Las fuerzas armadas estadounidenses están al acecho en las calles de Los Ángeles. Agentes federales enmascarados secuestran a inmigrantes, documentados o no, e incluso a ciudadanos estadounidenses, a plena luz del día. La Corte Suprema acaba de respaldar a Trump en su destripamiento del estado de derecho, y contribuyó a sentar las bases para hacer añicos la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, la que garantiza la ciudadanía por nacimiento. (Vea: “La Corte Suprema fascista pone los derechos básicos en la mira y asesta un mazazo al estado de derecho”) Y ahora, los republi-fascistas y el FBI están “investigando” y amenazando a las organizaciones políticas y de derechos civiles que están organizando esfuerzos contra esto.

Este es un aspecto esencial y muy peligroso de la veloz aceleración de saltos hacia el fascismo: es urgente solidarizarse y defender a todos los que están bajo ataque, y hacerlo como parte de unir a todos los que se pueda unir para derrotar al fascismo de Trump y MAGA, antes de que sea muy tarde.

El 11 de junio, el senador republicano Josh Hawley amenazó a CHIRLA (Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles), Unión del Barrio y el Partido por el Socialismo y la Liberación con una investigación federal, acusándolos de “complicidad e instigación de conductas criminales” durante las protestas masivas en Los Ángeles en contra de las redadas terroristas del ICE contra inmigrantes y en contra del despliegue de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina por parte de Trump. Hawley envió cartas a estos grupos con órdenes de que conservaran casi todas las comunicaciones internas y otros registros, como las listas de donantes. Haga clic aquí para leer una declaración de los revcom (comunistas revolucionarios) en Los Ángeles contra este indignante ataque fascista.

CHIRLA es también una de las muchas organizaciones que están en la mira de los fascistas de MAGA en la Cámara de Representantes, con otra indignante amenaza de posibles investigaciones y cargos federales por brindar ayuda a inmigrantes. El mismo día que Hawley hizo su anuncio, Mark Green, presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, junto con otro miembro del comité, anunció una “investigación” contra más de 200 organizaciones por su “participación en la prestación de servicios o apoyo a extranjeros inadmisibles” durante la administración Biden-Harris. Enviaron cartas a estos grupos con la demanda de que respondieran a una “encuesta que incluye preguntas sobre las subvenciones, contratos y desembolsos gubernamentales que han recibido; cualquier demanda contra el gobierno federal de Estados Unidos que estén presentando; escritos amicus curiae que hayan presentado en cualquier demanda interpuesta contra el gobierno federal de Estados Unidos; cualquier servicio legal, servicio de traducción, transporte, alojamiento, refugio o cualquier otra forma de asistencia brindada a inmigrantes ilegales o menores de otros países no acompañados desde enero de 2021...”.

Los congresistas republi-fascistas no enumeraron todos los grupos que tienen en la mira, pero sí nombraron algunos además de CHIRLA, como Catholic Charities USA, el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, Haitian Bridge Alliance, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y Make the Road New York. Según miembros demócratas del mismo comité, algunos de los grupos mencionados ni siquiera habían recibido fondos federales, y la información solicitada está disponible para el público o las agencias gubernamentales, lo que deja claro que la intención de la “investigación” es “intimidar a los grupos a los cuales odian”.

También el 11 de junio, la asambleísta estatal republicana de California, Kate Sánchez, solicitó a la legislatura estatal que realizara una auditoría de los fondos estatales que han ido a CHIRLA. Y en otra acción amenazante contra CHIRLA, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, y otros miembros republicanos del comité anunciaron el 24 de junio que habían enviado una carta a Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, “exigiendo todos los documentos, comunicaciones y recibos relacionados con las subvenciones a la organización financiadas por los contribuyentes” que recibieron durante los años de Biden-Harris “para apoyar sus políticas radicales de fronteras abiertas y de mano blanda contra el crimen”.

Al mismo tiempo, miembros del Centro CSO, grupo defensor de los derechos de los inmigrantes y chicanos, han sido blanco político del FBI. El 12 de junio, agentes del FBI allanaron la casa de la familia de Alejandro Orellana en el barrio Boyle Heights de Los Ángeles y lo arrestaron. Fue puesto en libertad al día siguiente, pero enfrenta cargos federales de “conspiración para cometer desórdenes civiles” e “incitación a desórdenes civiles”, lo que incluye la presunta distribución de protectores faciales y botellas de agua a los manifestantes, en un momento en que la policía disparaba balas de goma y gases lacrimógenos contra las personas que protestaban en las calles contra las brutales redadas del ICE de Trump. El 26 de junio, otra miembro del Centro CSO, Verita Topete, fue rodeada por agentes del FBI mientras caminaba a solas. Ejecutaron una orden judicial que les permitía confiscar su teléfono y la detuvieron temporalmente antes de ponerla en libertad.

Como dijeron los revcom de Los Ángeles en el comunicado tras los ataques fascistas de Josh Hawley contra CHIRLA y otros:

La amenaza de Hawley de arrastrar a las organizaciones que defienden los derechos de las personas bajo ataque ante una inquisición y de emprender expediciones persecutorias no solo busca trabar, paralizar y desbaratar a estos grupos, sino imposibilitar que funcionen y entramparlos en un proceso judicial. Esto constituye una violación flagrante de lo que se supone son los derechos constitucionalmente garantizados: libertad de expresión, libertad de asociación y derecho a no autoincriminarse. Su propósito no es solo un circo político fascista, sino reprimir activamente a estas organizaciones y amenazar e intimidar a toda oposición a lo que es, cada vez más claramente, un régimen fascista. TODAS LAS ORGANIZACIONES E INDIVIDUOS QUE VALOREN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE EXPRESIÓN Y ORGANIZACIÓN DEBEN OPONERSE CON URGENCIA A ESTE ATAQUE.