de las madres a quienes les quitaron el welfare no tiene para darles de comer a sus hijos. El 40% no puede pagar la renta o la electricidad. El 39% no encuentra trabajo y el 25% vive en un hogar donde nadie tiene empleo. De las que encuentran trabajo, solo el 20% tiene seguro médico.
Según una encuesta del Centro de Prioridades Presupuestarias, de 1995 a 1997 el ingreso promedio del 20% de las familias más pobres de madres solteras bajó $580. El gobierno habla de "prosperidad sin precedentes", pero los ingresos del 10% de la población más pobre han disminuido en un 14% y el Fondo de Defensa de los Niños documentó un aumento de niños que viven en "extrema pobreza" (50% por debajo del "nivel de pobreza"). El gobierno le ha quitado los cupones de alimentos a esos niños, y le da un gran empuje a la construcción de cárceles, a las cuales los zampará cuando crezcan.
En Arizona, la cantidad de personas necesitadas se ha duplicado en los últimos diez años a 900.000 personas, según cifras oficiales. Las despensas que dan comida a los pobres no dan abasto. Antes acudían a los comedores de beneficencia hombres solteros; ahora van familias y ancianos.
En Los Angeles, unos investigadores de la Universidad de California y el albergue Shelter Partnership hicieron un estudio de adultos solteros que dejaron de recibir welfare. Antes de los recortes, el 15% no tenía casa; después, esa cifra se disparó al 38%.
A los gobiernos estatales les conviene quitarle el welfare a la gente, pues reciben del gobierno federal una cantidad fija (llamada "block grant"); si no la gastan en ayuda a los pobres, pueden disponer de ella como quieran. Hasta septiembre de 1999, 45 estados y el distrito capital de Washington, D.C., "ahorraron" $7 billones de fondos federales (según un estudio). En algunos estados como Wisconsin, los "ahorros" (acumulados a expensas de los pobres) permitieron reducir los impuestos de finca raíz; es decir, les quitaron dinero a los que no tienen nada y lo dieron a gente acomodada, siguiendo la pauta de la distribución de riqueza en todo el país, donde las clases privilegiadas están acumulando más y más. De 1997 a 1999, los bienes de cada una de las 400 familias más ricas del país aumentaron $940 millones.
"Del welfare al trabajo" en Wisconsin
En septiembre de 1997, "Wisconsin Trabaja" (W-2), un programa de "integración a la fuerza laboral", reemplazó al programa de Ayuda a Familias con Niños en el estado de Wisconsin. El nuevo programa ordena a los necesitados trabajar en un empleo público, como por ejemplo limpieza de escuelas o recepcionista de una dependencia del gobierno. Se les da un dinerito para cuidado infantil y transporte, pero aparte de eso solo reciben un salario de miseria.
Desde los años 60, la cantidad de personas que recibe ayuda en Wisconsin ha disminuido en un 90%, a 7000. Los que ya no reciben welfare trabajan por el mínimo, de $6.50 a $7.50 la hora. En la ciudad de Milwaukee, el 30% trabaja en agencias de trabajo eventual. Según el New York Times: "El ingreso promedio de los que encontraron trabajo en 1998 era $7700, es decir, $400 menos de lo que hubieran recibido del welfare, y apenas el 59% de los $13.100 que según el gobierno una familia necesita para salir de la pobreza".
Desde el inicio del programa W-2, el 16% de las personas a quienes les quitaron el welfare no han encontrado trabajo. La mitad de ellas recibe prestaciones por incapacidad o las mantiene el esposo, y la otra mitad oficialmente no tiene "ninguna fuente de ingresos".
¿Cuáles son las consecuencias para esas mujeres? Se hunden más profundamente en la pobreza. Sus familias se desintegran porque no tienen para darles de comer a los niños, no tienen casa, etc. Se ven en la necesidad de prostituirse o vender drogas.
Según el periodista Phil Wilayto, en el primer año de "Wisconsin Works" la tasa de mortalidad infantil aumentó en un 17,6% en Milwaukee; la cantidad de desalojos en el condado de Milwaukee aumentó de 700 a más de 2000; los albergues del condado se llenaron de mujeres; y la cantidad de niños en programas de padres adoptivos se disparó.
Mayretta McLaine, directora de un albergue de mujeres en la ciudad de Racine, le dijo al Milwaukee Journal Sentinel: "Se dice que W-2 ha sido todo un éxito, que la cantidad de gente que recibe welfare ha disminuido y que ni siquiera tienen información sobre unas 2000 familias [que salieron del programa]. Si quieren saber qué pasó con esa gente, deben preguntarme a mí porque muchos han pasado por aquí".
Crueldad en Nueva York
Georgina Bonilla es una señora de 59 años que tiene graves problemas de salud (hipertensión, convulsiones, dolores y le tiemblan los brazos) y no tiene para comprar sus medicinas. Por muchos años su hijo la mantenía, pero últimamente él no ha tenido trabajo.
En noviembre de 1998, pidió ayuda de emergencia en el Centro de Empleos Hamilton, donde le dijeron que antes de llenar la solicitud debía llenar un Perfil de Empleo. Luego la hicieron esperar mucho rato y cuando estaban por cerrar le dijeron que regresara al día siguiente. Cuando se presentó, le dijeron que volviera en seis días, y a los seis días la trabajadora social le dijo que no la podían ayudar y le dio los datos de una despensa de comida.
Lakisha Reynolds, de 25 años, perdió su empleo por un despido masivo y después se le agotó el subsidio de desempleo. Entonces, solicitó cupones de comida. Tuvo solo una chamba eventual ese mes y tiene un hijo de 3 años, pero le dijeron que ya no dan cupones de comida de emergencia (lo cual no es cierto) y que tenía que inscribirse por 30 días en un programa para buscar empleo. Le recomendaron que mientras fuera a una despensa y le pusieron una serie de citas en el Centro de Empleo. Cuando llegó a la despensa, ya no había comida. Unos días después fue muy temprano y sí le tocó comida, pero llegó tarde a una cita en el Centro de Empleo y le dijeron que tenía que volver a hacer todos los trámites.
Hace años la ciudad de Nueva York tenía un sistema de welfare liberal, pero ahora es la más cruel en los ataques a los más pobres. Han hecho que recibir welfare y cupones de comida sea muy difícil y humillante para que la gente deje de solicitarlos. Las consecuencias han sido dramáticas: en 1994, 1,1 millones de personas recibían welfare; hoy son 560.000. Es decir, medio millón de personas, la mayoría niños, han perdido la ayuda pública en una ciudad donde el 25% de la población y el 40% de los niños viven en la pobreza.
El programa WEP ha servido precisamente para eso. Obliga a trabajar a cambio del welfare, pero no da un empleo permanente. Los 40.000 trabajadores de WEP limpian juzgados, recogen basura, limpian baños, etc. Los trabajos son pésimos y los salarios son una miseria. Se busca que dejen el welfare y encuentren otra forma de ganarse la vida.
Por otra parte, el gobierno ha despedido a empleados de los Departamentos de Parques, Limpieza y del mismo Departamento de Welfare, y ha puesto en su lugar trabajadores de WEP, que ganan el salario mínimo. De hecho, WEP ha perjudicado gravemente a los empleados públicos y eso, a su vez, ha sido muy negativo para la clase trabajadora. Pero la explotación de la mano de obra de WEP ha sido muy lucrativa para el gobierno; según el New York Times, "un ex asesor de Giuliani valoraba el rendimiento de los trabajadores de WEP en $500 millones al año".
Por medio de WEP se ha expulsado a mucha gente del programa de welfare y se ejerce un control muy estricto sobre los que quedan. Antes de entrar a WEP (o de solicitar cualquier tipo de ayuda), uno tiene que someterse a un escrutinio de corte fascista. Unos 1500 investigadores entrevistan a los solicitantes, les hacen una "visita" en su casa, y les sacan fotos y huellas digitales electrónicas.
Los reglamentos de WEP son muy severos; expulsan por infracciones menores, hasta por perder una hora de trabajo. En 1997, expulsaron al 69% de los adultos solteros. Los trabajadores de WEP aguantan situaciones inhumanas por migajas, como el caso de Anderson Carter, de 49 años: en julio pasado le dio un infarto por trabajar cuando la temperatura rebasaba los 38ºC a pesar de que tenía problemas del corazón, diabetes e hipertensión; murió ocho días después.
En 1997, una investigación encontró que seis meses después de dejar de recibir welfare, la mitad de las personas no tenía trabajo permanente y la tercera parte estaba sin trabajo.
Aparte de WEP, el gobierno de Nueva York ha buscado otras formas de negar ayuda a los pobres. En 1997, contrataron a Jason Turner de Wisconsin como jefe de Recursos Humanos y, siguiendo el "modelo Wisconsin", las oficinas de welfare cambiaron de nombre a "Centros de Empleo".
En diciembre de 1998, se entabló una demanda colectiva porque en esos centros negaban ayuda una y otra vez a gente muy necesitada que no tenía qué comer, cuyos hijos estaban enfermos, etc. La situación llegó a tal punto que en enero de 1999, un tribunal federal reconoció que los empleados públicos disuadían a muchas personas de solicitar cupones de comida, Medicaid (seguro médico) y ayuda de emergencia. De plano les mentían, haciéndoles creer que no cumplían los requisitos. Y, al parecer, jamás acataron las recomendaciones del tribunal, pues en julio de este año el juez dijo que seguían negándole ayuda de emergencia a muchas personas en violación de la ley.
¿Y cuando haya una baja económica?
El impacto de los recortes al welfare hubiera sido mucho más cruel si los expulsados no hubieran encontrado algún trabajo (aunque fuera eventual o mal pagado). Es decir, el gobierno desmanteló el sistema de welfare en un momento de aumento de empleos de salario mínimo y de relativa escasez de mano de obra en algunas regiones. Pero los recortes se sentirán mucho más cuando haya una baja económica, es decir, cuando haya menos empleos y el desempleo aumente. En esa situación, despedirán a millones de trabajadoras pobres; no podrán encontrar trabajo y por primera vez en muchas décadas ellas y sus hijos no contarán con ayuda de emergencia.
Los recortes al welfare han hundido a millones de personas en la miseria y han enriquecido a los capitalistas, pues la cantidad de trabajadores mal pagados ha crecido y eso sirve para reducir los salarios de la clase obrera. Además, han provocado incertidumbre, miedo y penuria a madres pobres y sus hijos. Eso no se menciona en los reportajes sobre los recortes ni mucho menos en la campaña presidencial de este año, en que los candidatos de los dos partidos se felicitan por los ataques a los pobres. Y lo peor está por venir: cuando haya una baja económica, cuando millones de personas necesitadas queden totalmente desamparadas, cuando más y más madres pobres hayan rebasado el "límite de cinco años", este sistema desalmado y criminal aplastará a los sectores más oprimidos de la clase obrera, y producirá mayor sufrimiento y coraje.
Fuentes:
"An Overview of Research Related to Wisconsin Works (W2)", The Urban Institute, marzo 2000
Welfare Reform and its Impact in the Nation and in New York, Timothy J. Casey, Federation of Protestant Welfare Agencies
"The Folly of Looking to Wisconsin as a Model for Welfare Reform", Phil Wilayto, Star Tribune, Minneapolis, 4 de junio, 2000
"What Welfare to Work Really Means", Jason DeParle, New York Times Magazine, 20 de diciembre de 1998
Class Action Complaint, Lakisha Reynolds et. al. Against Rudolph Giuliani et al--United States District Court Southern District of New York, demanda entablada el 16 de diciembre de 1998
"Billions in Aid for Poor Sit Idle Study Says", Los Angeles Times, 25 de febrero de 2000
"Welfare Time Limit Boosts Hunger and Homelessness", LA Times, 28 de abril de 1999
"Bold Effort Leaves Much Unchanged for the Poor", New York Times, 30 de diciembre de 1999
"The Not-so Unintended Consequences of Welfare Reform", Z Magazine, septiembre de 2000
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